La dirección de la FECODE, ha convocado al magisterio a realizar una serie de acciones de movilización entre finales de febrero y comienzos de marzo, dentro de las que se propone un paro de 24 horas para el 27 de febrero y uno de 48 el 5 y 6 de marzo. Igualmente la Junta Nacional, dejó en manos del Comité Ejecutivo, la decisión de convocar un nuevo paro de 48 o 72 horas dependiendo de la evolución que tome la política de Uribe en torno al servicio de salud de los maestros.
El objetivo central de la protesta es el de presionar al Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones para que modifique su política de deteriorar las condiciones de prestación del servicio médico, que cada vez se encaminan más a las de la nefasta Ley 100. En el 2004 el Fondo aprobó unos términos de referencia y unas condiciones que llevaron al magisterio a un verdadero caos en salud. El país fue dividido en 8 regiones y a su vez el magisterio se dividió en “clientes” para dos prestadores del servicio en cada una de ellas. Finalmente después de un pataleo en aquel momento, la dirección de FECODE se tranzó, y cambiaron su obligación de defender a sus afiliados por la de promocionar en el magisterio a las dos empresas proponentes.
Haciendo uso de su poder como dirigentes sindicales, por ejemplo en Bogotá, la mayoría de los directivos tanto de la Federación como de la ADE, condujeron al magisterio a unas asambleas en las que como cualquier vulgar negociante de la salud, se trenzaron en una pelea por “ganar clientes” para una u otra de las dos empresas favorecidas en la licitación, con el agravante de que una de ellas era financiada por las cooperativas del Magisterio. No ahorraron en propaganda, ni en discursos y mucho menos en epítetos para quienes nos opusimos, con el propósito de engañar a los maestros con el cuento de la mejoría del servicio, dado que era “nuestro”. La empresa auspiciada por las Cooperativas quebró estrepitosamente en el 2007, con consecuencias terribles que aún estamos pagando los maestros.
Los efectos de la privatización
Es evidente —y ése es el balance que tenemos que sacar después de 19 años de aplicación de la Ley 91 de 1989, negociada por la dirección de FECODE de aquel entonces y defendida por casi la totalidad de los sectores políticos que hoy hacen parte del Polo Democrático—, que esa ley privatizó el servicio médico del magisterio. Lo peor es que esta ley acabó con la prestación directa del servicio por parte del Estado y permitió la contratación con empresas privadas, mucho antes de la expedición de la Ley 100 de 1993.
Es decir, que los “honestos” dirigentes del magisterio se anticiparon 4 años a lo que sería el entierro de la salud de los trabajadores colombianos, porque esta ley no fue impuesta, sino negociada, acordada y defendida por ellos. Hoy nos dicen de manera cínica que se conservó el régimen de salud integral y que eso es lo que tenemos que defender. Tonto consuelo para salvar su prestigio, pues la verdad es que mientras la salud sea contratada con empresas privadas su objetivo será el de buscar la ganancia y para ello han ido desmejorando y recortando servicios contrato tras contrato. Ninguno de los contratos firmados desde el 89 ha cumplido con los famosos términos de referencia.
Los maestros más antiguos hemos sido testigos de cómo cada una de las empresas que contrata con el magisterio sale con el doble de la infraestructura con la que inició y los maestros cada vez peor. Aparte, se nos ha ido llevando año tras año a las condiciones de Ley 100 y si no, recordemos lo aprobado hace unos seis años en el Congreso de FECODE realizado en Santa Marta en donde se aceptó por una mayoría de delegados adeptos a los dirigentes de FECODE, el aumento de la cotización con el argumento de mejorar el servicio. Lo que mejoró, no cabe duda, fueron las ganancias de los empresarios de la salud. Hoy estamos sometidos a los famosos vademécum, a los descuentos por incapacidades superiores a tres días y a toda suerte de trámites engorrosos para acceder a la salud especializada, por mencionar apenas algunos de los aspectos más protuberantes del mal servicio.
Por eso, el mal hay que combatirlo de raíz, así como a las enfermedades. No basta que nos propongan luchar por restablecer la contratación con una sola entidad que cubra todos los niveles, promoción, prevención y enfermedades profesionales (sin determinar) y que sea una entidad por departamento. No basta porque seguiremos de contrato en contrato de acuerdo a las condiciones que impongan los negociantes de la salud y sus socios, es decir de tumbo en tumbo. Es necesario que planteemos la exigencia de la prestación del servicio directamente por el Estado sin intermediarios ni limitaciones.
El presidente de Fecode, Witney Chávez, nos ha respondido a esta propuesta —que hemos venido levantando desde la privatización de la salud—, que para eso toca hacer una revolución y por tanto lo que estamos diciendo es que el magisterio haga la revolución. Entendemos perfectamente que con su tonito socarrón no está planteando un debate serio sino tratando de desvirtuar la propuesta para ridiculizarla. Perfectamente podríamos decirle que ese servicio lo tuvimos y no precisamente en el socialismo, sino en el capitalismo cuando el modelo que se le impuso a la burguesía gracias a la lucha de los trabajadores fue el keynesiano. A nadie se le ocurriría decir que el economista Keynes fue ni por asomo socialista.
Claro que si analizamos a fondo su reflexión política tendríamos que reclamarle por su inconsecuencia. El presidente de Fecode es un reconocido dirigente del PDA, organización que dice combatir el modelo neoliberal imperante, entonces preguntamos: ¿la privatización de la salud no es expresión de ese modelo? Entonces, cuál es el modelo que proponen, ¿el neoliberal “reformado”? Porque de lo que sí estamos seguros es que no es el modelo socialista porque a éste renunciaron hace tiempo. Pero en cierto sentido tiene razón, para que los sindicatos vuelvan a ser las organizaciones que defienden los intereses y derechos de la clase trabajadora hay que hacer una revolución colocando a su cabeza direcciones verdaderamente consecuentes con su lucha.
El fin del régimen especial
Como si fuera poco, el Consejo de Estado acaba de emitir un concepto en el que plantea que el régimen especial de los maestros se termina definitivamente el 31 de julio de 2010: “ a) En ningún caso se podrá causar una pensión bajo el régimen especial de los docentes, a partir del 31 de julio del 2010”.
Para que no quede duda sobre los derechos adquiridos reitera lo estipulado en el artículo 1º del Acto legislativo 01 de 2005: “para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo de servicio, las semanas de cotización o el capital necesario, así como las demás condiciones que señala la ley…”
Llegó la hora de la verdad. Los dirigentes de Fecode hasta el momento seguían insistiendo en asambleas, declaraciones y discursos que gracias a su política el régimen especial se mantenía. El senador Dussán sacaba volantes diciendo que gracias a su gestión había conseguido que en los dos Planes de Desarrollo de Uribe, quedara consagrado el régimen especial. En voz alta hablaba para los maestros antiguos y en voz baja para los nuevos docentes ingresados después del 2003 a quienes se les eliminó el régimen especial precisamente a partir de la aprobación de la Ley 812 (Plan de Desarrollo) y en la que se les pasa a ley 100 con todos sus requisitos a excepción de la edad que sería de 57 años para hombres y mujeres. El concepto del Consejo de Estado estima que ni siquiera esta excepción se mantendría. Algunos dirigentes insisten en que ese concepto es equivocado dado que en los parágrafos del Acto Lgislativo 01 de 2005, el régimen de los maestros fue excepcionado, al igual que el del Presidente y las fuerzas armadas, pero no proponen absolutamente nada para defenderlo, en caso de que tengan razón.
La verdad monda y lironda es que el régimen especial comenzó su agonía en 1989 con la expedición de la ley 91. En ella se comenzó la división del magisterio por fechas de ingreso y el recorte de derechos. Así los maestros ingresados después del 31 de diciembre de 1980 perdieron la pensión de gracia, los ingresados después del 90 perdieron la retroactividad de las cesantías y la pensión de gracia y quedaron con sólo la pensión de jubilación equivalente al 75% y con 55 años de edad. Esta ley fue calificada por los dirigentes de FECODE, muchos de los cuales hoy están en el Senado, Asambleas y Concejos, como “la conquista de la década”. La arremetida continuó y el régimen disciplinario del Estatuto fue prácticamente aniquilado con el Régimen Disciplinario Único de los empleados públicos. El Estatuto Docente (2277) ha venido siendo modificado en las condiciones y requisitos para los ascensos y los nuevos maestros ya tienen otro diametralmente opuesto (1278).
Evidentemente esta política de acabar con las conquistas de los trabajadores, es una estrategia de la burguesía mundial y se ha venido desarrollando en todos los países con nombres y leyes distintas, pero en esencia fue producto de una brutal contraofensiva del capital. Sin embargo, ésta es parte de la verdad; la otra es que desde las direcciones sindicales, la inmensa mayoría de ellas se plegaron y ayudaron, colaboraron, negociaron y entregaron las conquistas que tanta lucha y trabajo costó a la clase obrera conseguir. Con la política de la concertación los dirigentes sindicales no sólo traicionaron los intereses de los trabajadores sino que muchos de ellos han entrado a ser parte del sistema y se convirtieron en agentes de estas medidas.
Hoy estamos pagando las consecuencias de esta política y hemos perdido lo esencial del derecho a la salud, el régimen especial y las condiciones de trabajo empeoran día tras día. Se nos aumentó la carga laboral, el número de estudiantes por curso, el ambiente de trabajo es de permanente control, perdimos los derechos sindicales al paro y a las asambleas en jornada laboral. En resumidas cuentas podemos decir que el balance para el gobierno y la burguesía es excelente porque lograron eliminar lo fundamental de nuestras conquistas durante los últimos 20 años.
Lo que viene
Con el recorte a las trasferencias aprobado el año pasado lo único que podemos esperar por parte del gobierno es que se agraven aún más las condiciones de trabajo, consagradas en todas las leyes reglamentarias del Acto legislativo 01 del 2001, como fueron la 715, el 3020, el 1850, el 1095, etc. Sin embargo desde el punto de vista legal todas estás normas fenecen este año. El gobierno ya comenzó a expedir nuevas leyes como la 1176 reglamentando el ultimo recorte de las transferencias, y es de esperarse que culmine su tarea durante el 2008.
Al magisterio viejo y nuevo no nos queda más camino que unificarnos en la lucha. Podemos afirmar que estamos en un momento en que a los antiguos docentes les queda muy poco de las conquistas y los nuevos no tienen nada, es decir nos han igualado por lo bajo. Es momento entonces de organizar la lucha por conquistar de nuevo condiciones dignas en todos los terrenos. Luchar por un servicio médico prestado por el Estado, unificar el estatuto docente en las mejores condiciones de lo que fue el 2277, nombramiento en propiedad de los maestros provisionales, acabar con el hacinamiento y los parámetros neoliberales, no aceptar la jornada única sin salario profesional. Un programa de este tipo es el que necesita el magisterio para unificar su lucha y preparar de verdad la movilización democrática y por la base, que vaya más allá de una que otra jornada de movilización, desarticulada, por objetivos parciales y sin continuidad. Para ello necesitamos una nueva dirección consecuente y decidida no a colaborar con el gobierno sino a dirigir la lucha para enfrentar sus políticas.