Para tratar de colocarse adelante de la fenomenal tormenta que empezaba a desatarse con las investigaciones en curso sobre los desaparecidos de Soacha y de otros lugares, reportados luego por el Ejército como “guerrilleros muertos en combate”, el mismo Uribe procedió a encabezar la purga de 27 oficiales (entre ellos 3 generales, 7 coroneles, 3 mayores, un capitán y un teniente, así como 6 suboficiales) que se unen a los otros 3 coroneles retirados del servicio en días previos. Este conjunto de oficiales tenía mando directo sobre casi 100.000 hombres del Ejército.
Ya no se trata de acusaciones de ‘agentes del terrorismo’ interesados en desprestigiar las ‘pulcras’ instituciones, como afirmaba sólo hace pocas semanas el mismísimo Uribe ante los reclamos de organizaciones de derechos humanos que han denunciado este accionar como un comportamiento generalizado de las Fuerzas Militares en el país.
Simultáneamente, varias de estas organizaciones revelaron un aterrador informe en el cual se señala que “entre julio de 2002 -un mes antes de la posesión de Uribe- y diciembre de 2007, se han registrado por lo menos 1.122 casos de ejecuciones extrajudiciales atribuibles directamente a la fuerza pública, frente a 669 casos registrados entre enero de 1997 y junio de 2002” (gobierno de Andrés Pastrana).
Incluso el propio diario El Tiempo, del cual son accionistas tanto el Vicepresidente Francisco Santos como el ministro de la Defensa Juan Manuel Santos, y por lo tanto libre de toda sospecha de ser agente del terrorismo, reconoce en su editorial del 28 de octubre que “denuncias como el del espeluznante caso, reseñado en la revista Semana, del soldado cuyo hermano ‘muerto en combate’ resultó ser un falso positivo, se cuentan por docenas en la Procuraduría, la Fiscalía, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y ONG. Sólo en la Fiscalía, desde el 2003 cursan más de 700 investigaciones por ‘ejecuciones extrajudiciales”.
La política la puso Uribe, los actos criminales directos sus Fuerzas Armadas
No existe la menor duda que el Presidente Uribe, desde su primer mandato, diseñó y se lanzó, como una bandera central y fundamental de su gobierno, a la implementación de la llamada ‘seguridad democrática’. El presidente aparecía en las pantallas de televisión distribuyendo los fajos de billetes de recompensa a los ‘informantes’. Por esa vía se dieron las capturas masivas en muchos pueblos y veredas de humildes campesinos y comerciantes que luego se demostró nada tenían que ver con ser ‘guerrilleros’ o ‘auxiliadores de la guerrilla’.
Igualmente Uribe apareció felicitando a las patrullas militares que producían ‘resultados’, es decir muertos, en supuestos combates contra columnas guerrilleras. Para muestra, ahí está el caso de la muerte de toda una humilde familia en el municipio de Cajamarca, sobre el cual ya nadie discute que fue un ‘falso positivo’. Uribe y su ministro de Defensa igualmente diseñaron y aplicaron todo el plan de ‘incentivos’, ‘premios’ y ‘regalos’ a los oficiales y a la tropa por cada ‘positivo’.
Y cada vez que tal orientación o actuación de sus Fuerzas Militares u organismos de seguridad era denunciada como atentatoria contra los derechos de la población, el mismísimo presidente Uribe salía en la defensa del acusado. Para prueba: el exdirector del DAS Jorge Noguera, acusado de entregar información a los paramilitares para asesinar a dirigentes sindicales, fue protegido y premiado por Uribe con un consulado en Milán, hasta cuando su situación se hizo insostenible.
Uribe levantó desde el gobierno la tesis de que lo que vale es ‘el resultado’, no interesa cómo se logre. Por ejemplo: la soberanía de otro país no interesa, si se trata de ‘dar de baja’ a un jefe guerrillero como Raúl Reyes.
Políticamente, Uribe es responsable de la persecución policiva descarada, ordenada desde el DAS, que está bajo sus órdenes directas, a todas las organizaciones que le hacen oposición o cuestionan a su gobierno, como ha quedado claro con el instructivo descubierto de hacer seguimientos y recabar información sobre el PDA y el senador Petro. Uribe ha montado una red de espionaje y persecución política con miles de agentes, que se infiltran en las movilizaciones y luchas obreras y populares para recolectar información, intimidar y realizar provocaciones.
Uribe responsable
Por eso, la actual purga de Uribe de una franja de oficiales no pasa de ser un ‘rasgarse las vestiduras’, una forma de capear la tormenta, mientras el conjunto de la política de Uribe no sea echada abajo. El accionar de estos oficiales, lo poco que ha salido a la luz pública, es sólo la punta del gigantesco témpano de macabros actos desarrollados por las Fuerzas Armadas durante años y años en el país.
Uribe, con su política, ha logrado hasta ahora hacer pasar como ‘hechos individuales’, sólo como ‘manzanas podridas’ el accionar en común de las Fuerzas Armadas con las organizaciones paramilitares que asolaron campos, pueblos y ciudades, y que aún mantienen su accionar. Su Ley de Justicia y Paz, con el manto de impunidad y ocultamiento a la verdad que permite, es el pacto con los grupos paramilitares para salvaguardar del absoluto desprestigio nacional e internacional a unas Fuerzas Armadas sin cuya complicidad activa, o pasiva en algunos contados casos, no se puede explicar las decenas de asesinados, los miles de desaparecidos y toda la ola de violencia en la cual hemos vivido durante décadas.
Los juicios y condenas a unos cuantos oficiales, generales incluso, sólo busca salvar al conjunto de una institución que, por esencia, tiene por objetivo el control, opresión y sometimiento de todos los pobres y oprimidos para lograr que los poderosos continúen explotando, vendiendo y derrochando la riqueza que todos producimos y que nos pertenece a todos.
Por ello, ni siquiera la remoción del ministro de Defensa, solicitada en el Parlamento por algunos partidos, es suficiente ante la actual situación. Lo que debe colocarse en juego, abiertamente y sin temores, es la totalidad de la política del gobierno y al propio presidente como su principal inspirador y agente político; es decir, como el principal responsable político. En torno a ello llamamos a unir fuerzas a todas las organizaciones democráticas, obreras, populares, campesinas, indígenas, y a todos aquellos víctimas del nefasto accionar del gobierno a través de sus Fuerzas Armadas.
Luis García
| ¿Qué define el comportamiento de las instituciones estatales?En Colombia y en Cafarnaún el comportamiento y decisiones de todas las instituciones de cualquier Estado está determinado, en últimas, por la defensa de los intereses económicos, políticos y sociales de las clases o sectores sociales que lo controlan. Y las Fuerzas Armadas son el instrumento para garantizar, por el uso de la fuerza si llegare a ser necesario, dichos intereses.La actividad general de las instituciones estatales, en un momento dado, depende del gobierno que se encuentre controlando el accionar del conjunto de ellas y del régimen político existente en el cual se relacionan y enfrentan todas las fracciones y sectores de las clases dominantes. Y esa actividad general se guiará, estará orientada y responderá a las orientaciones, estrategias políticas y objetivos de dicho gobierno. En Colombia, en forma sistemática y durante décadas, el dominio económico y social de la burguesía nacional, toda ella unida a los intereses del imperialismo, ha estado garantizado básica y fundamentalmente por el uso de la fuerza directa, el asesinato, la desaparición, la represión, el encarcelamiento, el aplastamiento violento de cualquier expresión de defensa de los derechos de los sectores pobres de la población, de los trabajadores, del campesinado pobre, de los indígenas, de los habitantes de los barrios populares. A diferencia de muchos otros estados burgueses, el régimen político que ha existido por mucho tiempo en el Estado burgués colombiano ha sido un régimen completamente autoritario, antidemocrático, reaccionario y que ha configurado, de la mano del imperialismo, entrenado directamente por él, unas Fuerzas Armadas cuya vocación, entrenamiento, cultura y actividad cotidiana se traducen en acciones violentas contra los opositores del régimen o del gobierno, sea que tales acciones aparezcan como ‘legales’ o que ellas sean ‘ilegales’. Así lo reconoce, veladamente, el editorialista de El Tiempo, cuando señala “Estos falsos positivos deslegitiman al Ejército, sobre todo cuando los casos son tantos como para seguir con la tesis de las ‘manzanas podridas’. Por eso es vital no parar aquí y extirpar de raíz un mal ligado a una arraigada cultura militar, según la cual hay que producir bajas no importa cómo” (El Tiempo, octubre 28 de 2008. Destacado nuestro). |