Las luchas libradas por empleados estatales, corteros de caña y pueblos indígenas han ratificado la importancia de la unidad de acción de los explotados y marginados para poder enfrentar al gobierno y la patronal. En mayo del año pasado, con el paro del sector educativo, y de nuevo en octubre del presente año han coincidido diversos conflictos que abrieron la posibilidad de concretar un enfrentamiento generalizado con el gobierno de Uribe. Son conflictos que expresan las cada vez más difíciles condiciones de vida de la población y el desgaste político de un gobierno que no se refleja en las amañadas encuestas de opinión.
El paro del sector judicial, por ejemplo, enfrentó a uno de los aparatos del régimen con el gobierno autoritario de Uribe durante más de cuarenta días, obligando al gobierno a decretar la Conmoción Interior con el objetivo de derrotarlo. El paro fue levantado en el momento en que se unificaba en las calles con otros sectores estatales y la huelga de los cañeros, se avecinaba el paro del magisterio del 23 de octubre y se iniciaba la movilización indígena. El levantamiento de este paro —a cambio de pírricos reajustes salariales, promesas vagas de trámites de ley y reanudación de negociaciones en mayo del año entrante— fue un duro golpe a la unidad de acción de los sectores en lucha.
No obstante eso, el proletariado cañero se mantuvo firme en la huelga, generando un movimiento de solidaridad creciente. El grado de sobreexplotación al que están sometidos ha desnudado ante la opinión pública el verdadero carácter de las mal llamadas Cooperativas de Trabajo Asociado, mediante las cuales la patronal cañera elude sus responsabilidades laborales y sociales con los corteros. Ante la imposibilidad de desconocer la justeza de sus reclamaciones, el gobierno ha pretendido desprestigiar la huelga responsabilizando a los trabajadores del incremento en los precios de los combustibles y acusando a sus dirigentes de tener motivos políticos para persistir en el cese de actividades, deteniendo a algunos de ellos con la intención de judicializarlos.
A la huelga de los corteros se sumó el levantamiento indígena en varias regiones del país, sobre todo en el departamento del Cauca. La participación masiva de toda la comunidad y la radicalidad de sus métodos de lucha —que incluyeron el bloqueo de la carretera Panamericana, y la resistencia violenta ante la agresión policial, militar y paramilitar— encontró respaldo en amplios sectores de la población, y obligó a Uribe a desplazarse hasta la región. La cohesión de los pueblos indígenas en torno a la defensa de la propiedad colectiva de la tierra, y el rescate de su autonomía política y cultural, es un ejemplo para las demás luchas, en particular la de los campesinos desplazados por la violencia paramilitar y estatal. Uribe también ha intentado desprestigiar a este movimiento señalándolo como dirigido por la guerrilla, para justificar el asesinato de manifestantes desarmados a manos de la policía.
La jornada del 23 de octubre, aunque sirvió para unificar la protesta, estuvo muy lejos de ser un paro nacional que obligue al gobierno a retroceder en sus planes. Pero la persistencia de los corteros de caña y la decisión de los indígenas de marchar sobre Bogotá pueden dar un eje a las luchas. Es urgente convocar un paro nacional en su apoyo.
Sólo un amplio movimiento de solidaridad puede impedir que estas luchas se desgasten y el gobierno logre un respiro, justo cuando la crisis económica internacional, el cambio de guardia en la Casa Blanca y el propio desgaste político interno —agravado con el escándalo de los desaparecidos de Soacha y la purga en las Fuerzas Armadas—, lo hace más vulnerable a la presión de la lucha de masas.
En la Gran Coalición Democrática, se presentó la propuesta de recolectar $1.000 por cada afiliado a la CUT en apoyo a la huelga de los corteros de caña, para sostener a las 18.000 familias a las que el gobierno y la patronal quieren derrotar por hambre. Es necesario garantizar que en todos los sindicatos de base esta orientación se concrete, hasta obligar a la patronal cañera a aceptar la contratación directa y otras garantías laborales.
Al mismo tiempo urge definir nuevas fechas de movilización como parte de un plan de acción de largo aliento, sobre todo ahora cuando se va a negociar en la tramposa Mesa de Concertación Laboral el reajuste del salario mínimo, decisión que afecta a cuatro millones de trabajadores y es el punto de referencia para todos los incrementos salariales del país.
Bogotá, Noviembre 3, de 2008