El Presidente Uribe y su Ministra de Educación Cecilia María Vélez W. vienen aplicando en el magisterio la pedagogía de que “la letra con sangre entra”. El domingo 16 de enero los maestros padecimos en carne propia la política de la “Seguridad Democrática” de Uribe y entendimos que ésta no es precisamente la que salvaguarda la vida de los ciudadanos y garantiza la seguridad en las carreteras. Miles de educadores en todo el país fueron agredidos brutalmente por la policía con bolillo, gases, incluso utilizando perros amaestrados que se encarnizaron contra los maestros. Producto de esta violenta agresión, cientos de ellos quedaron heridos, y más de 120 detenidos y el 80% de ellos judicializados con testimonios amañados.
En las fechas asignadas por la Ministra, los maestros provisionales de todo el país salieron a las calles decididos a impedir que se consumara uno de los peores atropellos que gobierno alguno haya realizado contra la estabilidad laboral, el derecho al trabajo y la profesión docente: la imposición de un nuevo estatuto docente, el Decreto 1278, el despido de los 60 mil provisionales, a través de un concurso amañado a todas luces, plagado de irregularidades desde su convocatoria, cuya inscripción se realizó sin estar conformada la Comisión, hasta el día de su realización. La peor de las irregularidades sucedió en algunas ciudades en las que la fuerza pública, con su presencia en los lugares de examen, intimidó a quienes estaban presentando la prueba.
El balance que tenemos que hacer hoy es que los maestros provisionales, con un nivel desigual de organización y una centralización inexistente, puesto que la dirigencia de la Fecode no se dio a la tarea de hacerlo, desarrollaron a lo largo del año anterior una importante lucha de resistencia en todo el país. Esta se expresó en masivas movilizaciones en las capitales de departamento y de Bogotá, tomas de las secretarías de educación, de iglesias y sedes sindicales del magisterio. El día de la prueba los maestros, acatando la orientación de Fecode de realizar el boicot al examen, desde muy tempranas horas llegaron a los lugares asignados coreando consignas contra el concurso y el decreto 1278. Las maestras jóvenes, muchas de ellas cabeza de hogar, concientes de que este concurso significaba el despido de 60 mil educadores provisionales y de la necesidad de luchar por su derecho al trabajo se armaron de coraje y se colocaron a la cabeza de la protesta. Fueron ellas quienes en gran medida recibieron las golpizas propinadas por la policía.
La pregunta que tenemos que hacernos hoy es ¿por qué, a pesar de la valerosa resistencia del magisterio provisional, el gobierno de Uribe logró imponer el concurso? La respuesta la tenemos que buscar en la política desarrollada por la dirección de la Fecode y avalada e impulsada por sus sindicatos regionales. El paro indefinido, entre cuyos objetivos se proponía defender el régimen especial, fue aplazado en varias ocasiones y finalmente levantando por la dirección. Esto se constituyó en el golpe mortal para la lucha contra el concurso y permitió que la Ministra lograra finalmente aplicarlo. Así las cosas, el magisterio provisional, inexperto, desorganizado y disperso, no contó con una política consecuente ni con la unidad necesaria con el magisterio en propiedad. El Comité Ejecutivo, con su política de concertación, expresada en las consignas de aplazamiento del concurso y boicot con inscripción, confundió y engañó al magisterio; en todas las intervenciones públicas los dirigentes nunca se opusieron al concurso, por el contrario, proponían a la Ministra negociar mejores condiciones para su realización. Esta postura se pudo corroborar cuando en algunos sitios como en Antioquia y en Bogotá la Unidad Democrática -sector político que se encuentra representado en la dirección de la ADE y tiene asesor en la Secretaría de Educación- ofrecieron cursos de preparación para el examen. La Junta de la ADE se opuso a que se realizaran protestas en la Secretaría de Educación y se negó a afiliar a los provisionales al sindicato, con argumentos y excusas de poco peso;. A pesar de que insistentemente propusimos la realización de asambleas de base la dirección no las convocó y cuando lo hizo el magisterio ya estaba por salir a vacaciones. La Ministra, saliéndole al paso a Fecode, citó la prueba en vacaciones. Después del fallo de la Corte maquilló el concurso expidiendo un nuevo decreto y nuevamente escogió las vacaciones para su realización. En suma, la inconsecuencia de la dirección sindical y su política de concertación facilitó que se impusiera el concurso. La decisión de lucha y la resistencia opuesta por un sector importante de los provisionales no logró contener la aplicación del concurso para la conformación de la lista de elegibles en términos del 1278.
Desde los comienzos de la lucha contra la imposición del concurso y
del 1278 los maestros provisionales se dieron cuenta de que la administración
de Lucho Garzón, quien acudió a los maestros y en particular a
los provisionales para llegar a la alcaldía, no cumplió con sus
promesas y sus expectativas comenzaron a desvanecerse. Después de nombrarlos
con promesas de estabilidad laboral, el Secretario de Educación, Abel
Rodríguez comenzó a aplicar el Decreto 1278, despidiendo a quienes
había nombrado a comienzos del 2004, con el argumento de que no cumplían
los requisitos. Contrariamente al lema tan publicitado de “Bogotá
sin indiferencia”, Lucho y Abel se negaron a recibir en sus despachos
al Comité de Docentes Provisionales. En declaraciones públicas
el Secretario de Educación demostró su aprobación a dicho
concurso y a pesar de que lo aplazó se puso de acuerdo con la Ministra
y citó al examen los días impuestos por ella. Ante la represión
de la fuerza pública y la judicialización injusta impuesta a un
maestro y a un estudiante en Bogotá el 16 de enero, el Alcalde Garzón
no hizo nada. La bancada del Polo Democrático en el Consejo y los congresistas
del PDI y de la Alianza Democrática no se han pronunciado contra estos
atropellos. En este sentido, la política de la administración
distrital en nada se diferencia de la impulsada por la Ministra, por el contrario,
contribuye en su aplicación. En medio de ello la dirección de
la ADE, al apoyar la gestión de Abel Rodríguez, termina por no
diferenciarse de la política de la administración.
La Junta Directiva de la ADE hasta el momento no ha denunciado los despidos
de más de 300 maestros provisionales, y ante los abusos de la Secretaría
de Educación -que traslada indiscriminadamente a los maestros de sus
lugares de trabajo- hasta el momento no ha tomado medidas para defender a los
provisionales. Hemos hecho un llamado a la Junta Directiva para que por fin
se dé cumplimiento a los Estatutos y afilie a los compañeros provisionales
a la ADE. Ellos demostraron ser el sector más luchador y son la sangre
nueva para enfrentar al gobierno y sus planes con una organización fortalecida
y unificada.
La política del gobierno busca de conjunto arrebatar lo poco que nos queda. El proyecto que cursa en el congreso para eliminar los regímenes especiales, la imposición de un nuevo modelo de salud a semejanza de la ley 100, la congelación del escalafón, el hacinamiento de estudiantes en las aulas y la aplicación del Decreto 1278, golpea a todos los maestros Esto requiere de un plan de lucha concreto e inmediato. La Fecode ha llamado a paro indefinido para el segundo semestre. Desafortunadamente no saca las lecciones correctas de la lucha contra el concurso y vuelve a jugar con la política de la concertación. Para enfrentar de manera decidida y unificada el paquetazo de Uribe, debemos organizar la lucha desde ya con asambleas de base y paros escalonados que reagrupen las fuerzas para el paro indefinido, que debe hacerse este semestre. El magisterio debe hacer un paro con el fin de que se archiven los procesos judiciales que cursan contra los compañeros. Para lograr la anulación del concurso no sólo es necesario que se interpongan las demandas y denuncias internacionales, se requiere de la movilización permanente hasta conseguir que los organismos competentes se pronuncien con su anulación. Hay que exigir que en Bogotá y en todo el país se nombre en propiedad e incorpore a la planta a los maestros provisionales, y reintegrar a los despedidos. Con la movilización y el paro indefinido, unificadamente el magisterio y demás sectores en conflicto podríamos enfrentar en mejores condiciones la arremetida uribista. Para lograr esto, proponemos discutir democráticamente en todo el magisterio el siguiente pliego de peticiones:
- Liberación de los detenidos
- Desjudicialización de los maestros procesados
- Nombramiento en propiedad de los provisionales
- Respeto al contrato de los provisionales y reintegro de los despedidos
- Por la defensa del régimen pensional
- Contra la aplicación del modelo de la ley 100 en salud
- Por el descongelamiento del escalafón
- Contra el hacinamiento de estudiantes en las aulas construcción de
aulas
Unidad Docente - PST
Rosa Cecilia Lemus, Álvaro Saumeth,
Freddy Ruiz, Olga Lucía Peñaloz