Durante los días 17 y 18 de febrero de 2005, sesionó la junta nacional de Fecode, en que se aprobó desarrollar un plan estratégico de seis puntos y veintiséis acciones.
El plan estratégico se puede resumir en los siguientes puntos: luchas contra el modelo neoliberal; trabajar por la paz y derechos humanos; fortalecer a Fecode y transformación del movimiento sindical, (formación del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Colombia SUTEC); defensa de la educación pública, defender el régimen laboral y prestacional del magisterio y fortalecimiento financiero de Fecode.
Las veintiséis acciones abarcan el primer y segundo semestre del 2005, recogiendo el plan de acción de la Gran Coalición Democrática (GCT).
Llama la atención que ante la arremetida del gobierno contra los derechos de los educadores y la educación pública, la junta nacional vote sólo una jornada nacional de protesta específica contra el modelo de salud, para el próximo 7 de abril, y amenazan con realizar un paro nacional del magisterio —condicionado a que el Parlamento respete el acuerdo concertado con el gobierno y Fecode de no modificar el parágrafo del acto legislativo de la reforma pensional— y anuncian asambleas y movilizaciones departamentales de educadores provisionales para el mes de marzo. En cambio votan realizar dos plebiscitos, uno contra el nuevo modelo de salud y el otro contra el TLC impulsado por la GCD. Es decir, en vez de la movilización unificada nacional del magisterio con el resto de los trabajadores estatales y del sector privado nos van a poner a recoger firmas como si este gobierno autoritario y arrodillado a las multinacionales y al imperialismo atendiera “solicitudes respetuosas”. Ya el movimiento sindical tiene experiencia de los millones de firmas para respaldar el proyecto de estatuto de trabajo que fueron a parar en las canecas de la basura del Congreso de la República; esto no pasa de ser una política desmovilizadora y le crea ilusiones a las masas en las instituciones del régimen y en el gobierno.
El resto del plan son acciones de denuncia y organizativas: La convocatoria al congreso extraordinario de Fecode para convertirla en el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Colombia (SUTEC), en el mes de octubre del 2005 y el III Congreso Pedagógico Nacional para tratar la ley estatutaria de educación, nuevo estatuto docente y pedagogía en el 2006.
En el plan no hay una sola mención del concurso para docentes provisionales impuesto a sangre y fuego por el gobierno el pasado 16 de enero, ni siquiera las demandas y las acciones que anunciaron para su anulación. Salta la pregunta: ¿Están de acuerdo con el fraudulento concurso del gobierno? ¿Están de acuerdo con el despido de miles de educadores provisionales a nivel nacional que no verán renovado su contrato, ni serán nombrados en propiedad, aunque llenen los requisitos, como ocurre en Bogotá?. No hay una sola línea de balance sobre la política del boicot implementada por la dirección que al final fracasó, por la falta de preparación, conllevando a que la tarea fuera débil y quedara solo en manos de los provisionales y un reducido grupo de activistas de los maestros en propiedad.
En síntesis, el plan estratégico aprobado en la junta nacional no es para enfrentar al gobierno de Uribe-FMI y su contrarreforma educativa y laboral, sino para concertar los derechos de los educadores en la mesa de negociación que mantienen con la Ministra de Educación y que se concretan en las leyes que aprueban en el Parlamento y que son defendidas y aprobadas por las bancadas del Polo Democrático y Alternativa Democrática en cabeza de los senadores Jaime Dussan y Luis Carlos Avellaneda. Por ejemplo: en la ley del plan que establece que el régimen especial prestacional cobija a los educadores nombrados hasta el 2003, han concertado con la Ministra y el Congreso un parágrafo en la reforma pensional, un periodo de transición hasta el 2010 (ver artículo pensional). Aquí está la explicación de por qué es un plan de acción para concertar, concertar y entregar.
Mientras tanto las bases magisteriales resisten la aplicación de la contrarreforma educativa y laboral de Uribe-FMI. Sigue la reestructuración educativa, fusión de instituciones, hacinamiento de estudiantes en los planteles, recorte de la planta de personal, cierre de preescolares y nocturnos, aumento de la carga académica por encima de la ley (más de 22 horas), privatización por la vía de cobros de derechos académicos, impulso a los colegios en concesión, cooperativos y comunitarios; nos pasan a Ley 100 en salud, los ascensos están congelados hace más de tres años, las cesantías se pagan a cuentagotas y el salario se reduce por los pírricos aumentos que se decretan en las últimas semanas de cada año, cuando ya no sirve para nada, por cuanto ya la inflación lo ha superado. Y qué decir de los maestros provisionales quienes resisten la embestida del gobierno con su nuevo estatuto docente (1278), el clientelismo y la politiquería de los gobernadores y alcaldes en todo el país. Todo esto agravado por el resto del plan Uribe-FMI.
Ante esta situación el plan estratégico y de acción de la Fecode no da respuesta. Por eso, se necesita que en todos los sindicatos, las bases se reúnan y exijan a su dirección un verdadero plan de lucha que impulse la movilización nacional y unificada con los otros sectores para frenar al gobierno.
***
En el Congreso de la República entra a debate en segunda legislatura el proyecto de acto legislativo que reforma el artículo 48 de la Constitución Política. Es decir entra a los 4 debates requeridos en Cámara y Senado para convertirse en norma constitucional.
¿Cuál es su contenido?: Todas las pensiones se regirán sólo por la ley de seguridad social (ley 100). Se prohíben los regímenes especiales, y exceptuados, solo quedan los de las fuerzas militares y el presidente de la República. A partir de la vigencia del acto legislativo se pierde la mesada 14. El mínimo vital para pensión será equivalente al salario mínimo legal vigente. Dos parágrafos: se prohíbe pactar nuevas condiciones en materia pensional en convenciones colectivas u otra clase de acuerdos. A partir del 31 de diciembre de 2010 no podrán causarse pensiones superiores a 25 salarios mínimos legales para el sector público. Se introducen cuatro parágrafos transitorios, así: los regímenes especiales y pactos colectivos y vigentes se mantendrán hasta el 31 de diciembre de 2010. Los regímenes especiales y exceptuados en la ley 100 expirarán el 31de diciembre de 2010. El régimen de transición de la ley 100 se mantendrá hasta el 31 de diciembre de 2013.
La dirección de la Fecode ha concertado con el gobierno el parágrafo transitorio tercero que en esencia contiene: el régimen especial del magisterio llegó hasta 2003, con un periodo de transición hasta el 2010 y los que entren tendrán un nuevo régimen prestacional de acuerdo a las leyes del sistema general de pensiones (leyes 100, 797 y 812).
Nuevamente la dirección de Fecode se sale con la suya, deja pasar la contrarreforma pensional perjudicando a todos los trabajadores del país, tanto del sector privado como público, a cambio de un período de transición de 5 años para el magisterio nombrado hasta el 31 de diciembre de 2003.
Esta nueva entrega además de las pérdidas de derecho definitivamente, va a producir el despido masivo más grande que se haya dado en sector alguno en el país. Ni en Puertos, Ferrocarriles, Caja Agraria o recientemente Telecom, el despido ha llegado a las cifras de 50 a 60 mil educadores pensionados en ejercicio que quedarán cesantes el primero de enero de 2011, cuando entren en vigencia los parágrafos transitorios primero y segundo del artículo 48 de la Constitución.
Llamamos a las centrales obreras, al Comando Nacional Unitario, a todos los sindicatos del país y los dirigentes de los partidos y movimientos de izquierda que hacen presencia en la Gran Coalición Democrática, que abramos un debate amplio y democrático a la dirección de Fecode sobre las implicaciones de su concertación con el gobierno y el perjuicio para el resto de trabajadores. Este debe ser un punto del congreso extraordinario de Fecode, esta situación se dio también cuando se aprobó la ley 100 del 93 y se exceptuaron de ella los educadores y los petroleros, negociación realizada por la USO y Fecode. Hoy tenemos los resultados nefastos de esta política entreguista y traidora de la dirección sindical.