Nacional

Emergencia Social: Pena de muerte

Resulta insultante que las ganancias obtenidas por el sector financiero durante 2009 alcanzaran la suma de 8.5 billones de pesos que van a parar a las manos de un puñado de burgueses, mientras la salud de todos los colombianos agoniza por un déficit de algo menos que la séptima parte de éstas ganancias.

Se empeora la Ley 100
Aunque resulte difícil de creer, la Emergencia Social, decretada por el gobierno de Uribe, dio paso a 10 decretos que desmejoran la ya nefasta Ley 100 de 1993, madre de la privatización de la salud en Colombia. Estos decretos, promulgados en enero de 2010, empeoran la situación de los trabajadores y clases populares colombianas, puesto que no sólo iguala por debajo el servicio de los regímenes contributivo y subsidiado, sino que establece otras normas que impiden que los médicos se salgan del POS, es decir que diagnostiquen y mediquen para enfermedades que no estén incluidas en el POS para lo cual establece sanciones de hasta 25 millones de pesos.

La idea fundamental, la intención de los decretos recién dictados, es la privatización absoluta de la salud de tal forma que quien la necesite debe pagarla. Se acaba con el Fosyga y se crea otro fondo llamado FONPRES, destinado a financiar los gastos inherentes a las ahora llamadas Prestaciones Excepcionales en Salud. Pero los recursos de éste nuevo fondo no van a financiar a todo aquel que sufra una enfermedad “excepcional”. Para tener acceso a estos recursos -los cuales son limitados-, primero el caso ha tenido que cumplir con los procedimientos establecidos en el Decreto 128 de 2010: contar con la evidencia científica emitida por el Organismo Técnico Científico y haber pasado el examen financiero y patrimonial que establezca que tanto el paciente como su grupo familiar no cuentan con la capacidad de pago para costear el tratamiento.

Adicionalmente -si sus recursos o patrimonio no le alcanzan-, antes de contar con el FONPRES, el Decreto 128 establece opciones para que el paciente obtenga recursos con “facilidades de pago” en entidades bancarias o cajas de compensación familiar, acudir a sus cesantías o ahorro para pensión, que le permitan financiar las “prestaciones excepcionales de salud”.

Uribe engaña
La reacción por parte de la población no se hizo esperar una vez se dieron a conocer los dichosos Decretos. Inmediatamente los trabajadores alegaron que no era posible disponer de las cesantías, único ahorro con que cuenta una parte de los trabajadores y que destina a vivienda, educación superior o guarda para cuando queda desempleado.

Uribe salió rápidamente en todos los medios a decir: Que las cesantías a las que se refería el decreto era únicamente para los de estratos 5 y 6 y que si no estaba así en el texto él mismo lo haría corregir. Pero se sabe que los empleados estrato 5 y 6 por lo general no tienen cesantías puesto que devengan más de 10 salarios mínimos, es decir reciben salario integral.

Lo importante en éste punto no es si se destinan las cesantías o no como medio de financiación particular de la salud, lo relevante es que los decretos nos obligan a pagar por el servicio de salud, tenemos que costearla con o sin cesantías.

Este no es el único punto en que Uribe parece dar marcha atrás, algo modificó al respecto de la autonomía medica, pero la verdad es que todavía los decretos siguen intactos. Uribe demagógicamente ha querido mostrar que les hace u ordena hacer modificaciones, incluso ha pedido al Congreso que los revise, pero en puntos insustanciales. Las discusiones o regaños públicos al ministro de la “Protección Social” también hacen parte de su engaño y bufonería. Uribe ordenó los Decretos, los firmó y no le temblará la mano para imponerlos a costa de la salud del pueblo colombiano.

El déficit lo creó Uribe
Si bien la salud en Colombia nunca ha contado con los recursos suficientes para atender a toda la población como se requiere, la situación se fue empeorando con la Ley 100 de 1993, pero quien le ha dado la estocada final ha sido el gobierno de Uribe con la Ley 715 de 2002 que redujo las transferencias a los Departamentos y Municipios de recursos para educación, salud y saneamiento básico. Posteriormente hizo otra contrarreforma en el 2007 que redujo aún más dichas transferencias.

En reciente estudio realizado por la Universidad Nacional se logró establecer que mediante la Ley 715 de 2002 los Departamentos y Municipios dejaron de percibir 12 billones de pesos para estos rubros, entre 2002 y 2010, con la contrareforma del 2007 dejaran de percibir 54 billones entre 2002 y 2020.

Se estima que el déficit en el 2008 para cubrir enfermedades no cubiertas por el POS ascendió a 1.2 billones y en el 2009 a 1.8 billones; los dineros dejados de transferir a las regiones serian más que suficientes para cubrirlo.

Es decir que el gobierno es quien ha generado este déficit y la creación de la Emergencia Social es el instrumento para que seamos los trabajadores y en general la población menos favorecida quienes la paguemos.

¿Dónde está la plata del Fosyga?
Esta es la pregunta que todos nos hacemos, ¿a dónde han ido a parar los dineros que mes a mes descuentan por la derecha a todo trabajador que devenga más de 4 salarios mínimos?

Se sabe que en inversiones de diferente tipo y TES se encuentran cerca de 6 billones de pesos.

Por otra parte, el mismo estudio de la Universidad Nacional citado anteriormente, estableció que el 50% de los recursos del Fosyga han sido destinados a cubrir el déficit del gobierno y a financiar el programa de Familias en Acción, base social que recibe subsidios del gobierno con fines electorales.

La movilización: única salida.
El 6 de febrero se realizó la primera marcha exigiendo la derogatoria de los decretos. Esta marcha fue convocada por jóvenes estudiantes que acudieron al Face Book como medio para citar y fue respaldada por organizaciones sindicales del sector salud a nivel nacional. A la cita asistieron desde estudiantes del área de la salud, usuarios de los servicios, organizaciones de médicos y enfermeras, hasta enfermos terminales, adicionalmente contó con la simpatía de la población en general.

Posteriormente y presionados por las bases, las centrales obreras, Fecode y otros sindicatos estatales, decidieron convocar otra marcha para el 18 de febrero. En Bogotá la marcha contó con cerca de 20.000 asistentes, y se destacó el rechazo no sólo a los decretos de Emergencia Social, sino también al ministro Palacios y a la reelección de Uribe.

La movilización contra los decretos de Emergencia Social debe continuar hasta conquistar su derogatoria total. Para los trabajadores y los pobres del país es la oportunidad de propinar una derrota a la política gubernamental, al tiempo que se exige la derogatoria de la Ley 100, madre de la privatización de la salud, y el establecimiento de un sistema nacional, de cobertura total y plenamente financiado por el Estado, que impida que siga siendo un negocio en beneficio de los bancos, las financieras y los aseguradores privados.
Manuela

 

Decretos de Emergencia Social: (Principales elementos)

126. Dicta disposiciones en materia de inspección, vigilancia y control dentro del sistema de salud y establece modificaciones y adiciones al Código Penal, destinadas a establecer sanciones para los responsables. Se fijan controles específicos a los precios de los medicamentos y los insumos médicos. Se enfatiza en la obligatoriedad de atender urgencias y se anuncian sanciones para todo aquel que ponga en riesgo la vida de los ciudadanos, eluda pagos en el sistema general de seguridad social en salud, incumpla pagos de afiliación o viole cualquier disposición de atención a los usuarios. Comentario: con este decreto el gobierno pretende acabar con “el paseo de la muerte” y evitar la especulación con los medicamentos, pero con los otros limita el acceso a tratamientos de alto costo e intervenciones complejas. Uribe cree que el peca y reza empata. Los controles a los precios de insumos y medicamentos son un beneficio directo a las EPS, para que de todos los millones que reciben, los analgésicos que recetan (que es lo único que recetan) les valgan menos y por lo tanto les queden más utilidades. La única opción real, si fuese a favor de los pacientes, sería entregar a los pacientes todo medicamento que se requiera, que se nacionalicen los laboratorios y que las EPS sólo sean distribuidoras, sin agregar su costo como costo de ellos. 127. Se fija el IVA del 14 por ciento sobre las ventas de cervezas nacionales y extranjeras hasta diciembre de 2010. Los ingresos que se generen por este aumento se destinarán a financiar los servicios no POS. A partir de enero de 2011, todo el IVA de cerveza y juegos de azar se destinarán al mismo rubro. A partir de febrero de este año se aumenta el impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco. Del total recaudado por consumo de licores, una vez descontado el IVA, los departamentos destinarán el 8% para la unificación de los planes de salud POS de los colombianos. Comentario: los nuevos impuestos los trasladarán los empresarios a los costos de productos que son de consumo popular. Pero ya se denunció que el decreto excluye los licores importados pues el hermano del Ministro del Interior, Valencia Cossio, es importador. 128. Les cambia el nombre a los servicios no POS por el de “prestaciones excepcionales en salud”. Define tales servicios como servicios de salud extraordinarios, que deben ser autorizados por un comité técnico, también creado por la norma. Hasta hoy estos servicios, a los que acceden los pacientes vía tutela, son cubiertos por el sistema de salud. El 128 establece que dichas “prestaciones excepcionales” deberán ser financiados, total o parcialmente, por los afiliados, previo análisis de sus ingresos y de su patrimonio individual y familiar. Los pacientes sin solvencia económica deberán pagar los servicios médicos con cesantías, ahorros pensionales o con préstamos bancarios. Para los pacientes que carezcan por completo de recursos, se creó el fondo (Fondo de Prestaciones Excepcionales en Salud FONPRES) que subsidiará dichos gastos. Comentario: además de obligar a los pacientes a pagar con sus ahorros, endeudándose con los bancos o vendiendo su casa, dejan la decisión del subsidio en manos de un “comité técnico” que pasa por encima del diagnóstico del médico, mientras el enfermo pone en peligro su vida. Por otro lado, el FONPRES sólo cubrirá dichos gastos hasta que la plata del fondo alcance. 129. Controla la evasión y la elusión en las cotizaciones, de empleadores y trabajadores. Comentario: se ha denunciado que el Fosyga, donde se depositó buena parte de lo recaudado desde que se impuso la Ley 100 tiene la mayor parte de sus recursos invertidos en títulos valores del propio Estado. El recaudo que debía ser para salud el gobierno lo utiliza para financiar el déficit fiscal. Eso fue lo que hizo ya antes para quebrar el Seguro Social, no le pagó nunca las cuotas que le correspondía pagarle y se gastó la plata que aportaban trabajadores y empresarios. 130. Dicta disposiciones frente a los juegos de suerte y azar. Pasado un año, los recursos por premios no cobrados se destinaran a la unificación de los planes de salud POS. Se definen sanciones y se regula el monopolio de loterías y juegos. Comentario: hace poco el gobierno intervino ETESA, entidad encargada de recaudar estos recursos, para extender su control a uno de los negocios más lucrativos del país. Este decreto sólo busca raspar la olla. 131.  Se crea el sistema técnico científico en salud, cuya finalidad es la producción de conocimiento para la prestación del servicio público de salud en condiciones estandarizadas. Estará compuesto por los ministerios de la Protección social, hacienda, Colciencias y tres profesionales de la investigación en economía en salud. Prioriza la prevención de la enfermedad y la atención de baja complejidad en medicina y odontología general. Sólo admitirá el manejo especializado de condiciones de salud cuando se cuente con evidencia científica y evidencia costo-efectividad que lo aconseje. Cuando los médicos se aparten del POS establecido incurrirá en faltas que serán sancionadas con multas entre 10 y 50 salarios mínimos mensuales. La norma sostiene que se privilegiará la posibilidad de que la gente adquiera planes de medicina prepagada para complementar los servicios del POS. Comentario: con el argumento demagógico de que la cobertura en salud se extenderá a toda la población, se unificará por lo bajo la atención médica y los medicamentos. Para imponerlo se pretende sancionar a los médicos que receten tratamiento o insumos costosos. Se estimula la medicina prepagada para mejorar aún más el negocio de las financieras. 132. Crea un patrimonio autónomo para los recursos del régimen subsidiado en salud. Los Municipios sólo harán seguimiento al aseguramiento de sus afiliados. Comentario: a los municipios se les limitaron los recursos y por esa vía se está conduciendo a los hospitales públicos a la quiebra. 133. Se establece el mecanismo para el pago de los servicios en salud, entre los pagadores y prestadores del servicio. Se establece un término de 15 días para el pago posterior a recibir los servicios. Dicta medidas para racionalizar los servicios de los hospitales públicos y dispone que las EPS del régimen subsidiado contraten hasta el 60% del gasto con estas instituciones. El estado calificará los hospitales para determinar su riesgo financiero. Comentario: Lo que han hecho las EPS durante estos años es enviar a los pacientes con enfermedades graves a los hospitales públicos, dejando en manos de estos la tarea de cobrar. Ya los hospitales han informado que los nuevos decretos los llevarán a la quiebra. Es el puntillazo final a la salud pública. 134. Se adicionan al presupuesto de rentas y recursos de capital del Presupuesto General de la Nación cerca de 559 mil millones de pesos, con cargo a la cuenta Ecat del Fosyga. Ese dinero irá al FONPRES y al presupuesto de la Cres. Comentario: frente a la catástrofe el gobierno pone paños de agua tibia. El déficit inmediato que hay que cubrir es de 6 billones, casi doce veces lo adicionado. 135. Se distribuye hasta el 30 por ciento de los recursos del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el crimen organizado para el programa de reducción del consumo de sustancias psicoactivas. Comentario: el gobierno de Uribe sigue pagando con dineros públicos los daños causados por la prohibición del consumo de narcóticos, originada en EE.UU.