El 9 de junio el Instituto Colombiano de Geología y Minas, Ingeominas, realizó una inspección de la Mina San Fernando, en el municipio de Amagá, Antioquia, que a pesar de presentar irregularidades como la ausencia de detectores de gas permanente y antecedentes de accidentes (como el de 2006 con un obrero muerto y 23 heridos) siguió funcionando.
Los trabajadores, que hacen turnos de 12 a 24 horas, se habían quejado la semana anterior del aumento de la temperatura al interior de la mina especialmente en el Túnel de San Joaquín, donde ocurrió la explosión, pero no recibieron ninguna respuesta.
La masacre anunciada
Una semana después, más de 70 obreros perdieron la vida cuando terminaban su labor a las 10:40 p.m. del miércoles 16 de junio tras una explosión por acumulación de gases. Desde ese día, el rescate de los cadáveres fue lento, lo que ha aumentado la tragedia que viven los familiares y demás trabajadores. Mientras tanto, la empresa que opera la mina desde 1992, Carbones San Fernando S.A. dijo que cumplía con todas las normas y se escudó en la inspección de Ingeominas, que sólo después de las muertes de los obreros reveló las irregularidades. Además sostienen que es la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia la encargada de controlar esta actividad. Y el Gobernador Luis Alfredo Ramos dice que Carbones San Fernando cumple con las normas laborales y la seguridad social de los 482 trabajadores.
A la tragedia de los trabajadores y los familiares se suma la desidia de los culpables de estas muertes: Carbones San Fernando, Ingeominas y la Gobernación de Antioquia, que ahora sostienen que fue un accidente y que han invertido 300 millones de pesos en un proyecto piloto de prevención, pero esconden las ganancias que cada año les deja la riesgosa labor de estos obreros.
Las responsabilidades están claras: el gobierno de Uribe Vélez que ha promovido la extracción minera a gran escala sin protección para los trabajadores, la Gobernación de Antioquia e Ingeominas que ocultaron las irregularidades en las minas y Carbones de San Fernando S.A. que sabiendo de la inminente tragedia condujo a los trabajadores a la muerte en el Túnel de San Joaquín.
El negocio de la muerte
La Mina San Fernando produce 240 mil toneladas de carbón térmico al año y cuenta con reservas brutas de 157 millones de toneladas de carbón. Y a pesar de sus ganancias para este año disminuyeron la remuneración de los trabajadores sin que hasta ahora se sepa qué entidad dio la autorización para hacerlo.
Desde el inicio de la explotación de las minas en esta zona de Antioquia han perdido la vida más de 250 trabajadores que pasan al olvido tras el anuncio de exhaustivas investigaciones por parte de las instituciones involucradas. Al contrario, el Gobierno promueve la explotación de la minería a gran escala para la extracción de carbón, ferroníquel y oro para entregarla a las multinacionales que encuentran mano de obra de gran experiencia y bajo costo, con una legislación que les brinda ‘confianza inversionista’ y que causa estragos en la población trabajadora.
A la baja remuneración se suma la destrucción del medio ambiente y al gran riesgo que día a día asumen los operarios mientras los dueños de las minas sólo contabilizan sus ganancias y apenas pagan impuestos menores al 10% para regalías.
¿Quién defiende a los trabajadores mineros?
Las centrales obreras, dedicadas a sus tareas electorales en la semana de la tragedia, prefirieron discutir acerca de sus acuerdos y relaciones con los uribistas Angelino Garzón y Julio Roberto Gómez e hicieron silencio frente a esta masacre.
Los trabajadores no tienen quién los defienda y por ello es urgente la organización de los sectores mineros y energéticos en torno a una lucha por sus derechos y exigir castigo a los responsables de estas muertes que son el gobierno de Uribe Vélez, la Gobernación de Antioquia y la empresa Carbones San Fernando.
Lo ocurrido en Amagá es un crimen contra los trabajadores y las centrales obreras deben exigir que no quede en la impunidad. Estas muertes son resultado de la ‘confianza inversionista’ y la única forma de que los culpables paguen por esta masacre es que los trabajadores se organicen y se movilicen en defensa de sus derechos.