El magisterio colombiano está hoy viviendo una muy profunda crisis en materia de servicios de salud, producto de la política de privatización desarrollada por los gobiernos nacionales, y de manera más profunda por el gobierno Uribe. En particular en Bogotá se están evidenciando las consecuencias de esta política, en el mal servicio prestado a los docentes y sus familias y ahora con la quiebra de una de las entidades prestadoras de salud, Mejorsalud UT, dejando desprotegidos a 60.000 beneficiarios.
La dirección sindical con la privatización
Desde la expedición de la ley 91 de 1989 se privatizó la salud de los maestros al servicio del estado, cuatro años después sucedió igual con los demás trabajadores del país, con la expedición de la Ley 100 en 1993. En ambas ocasiones, la dirección de Fecode le presentó al magisterio como “grandes conquistas” el hecho de la creación del Fondo de Prestaciones del Magisterio a través de la ley 91, y la excepcionalidad de aplicación de la ley 100. En el XVI Congreso de Fecode, se aprobó el aumento de cotización para salud y pensión por parte de los docentes, con el fin de, según los directivos proponentes, salvar al Fondo de Pensiones del Magisterio y exigir una mejor prestación de servicios de salud para los maestros y sus familias. Esto por supuesto no se ha logrado y antes bien la deuda del estado con el Fondo se ha aumentado.
Uribe sigue avanzando
Por su parte los distintos gobiernos, obedientes a los dictámenes del FMI, han venido profundizando la privatización de la salud, cerrando hospitales, proponiendo reformas a la ley 100 en materia de salud y prestaciones sociales, reduciendo aún más la ya menguada responsabilidad del estado en el tema. El gobierno de Álvaro Uribe ha avanzado en los propósitos neoliberales y logró, en concertación con la dirección de Fecode y los parlamentarios del PDI y AD (hoy Polo Democrático Alternativo), la aprobación en el Plan de Desarrollo (Ley 812) de 2003, en el cual los docentes vinculados a partir de esa fecha entran en el régimen de Ley 100 en pensiones. Esto fue ratificado en el Plan de Desarrollo de 2007. También impuso el acuerdo 04 de 2004 que modificó los términos de contratación de los servicios médicos. Todas estas medidas contrarias al cubrimiento de las necesidades del magisterio. Además le asestó la estocada final al Instituto de Seguros Sociales, cerrando sus clínicas con acciones de la fuerza pública.
La Fecode y la ADE se lavaron las manos
Infortunadamente la dirección sindical abandonó la lucha por una prestación del servicio de salud a cargo del estado. Su política ha sido la de defender y proponer mejores términos de referencia, en el marco del servicio privatizado. Su acción se ha limitado a las quejas en el marco jurídico y la conformación de veedurías cuya eficacia es inocua. Ante la pasada convocatoria para los servicios de salud y aplicando las condiciones del acuerdo 04, en Bogotá se abrió una pugna entre miembros del ejecutivo de Fecode y directivos de la ADE, por recomendar a una u otra empresa privada para la prestación del vital y fundamental servicio. Esta pugna dejó entrever intereses económicos atravesados en la contratación ya que mientras un sector impulsó la creación de la IPS Preservar Salud con los dineros de las cooperativas de maestros, poniéndolos en riesgo, y la afiliación a Mejorsalud UT, otro sector orientó y recomendó la afiliación a Fersalud UT, donde el principal accionista es Médicos Asociados, cuestionados en el año 1993 por muertes de docentes por negligencia, al igual que señalados de participar económicamente en la campaña del senador Jaime Dussán parlamentario del PDA.
En otras regionales como en Santander y Nariño, desde los años 90, la dirigencia sindical ha venido impulsando la “autogestión” para la prestación de los servicios de salud, con resultados negativos en materia de calidad del servicio. En los congresos de Villavicencio (1997) y Santa Marta (2001), se impulsó la creación de una caja de compensación y una entidad propia del magisterio para la prestación de los servicios médico-asistenciales, en vez de obligar al gobierno a cumplir con su obligación de prestar estos servicios a cargo del Estado.
Adicional a todo, ni los miembros del CE de Fecode ni de la junta Directiva de la ADE ni de los sindicatos regionales le han dicho toda la verdad al magisterio, ni han hecho autocrítica alguna, ni reconocido su responsabilidad en la situación de crisis de la salud de los maestros. Se han dedicado juiciosamente a encubrir su política equivocada y a señalar que el problema es el Acuerdo 04, cuando ya desde 1989 tenemos privatizado el servicio de salud y abiertos los negocios a costa de la vida de los afiliados.
Por un sistema único de salud a cargo del estado
Es imperioso que los maestros exijamos discutir democráticamente en asambleas de base esta gravísima problemática y allí exigir informes certeros, responsabilidades políticas y personales tanto de los dirigentes sindicales como de los gerentes y juntas de vigilancia de las cooperativas de maestros. Es de anotar que la quiebra de Mejorsalud ha afectado notablemente el patrimonio de los maestros en las cooperativas. En el mismo sentido se debe discutir y echar a andar un plan de lucha y de confrontación directa en las calles para exigirle al gobierno nacional que asuma la responsabilidad de la salud de los maestros estatales y sus beneficiarios y que cumpla con los deberes patronales. Al PDA, dirección hegemónica de Fecode, exigirle que coloque las campañas de sus candidatos a cargos de gobierno regional y local, al servicio de la lucha contra el gobierno nacional y su política de privatización.
Al cierre de esta edición recibimos el informe de que la mitad de los beneficiarios afectados por la quiebra de Mejorsalud serán afiliados a Fersalud y la otra mitad a UT Médica del Norte. De cualquier forma la salida no es defender una u otra empresa privada, ni hacer “cogestión” ni involucrar las cooperativas, ni convertir a los sindicatos en cooperativas, sino luchar por un sistema único nacional de salud a cargo del estado.
Federico García