Durante el pasado paro educativo, las universidades públicas, y en particular los estudiantes, fueron la vanguardia de la movilización. Por primera vez en muchos años, los grandes medios de comunicación tuvieron que dar cuenta del renacimiento del movimiento estudiantil y lo destacaron como un nuevo fenómeno generacional, cultural y político. El rutinario “tropel” de encapuchados, fue superado por tomas masivas de las calles en las que se exigía financiamiento adecuado para la educación pública y se rechazaba la imposición de una onerosa carga pensional a través del Plan Nacional de Desarrollo (PND). Levantado el paro del magisterio, los universitarios quedaron aislados, varias universidades fueron allanadas, cerradas o declaradas en vacaciones anticipadas. El PND fue aprobado y el movimiento se ha desvertebrado. Al retornar a clases muchos se preguntan: ¿qué pasó?. Hoy es indispensable un balance objetivo, elaborado colectivamente, para superar las falencias y retomar el camino de la movilización.
Un gobierno autoritario
Lo primero que es necesario señalar es que la protesta universitaria chocó de frente con un gobierno profundamente represivo y un régimen político que no ha dudado en emplear las amenazas, la desaparición forzada o el asesinato de estudiantes, trabajadores y profesores, para imponer sus planes a lo largo de los últimos años. La primavera democrática de mayo floreció gracias a la masividad de la protesta y a las profundas contradicciones que ha introducido en las filas de la burguesía el escándalo de la parapolítica. Las dificultades de coordinación entre los estamentos de estudiantes, profesores, tabajadores y pensionados se iban superando por la dinámica del movimiento. Uribe tuvo que soportar con estoicismo que los estudiantes agitaran la consigna ¡A las calles a tumbar, el gobierno paramilitar!, sin poder acusarlos de terroristas. Y cuando el movimiento universitario coincidió en las calles con los estudiantes secundarios, tuvo que armarse de paciencia y esperar el momento oportuno para golpear. Ese momento fue la “suspensión” del paro por parte de la dirección de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode).
Divide y vencerás
Los universitarios solos no podían derrotar el PND, por eso la jornada del 23 de mayo, anunciada como Paro Cívico Nacional, era un punto de referencia para la lucha. Dicha jornada, convocada por las centrales obreras, la Gran Coalición Democrática y el Polo Democrático Alternativo (PDA), no fue preparada. Sólo los educadores, amenazados por el PND y el recorte a las transferencias presupuestales a las regiones, cumplieron la cita. Ni siquiera el sector salud, gravemente afectado por las mismas medidas, fue capaz de reaccionar.
El paro de la educación básica y media arrancó con debilidad, pues el magisterio ha sufrido duros golpes a sus derechos durante casi dos décadas, como consecuencia, no sólo de la ofensiva gubernamental, sino de la nefasta política de “movilizar para concertar” (pactar la aplicación de los planes con los gobiernos liberales y conservadores a cambio de preservar algunas garantías) que ha agenciado la dirección de la Fecode. No obstante eso, como actitud defensiva, los maestros facilitaron que los estudiantes secundarios fueran la vanguardia. Víctimas de un presente de privaciones y represión y sabiendo que no hay futuro en la sociedad capitalista, los secundarios se tomaron las calles y los colegios. El movimiento crecía y se radicalizaba.
Uribe amenazó con no negociar sino se levantaba el paro. La dirección de la Fecode, controlada por el PDA, anunció la “suspensión” del paro, sólo una semana después de iniciado, como un gesto de buena voluntad. Uribe igual no negoció, hizo aprobar el recorte a las transferencias y ordenó el allanamiento de los centros universitarios por la policía. En Bogotá, paradójicamente, las órdenes de Uribe fueron ejecutadas por la Alcaldía Mayor, en manos del Polo con Lucho Garzón. Los colegios fueron desalojados, mientras el Secretario de Educación, Abel Rodríguez, antiguo presidente de Fecode, les dirigía cartas invitándolos a no participar en las movilizaciones. Trataban de quedar bien “con Dios y con el Diablo”, preparándose para las elecciones de octubre.
El 13 de junio, anunciado por Fecode como “la batalla final”, fue una débil jornada de protesta que reflejó el desconcierto de educadores y estudiantes. El día anterior el parlamento uribista había aprobado el recorte a las transferencias a pupitrazo limpio. El movimiento, dividido, se replegó a nivel nacional.
¿Qué falló?
Es necesario reconocer las profundas limitaciones del movimiento. En primer lugar, el que no se haya podido realizar un verdadero paro nacional (como el que se dio en 1977 contra el gobierno de Alfonso López Michelsen), tiene que ver con la profunda crisis del movimiento obrero y sindical, cuyos derechos laborales, sociales y convencionales han sido arrebatados a sangre y fuego por los últimos gobiernos, al tiempo que el paramilitarismo se ha encargado de exterminar físicamente a la vanguardia política y sindical de los trabajadores, los campesinos, indígenas y sectores populares, entre ellos los estudiantes. Por eso la lucha se ha trasladado de las fábricas a las calles, y de los campos a las ciudades, donde se manifiesta la explosividad popular en las luchas contra las alzas de los servicios públicos, por la defensa de la educación y la salud, o simplemente contra la imposición de un peaje y la privatización de las vías.
En el sector estudiantil y juvenil pesa otra carencia. La inexistencia de una organización gremial nacional verdaderamente democrática y representativa se expresa en protestas, a veces muy radicales, pero coyunturales y desarticuladas. Es el problema fundamental organizativo a superar.
Pero, al tiempo que señalamos las debilidades del movimiento, tenemos que señalar también la responsabilidad política de la dirección, en este caso de quienes controlan a la mayoría del sector sindical y las organizaciones existentes en escuelas, colegios y universidades. La totalidad del Comité Ejecutivo de la Fecode, la mayoría de la dirección de Aspu y la Federación de Profesores Universitarios, el sindicato nacional de trabajadores universitarios Sintraunicol, y las organizaciones estudiantiles Aceu, Fun Comisiones, Oce y otras, hoy son orientadas por el PDA. Y, lamentablemente, esta dirección política cree en la estrategia de “movilizar para concertar” y considera que los movimientos de protesta están al servicio de “presionar” al parlamento, abrumadoramente controlado por Uribe, los parapolíticos y sus cómplices del partido Liberal. Creen que desgastando políticamente a Uribe llegarán al gobierno en el 2010 y no están de acuerdo en que lo que necesitan los trabajadores y los sectores populares, para poder conquistar sus reivindicaciones, es echar abajo al gobierno por la vía de la movilización, como se ha hecho en Ecuador, Bolivia o Argentina. Su estrategia es electoral, y supeditan la movilización a ese objetivo. En los momentos más críticos se limitan a exigir la “renuncia” de Uribe, mientras él prepara su tercera reelección, aplica sus planes y garantiza la impunidad a paramilitares y parapolíticos.
A esta política errada del PDA se le suma un profundo burocratismo, el desconocimiento de las decisiones democráticas de las bases del movimiento y la búsqueda de privilegios, a veces ridículos, por parte de algunos dirigentes. Estos vicios son aprovechados por la administración de las universidades para cooptar a los activistas y neutralizarlos. Este burocratismo es otro obstáculo para la lucha.
Por la organización estudiantil
Pero, a pesar de todos estos problemas, el movimiento de mayo es la señal de que se está produciendo un cambio profundo. La burguesía lo sabe y lo teme. La tarea de los próximos meses y los próximos años será superar las limitaciones políticas y organizativas del movimiento universitario, constituir una sola organización nacional estudiantil democrática y para la lucha, basada en consejos estudiantiles en colegios y universidades, fortalecer las organizaciones sindicales de profesores y trabajadores y conquistar las representaciones estudiantiles y profesorales a los cuerpos colegiados, como tribuna de denuncia de la política gubernamental y palanca para la organización. Y lo más importante: volver a las calles, a tratar de rearticular la movilización unitaria contra el PND y contra el recorte a las transferencias, al tiempo que se denuncia la criminalización de la protesta y la amenaza del paramilitarismo en los claustros universitarios. La jornada de protesta del 11 y 12 de octubre será una buena oportunidad para volver a medir fuerzas.