Si septiembre fue negro para las bolsas de valores y los bancos, al detonar la crisis económica mundial, octubre fue rojo para los trabajadores y los pobres de Colombia, por los diversos conflictos laborales y sociales que han sacudido al país, obligando al gobierno de Uribe a decretar la Conmoción Interior para contenerlos. Coincidieron de nuevo, en esa coyuntura, la movilización de protesta y la pugna entre diversas alas de la burguesía y el imperialismo por el control del aparato del Estado, con el consecuente desgaste del gobierno, lo que tuvo como corolario la purga en las Fuerzas Armadas. La situación nacional parece una montaña rusa, que trepa hasta los bloqueos aguerridos de los indígenas y la heroica huelga de los corteros de caña, o se despeña en la fosa de los desaparecidos de Soacha y la corrupción rampante del gobierno.
El Gran Dictador
Como otra evidencia del carácter autoritario del régimen que preside Álvaro Uribe, el gobierno decidió decretar la Conmoción Interior, argumentando que el paro del sector judicial ponía en riesgo la estabilidad institucional. En realidad lo único que estaba en peligro eran algunos de los negocios de quienes lo han sustentado en el poder. El principal banquero del país, Luis Carlos Sarmiento Angulo, uno de los hombres más ricos del mundo, fue quien propuso la declaratoria de estado de excepción, para que Uribe pueda gobernar por medio de decretos. Sarmiento, en representación de su clase, exige del gobierno decisiones de emergencia frente a la tormenta financiera que amenaza sus intereses y la contención del malestar social que tiende a generalizarse. En el inquilino de la Casa de Nariño, se concentra así todo el poder de un pequeño Bonaparte para que ponga orden en la casa, en beneficio de todos los privilegiados.
Octubre rojo
Los conflictos de octubre expresaron realidades sociales distintas pero la misma causa estructural. Al sector judicial, una de las instituciones del régimen, se le adjudica la responsabilidad por el 99% de impunidad de la que se benefician los delincuentes. Lo que no se aclara es que esta impunidad favorece en primer lugar a los grandes empresarios y terratenientes, a las transnacionales y a los altos funcionarios del Estado. El reclamo de los empleados de la rama en realidad buscaba una nivelación salarial prometida desde hace 16 años y eludida por los gobiernos liberales y conservadores que han acumulado una deuda de $850.000 millones con el sector. Paradójicamente, los judiciales se encontraron exigiendo al gobierno que cumpla la ley que, supuestamente, ellos administran.
Los corteros de caña, por su lado, se encuentran al borde del abismo. Obligados a contratar con los ingenios a través de las mal llamadas Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA), han visto reducirse sus ingresos por debajo del salario mínimo, mientras se incrementan las jornadas laborales por encima de las doce horas diarias, las lesiones por la inseguridad industrial, y la carencia de servicios de salud, vivienda o educación adecuadas para sus familias. Es el régimen de esclavitud del Siglo XXI del cual se lucran los empresarios azucareros, subsidiados además a costa del erario público para que destinen parte de la producción a la destilación de etanol. La huelga de los corteros ha sido ejemplar pues ha colocado de nuevo al proletariado, en su contingente más sobreexplotado, a la vanguardia de la lucha, convocando la simpatía de la población por la justeza de su causa.
A estos dos conflictos se sumó el levantamiento indígena. Con la participación masiva de la comunidad abandonaron sus resguardos y bloquearon la carretera Panamericana exigiendo al gobierno que cumpla los acuerdos pactados años atrás. Acosados por los terratenientes y las transnacionales, que se apoderan violentamente de sus tierras, exigen garantías para la supervivencia de sus pueblos y el reconocimiento a sus propias autoridades. En medio del conflicto armado, con el que se pretende justificar el desplazamiento forzado de las comunidades y el asesinato sistemático de los dirigentes indígenas, han reivindicado también la autonomía de su movimiento.
El conflicto judicial tensionó verticalmente el aparato del Estado, la huelga de los corteros marcó un límite horizontal entre las clases y el levantamiento indígena enfrentó a sus pueblos, como una nación dentro de la nación, al Estado burgués. Tres realidades sociales distintas y la misma causa estructural: el salvaje capitalismo colombiano que no responde a las necesidades sociales de la mayoría de la población.
Alrededor de estos conflictos empezaron a gravitar otras luchas, como el paro del magisterio por la defensa de su servicio de salud, el de la Registraduría Nacional, a cuyos empleados se desconocía la bonificación extraordinaria por las consultas electorales internas de los partidos políticos, los empleados de la Dirección de Impuestos Nacionales, y los de Notariado y Registro con reclamos en curso. En algunas entidades bancarias de primer orden, como Bancolombia y el Banco Popular, se adelantaba la negociación de pliegos. Un poco más tarde se anunció un paro de los estibadores de Buenaventura sometidos al mismo sistema de contratación de los corteros de caña. Se fermentaban así las condiciones para un movimiento nacional de protesta. Hasta los pensionados de las fuerzas armadas tuvieron que protestar y recibir palo policial por sus reclamos.
Tormenta en las alturas
A los movimientos estructurales de la lucha de clases, se correspondió una tormenta en las alturas. La fortaleza relativa del gobierno de Uribe y la consolidación de su proyecto autoritario —la ‘Seguridad Democrática’ como política de Estado—, han dependido en gran medida de las condiciones económicas y políticas externas. El agravamiento de la crisis financiera mundial, y sus repercusiones en la economía productiva, ya empieza a provocar estragos en las proyecciones del país. De allí que muchos empresarios empiecen a distanciarse del gobierno y a alertarlo sobre la bomba social en la que se encuentra sentado. Uribe ha hecho caso omiso de las advertencias y trató de maquillar las cifras hasta que tuvo que rendirse ante la dura realidad. El crecimiento del PIB proyectado para el 2009 en 5% tuvo que ser reducido al 3.5% y ya hay analistas que calculan que no se alcanzará el 3%. El desempleo se incrementa a medida que las empresas empiezan a recortar personal, llegando al 12% de la población económicamente activa, afectando además el consumo familiar y estimulando la recesión.
El frente externo también se oscureció con el ascenso electoral de Barack Obama en la campaña electoral yanqui. Uribe sabe que, tanto la firma del Tratado de Libre Comercio, como la financiación del Plan Colombia, dependerán ahora de las buenas relaciones con el partido Demócrata yanqui, que controla tanto el parlamento como el gobierno. Haber metido todos los huevos en la canasta del gobierno de Bush le va a salir caro a Uribe quien se encuentra relativamente aislado en América Latina. Este aislamiento es lo que explica su fragilidad frente a un escándalo de la magnitud del provocado por los ‘falsos positivos’ reportados por la Fuerzas Armadas.
La resurrección de los muertos
Lo que al principio se presentaban como ‘casos aislados’ se ha evidenciado como una estrategia sistemática de los altos mandos de las fuerzas armadas para complacer las exigencias del pequeño Bonaparte y de paso lucrarse con las bonificaciones, premios y promociones que ofrecía la directiva trazada desde 2005 por el anterior Ministro de Defensa Camilo Ospina: plata por muertos. Esta macabra orientación cayó como anillo al dedo a una oficialidad corrupta hasta la médula por el negocio del narcotráfico y su complicidad con la barbarie paramilitar. La multiplicación de las denuncias por parte de humildes familiares de los desaparecidos no hubiera tenido mayor despliegue si no estuvieran interesadas franjas de la burguesía y el imperialismo en correrle la silla a Uribe y obligarlo a retroceder en su aspiración a un tercer período presidencial. Por eso detonó el escándalo, amplificado por las organizaciones defensoras de derechos humanos.
Diestro jinete, Uribe ha tratado de desmontarse por las orejas con el llamado a ‘calificar servicios’ a un sector significativo de la cúpula militar y anunciando ‘investigaciones exhaustivas’. Pero todos saben que esas investigaciones terminarán cubiertas por montañas de papel en la Fiscalía y los juzgados, y los patrocinadores del genocidio exonerados de culpa por falta de pruebas o vencimiento de términos, disfrutando de la pensión, mientras las víctimas serán mínimamente indemnizadas por cuenta del erario público. No obstante eso, la crisis fue otra evidencia de los síntomas de desgaste del gobierno, que no se profundiza por la política pusilánime de la alta dirección sindical y el oportunismo electoralista del Polo Democrático Alternativo.
Rearticular la coyuntura
La convergencia de los conflictos sociales con el debilitamiento del frente externo para Uribe, el recrudecimiento de la pugna interburguesa por la sucesión presidencial, y la crisis en las Fuerzas armadas por los falsos positivos, crearon una coyuntura favorable a la lucha de masas y la posibilidad de concretar una acción nacional de envergadura. La alta dirección sindical y política de las organizaciones de masas, se ha mostrado de nuevo incapaz de aprovechar la coyuntura para colocar a los trabajadores y los pobres a la ofensiva contra el gobierno. El propio presidente de la CUT, Tarcisio Mora, sirvió de intermediario para aconsejar a los judiciales que ‘suspendieran’ el paro, cuando se aproximaba el levantamiento indígena y el paro de 24 horas del magisterio del 23 de octubre. Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT y Apecides Alvis, de la CTC, se negaron a participar en esa jornada con el flaco argumento de que no los habían consultado. Los corteros de caña, en cambio, no han tenido más alternativa que resistir, a pesar de quienes les recomiendan que acepten las CTA y se limiten a aceptar algunas mejoras en el régimen de contratación.
Al cierre de esta edición los estibadores de Buenaventura se manteían en estado de alerta con exigencias similares a las de los corteros y podrían entrar en paro. La Minga indígen, por su parte, anunció su decisión de marchar sobre Bogotá. Esta luchas pueden prolongar la coyuntura de octubre y servir de eje para la convocatoria a un paro nacional.
Por eso es necesario rodear de solidaridad los conflictos en curso para fortalecer la unidad de los de abajo, al tiempo que exigimos a la dirección de nuestras organizaciones de masas un plan de acción que dé continuidad a las luchas de octubre y la elaboración de un pliego mínimo de exigencias al gobierno, empezando por el reajuste del salario mínimo que se negociará en la nefasta Mesa de Concertación Laboral con la participación de quienes se han negado a dirigir la lucha. Debemos rechazar la presencia de los burócratas sindicales en esa mesa y constituir una comisión encabezada por los corteros de caña que, en representación de los cuatro millones de colombianos que devengan el salario mínimo, negocie directamente con el gobierno.
Sebastián Marlés