El
Socialista 586
Contenido
Editorial: Rechacemos
la privatización de las entidades estatales Paro estatal indefinido inmediato
Nacional: Frente al paquetazo
de Uribe: de la concertación al desconcierto
Democrático Continúa
la masacre contra el movimiento obrero¡Detengámosla!
Economía ¿Qué
es el Tratado de Libre Comercio? No alcapitalismo
Ssindical: Habla Jorge Lerma
presidente del sindicato de trabajadores de Telecom
Internacional Perú: Al Perú
Posible de Toledo lo rechazan las masas
Palestina: La
Hoja de Ruta... Trampa imperialista
Ecuador: Uribe
y Gutiérrez encarcelan dirigentes sindicales petroleros
A nuestros lectores
En esta edición denunciamos la política del gobierno de Uribe
de privatización de las empresas más rentables del Estado y de
desconocimiento de los derechos de sus trabajadores.
En el Editorial llamamos a realizar un paro estatal indefinido indemediato
para exigir la derogatoria de los decretos de reestructuración del Estado.
En Nacional analizamos las medidas de reestructuración de las entidades
estatales expedidas por el gobierno de Uribe al amparo de las facultades extraordinarias
que le otorgó el Congreso y llamamos a hacer un balance serio de la política
de concertación que impulsa la alta dirección sindical, aprovechada
por los gobiernos liberales y conservadores para aplicar los planes de recorte
de las conquistas laborales y sociales.
En Libertades democráticas, denunciamos el asesinato sistemático
de dirigentes sindicales en Colombia y el rechazo de la OIT a la exigencia de
una Comisión de Encuesta en la pasada reunión general.
En Economía explicamos el contenido del Acuerdo de Libre Comercio de
las Américas (ALCA) con el que el imperialismo norteamericano pretende
recolonizar el continente.
En Sindical, entrevistamos al compañero Jorge Lerma, presidente de
la Unión Sindical de TRabajadores de las Comunicaciones (USTC) que agrupa
a los trabajadores de Telecom y las empresas asociadas, que hoy enfrentan la
brutal arremetida del gobierno de Uribe. El compañero explica los intereses
imperialistas que se ocultan detrás de la liquidación de la empresa.
En la sección Internacional analizamos el plan de paz del imperialismo
para el conflicto palestino-israelí denominado Hoja de Ruta con el que
se pretende desarticular la intifada y reprimir a la resistencia palestina.
También reseñamos la resistencia de los trabajadores peruanos
contra el gobierno de Alejandro Toledo. Además denunciamos la persecusión
del gobiernos de Lucio Gutierrez de Ecuador y Alvaro Uribe de Colombia contra
los trabajadores petroleros.
Proponemos a nuestros lectores organizar círculos de El Socialista,
para discurtir el contenido de nuestro periódico y ayudar a organizar
la lucha contra el plan de Uribe y el imperialismo y a construir un partido
revolucionario. Escribanos a nuestra dirección electrónica (pstcolombia@yahoo.com)
con aportes, comentarios o críticas. Y los invitamos a vincularse a nuestro
partido y al CITO
EDITORIAL
Rechacemos la privatización de las entidades estatales
Paro estatal indefinido inmediato
Haciendo uso de las facultades extraordinarias que le otorgó el Congreso,
el gobierno de Álvaro Uribe ha expedido más de un centenar de
decretos de reestructuración de entidades del Estado. Aunque al cierre
de esta edición de El Socialista aún no se conocen los términos
de la mayoría de ellos, los más importantes ya se han hecho efectivos
con la liquidación de Telecom, la reestructuración de Ecopetrol
y la desintegración del ISS. Más de 40.000 trabajadores serán
despedidos; los que conservan el cargo lo harán bajo un régimen
laboral distinto, desconociendo conquistas convencionales y la propia ley. La
reacción inicial ante este paquetazo fue tan débil que el gobierno
se ha dado el lujo de anunciar congelación salarial para los próximos
años, y otra contrarreforma pensional y tributaria. Sumándose
a la ofensiva uribista, la Corte Constitucional aprobó el texto del Referendo
que completa las contrarreformas pactadas con el Fondo Monetario Internacional
y descarga aún más el peso de la crisis sobre los hombros de la
población trabajadora.
El Comando Nacional Unitario, presidido por las centrales obreras CUT, CGTD,
CTC y la Confederación de Pensionados, y apoyado por la mayoría
del movimento sindical, en particular el sector estatal, ha convocado un Paro
Cívico Nacional para el 12 de agosto. Esta convocatoria no sólo
es tardía —expedidos ya los decretos de reestructuración
e iniciado los procesos de despido de miles de trabajadores y la liquidación
de decenas de entidades—, sino dilatoria de la respuesta urgente que necesitan
los trabajadores de Telecom que desde el 13 de junio resisten aislados la militarización
de las instalaciones y la liquidación de la empresa.
El movimiento de rechazo al paquetazo de Uribe debe articularse alrededor
de los trabajadores estatales, que son los directamente afectados con los despidos
masivos y la pérdida de sus derechos. Para el 24 de julio los trabajadores
del ISS y los empleados del Sena han anunciado el inicio de un paro indefinido
y el 5 de agosto el magisterio nacional realizaría un paro de 24 horas
convocado por la Federación Colombiana de Educadores y el mismo 12 de
agosto los pequeños propietarios agrícolas organizados en el Movimiento
de Salvación Agropecuaria organizan un marcha nacional de protesta. Otros
sectores, como los usuarios de servicios públicos, los deudores de préstamos
de vivienda, los pequeños transportadores o los vendedores ambulantes,
estarían dispuestos a sumarse a la lucha.
La confluencia de estos sectores en conflicto puede ser catalizada por el
movimiento estatal organizado. Por eso es urgente unificar la acción
iniciando el paro indefinido. El Sena y el ISS deberían adelantar la
fecha anunciada, para impedir el desgaste que provocan los paros aislados. Los
trabajadores de Ecopetrol, no deberían esperar la convocatoria del tribunal
de arbitramento o un posible acuerdo, sino declarar la huelga hasta derrotar
el decreto de privatización y el referendo que suprime su régimen
especial. Y así los demás sectores que, como las contralorías
y personerías también serán liquidados vía referendo.
La participación en el Paro Nacional debe ser votada desde las bases
trabajadoras en asambleas inmediatas que hagan un balance serio de las consecuencias
del plan de Uribe y todo su paquete de contrarreformas, así como de la
nefasta política de concertación que ha llevado a los trabajadores
a la situación actual. También allí debe discutirse el
pliego de exigencias al gobierno para que el cese de actividades no se limite
a la protesta. Este pliego debe empezar por exigir la derogatoria de todo el
paquete de decretos de reestructuración, la suspensión de las
contrarreformas anunciadas, la congelación de precios y tarifas y un
aumento general de salarios.
Por otra parte la participación de los trabajadores en la campaña
electoral para corporaciones públicas debe estar al servicio de organizar
y centralizar la resistencia contra los planes de Uribe y el imperialismo, y
no de distraer la atención del pueblo colombiano con la farsa de una
democracia cada vez más restringida para los que luchan. La Reforma Política
aprobada decreta la muerte política de los partidos revolucionarios y
de oposición, y es el complemento del proyecto de Estatuto Antiterrorista
y el Plan de Seguridad Democrática de Uribe financiado por el gobierno
norteamericano.
A pesar de la condiciones adversas que debemos superar para enfrentar esta
ofensiva, los trabajadores colombianos debemos mirarnos en el espejo de América
Latina, donde, como rechazo a la misma política de recolonización
por parte del imperialismo y de sobreexplotación por parte de la burguesía,
los trabajadores se han tomado las calles, han derribado gobiernos e incluso
han logrado frenar la aplicación de los planes.
Comité Ejecutivo
Bogotá, Julio 9 de 2003
Frente al paquetazo de Uribe: de la concertación al desconcierto
Los decretos de reestructuración del Estado con los que se liquida
Telecom, se reestructura Ecopetrol, se descuartiza al ISS y se afectan decenas
de entidades del nivel central o regional son el final de un largo proceso de
contrarreformas iniciado hace más de una década. Se ha flexibilizado
la legislación laboral, se privatizaron cesantías, pensiones y
servicios de salud. Tiempo atrás fueron privatizados o liquidados puertos,
ferrocarrilles, aeropuertos, y las empresas distritales de transporte y aseo.
Después las telefónicas, electrificadoras y acuedutos. Una tras
otra, ramas enteras de actividades rentables monopolizadas por el Estado, fueron
desmanteladas y entregadas a la voracidad de capitalistas nacionales y extranjeros.
Con ellas se robaron años de ahorro de los contribuyentes, de construcción
de costosas infraestructuras, de servicios subsidiados y de fuentes de recursos
para que el propio Estado financiara servicios sociales como la educación,
la salud o las obras públicas. Pero aún quedaban empresas productivas
a cargo del Estado y hacia ellas vuelcan hoy su apetito el imperialismo y la
burguesía.
La “oligarquía de overol”
Los servidores del Estado —por su nivel de concentración (la
Federación Colombiana de Educadores llegó a tener más de
200.000 afiliados), la rentabilidad relativa del sector (como en el caso de
Ecopetrol) y el monopolio sobre áreas de la producción o los servicios
(como Puertos de Colombia o Telecom)— pudieron imponer al Estado-patrón
conquistas laborales superiores a los de otras áreas de la economía.
Gracias a ello disfrutaron de mejores condiciones de vida que la mayoría
de los asalariados del país. Esto generó también una fuerte
conciencia sindical, al ser su organización gremial la garantía
para la defensa de esas conquistas y el principal obstáculo para que
la burguesía y el imperialismo impusieran su planes de privatización
y desmantelamiento de garantías sociales. Esta es la razón por
la que los gobiernos liberales y conservadores se empeñan en calificarlos
como “oligarcas de overol” y señalan a los sindicatos como
los responsables del déficit en el presupuesto público.
En realidad la causa de la crisis de estas empresas ha sido la política
privatizadora de los gobiernos liberales y conservadores y la corrupción
de las cúpulas administrativas, nombradas para lucrarse y saquear el
erario público. Un ejemplo reciente de ello ha sido el caso de Invercolsa
donde el actual Ministro del Interior y Justicia, Fernando Londoño, haciendose
pasar por trabajador de Ecopetrol sirvió de testaferro para apoderarse
de $8.000 millones en acciones. Ahora, ante la conminación judicial,
ha aceptado devolverlas, ¡pero pide a cambio $25.000 millones!. Así
no hay empresa que resista. Hoy los capitalistas nacionales y extranjeros quieren
apoderarse de lo que queda.
Los casos más sonados por el dinero en juego son Telecom, Ecopetrol
y el Seguro Social, cuya situación financiera no es responsabilidad de
supuestos “oligarcas de overol” sino de los ladrones de cuello blanco.
Sólo Ecopetrol produjo $18 billones (millones de millones) en utilidades
los dos últimos años. Telecom, a pesar de la estafa de las transnacionales
con los contratos “joint venture” (riesgo compartido), a partir
del próximo año iba a generar cuantiosas utilidades. El ISS por
su parte, no obstante su debilitamiento (se redujo a 3’500.000 afiliados),
seguía siendo una piedra en el zapato de las aseguradoras privadas y
base material de una sistema nacional estatal de servicios de salud para la
población trabajadora y pobre.
Desconcertados
Los grandes medios de comunicación han dicho que la avalacha privatizadora
del gobierno “tomó a los trabajadores por sorpresa”. Es una
verdad a medias pues —aunque el gobierno actuó otra vez en secreto,
de manera siniestra, como hizo con la Caja Agraria hace sólo cuatro años—
desde la propia campaña electoral Uribe había anunciado la reestructuración.
Las contrarreformas aprobadas en diciembre y el Plan de Desarrollo fueron pasos
en ese sentido, al igual que el Referendo. El Acuerdo Stand-By firmado con el
Fondo Monetario Internacional incluye el “adelgazamiento” del Estado
como una de sus condiciones. Las facultades extraordinarias sólo eran
el bisturí para esta “liposucción” masiva. El problema
es que la alta dirección sindical —en la que tienen gran peso,
no sólo los sectores abiertamente uribistas sino la izquierda reformista,
el Frente Social y Político y el Polo Democrático— han mantenido
anestesiado al paciente con la nefasta política de la concertación
(ponerse de acuerdo con el gobierno en la aplicación de los planes).
Y ahora, están “desconcertados”.
La situación de los trabajadores no puede ser más dramática.
Sometidos a este golpe demoledor han sido puestos a la defensiva. En Telecom
y Ecopetrol las instalaciones fueron militarizadas. En ambas empresas el funcionamiento
lo han garantizado los trabajadores por contrato. En el ISS los 17.000 empleados
ni siquiera saben cual es su situación contractual, mientras escuchan
al presidente del sindicato afirmar que están dispuestos a administrar
las nuevas entidades “siempre y cuando no se las entreguen en las condiciones
que plantea el decreto”. En las demás entidades afectadas (se calcula
que son alrededor de 320), la mayoría esperan nerviosos el golpe de guillotina.
La única explicación de esta actitud es el desgaste que ha producido
en la luchas de resistencia la política capituladora de la alta dirección
sindical y los sectores políticos que la sustentan.
Con el argumento de que estabamos “acumulando fuerzas” se permitió
durante más de una década que cada sector tratara de resistir
aisladamente, y buscara la “concertación” de los planes.
La Caja Agraria, por ejemplo, fue liquidada sin que hubiera un movimiento nacional
para impedirlo. En el sector privado la última batalla importante que
se libró fue la huelga de Bavaria a la que la cúpula sindical
dejó aislada. Finalizado el conflicto, la empresa procedió a los
despidos masivos y el sindicato, de más de cincomil afiliados, ha quedado
reducido en sólo año y medio a menos de trescientos.
Nunca hubo un plan de conjunto para enfrentar esta guerra declarada por el
imperialismo y la burguesía. La “acumulación de fuerzas”
fue en realidad despilfarro de las energías de los trabajadores en escaramuzas
inútiles, donde sector por sector era emboscado, retrocedía y
se atrincheraba de nuevo, mientras el enemigo avanzaba sin dar tregua.
Es la hora del balance...
Para relanzar un movimento de resistencia unificado es indispensable hacer
un balance serio. En primer lugar reconocer que no sólo ha sido la brutal
ofensiva del imperialismo y burguesía —que ha incluído el
asesinato y amedrentamiento sistemático de los sindicalistas y la oposición
de izquierda—, la que condujo a los trabajadores a la actual situación
de derrota, desmoralización y desorganización, sino también
la política de “concertación” que tercamente han sostenido
los dirigentes a lo largo de esta década de contrarreformas. Pero en
el Comando Nacional Unitario (CNU) no hay disposición para ello. Todo
lo contrario, la vocería de Julio Roberto Gómez, presidente de
la CGTD, que representa el ala más conservadora de la alta burocracia
sindical, es la mejor expresión del carácter retardatario de esta
dirección. Pero a su sombra, trata de ocultar sus vergüenzas la
dirigencia del sector estatal, que aún tiene posibillidad de hacer resistencia
al plan.
A medida que pierde la base la alta dirección sindical depende cada
vez más de las migajas que deja caer el gobierno y la patronal o los
gobiernos imperialistas. Se convierten así en agentes directos de la
aplicación de los planes. No otra puede ser la explicación para
que Julio Roberto Gómez declare que “no hay temas vedados para
la discusión”, o que Saúl Peña, presidente de Sintraiss,
diga que están dispuestos a aceptar la administración de las entidades
en que Uribe descuartizó el Instituto, mientras 12.000 trabajadores pierden
los derechos convencionales y la estabilidad, o que el sindicato de Caprecom
acepte el recorte del 70% de la convención para “salvar la entidad
y la fuente de trabajo”, que fue lo mismo que le hicieron a los obreros
de Paz del Río y la empresa siguió quebrada. ¡Por eso Uribe
los ha aplaudido afirmando que "ese es el sindicalismo que necesita el
país", ahora que los trabajadores han aceptado la congelación
salarial y aportar parte de su salario para "fortalecer la empresa"!
...y la unidad para la movilización
Frente al ataque demoledor de Uribe el CNU se ha visto obligado a convocar
un Paro Cívico Nacional (PCN) de protesta para el 12 de agosto. Aunque
es un llamado necesario, pues el plan de Uribe golpea al conjunto de los trabajadores
y los pobres, aplaza la respuesta urgente que debemos dar a la ofensiva uribista
y disuelve en una "acción cívica" amorfa el cese de
actividades que se debe concretar de inmediato unificando a los estatales, golpados
no sólo por la andanada de decretos, sino por el Referendo aprobado por
la Corte Constitucional. Mientras supuestamente se organiza el PCN, se desgastará
la débil resistencia en Telecom, negociarán en Eco-petrol o se
adaptarán en el Sena y el ISS. Es repetir la táctica de mantener
desarticulados los conflictos con la esperanza de "concertar" sector
por sector; y que el gobierno aprovechará para golpear... sector por
sector.
Durante los últimos años, cada vez que el gobierno de turno
atacaba, el CNU anunciaba Paro Cívico y llamaban a “movilizarse…para
concertar” . Después le decían a las bases que “concertar”
los planes era lo mismo que negociar un pliego de exigencias. Cuando las bases
respondían con fuerza al llamado, como en el Paro Nacional Estatal de
1998, la dirección lo levantaba a cambio de “mesas de concertación”
que se disolvían en palabrería, mientras el gobierno aplicaba
sus medidas.
En realidad la concertación era la adaptación a los planes de
la patronal y el gobierno “entregando algo para salvar algo”, lo
que después era presentado como un triunfo. Pero como el nivel de vida
de los trabajadores se deterioraba inexorablemente, cada vez era más
difícil movilizar… y el gobierno no necesitaba “concertar”.
Así se pudo comprobar hasta la saciedad durante el gobierno de Pastrana.
Pero Uribe ha ido más a fondo, como se pudo comprobar en la entrevista
que sostuvo con los dirigentes de las centrales obreras y los sindicatos estatales
después de anunciar la liquidación de Telecom y militarizar sus
instalaciones. Se limitó a informarles del contenido de los decretos
y les dijo que no estaba dispuesto a negociar las medidas. Fue lamentable la
sumisa actitud de la cúpula sindical que, en lugar de darle un ultimátum
al gobierno y llamar al paro nacional inmediato estatal se conformó con
proclamar su descontento. La única voz discordante en ese vergonzoso
besamanos fue la de Jorge Lerma, presidente del sindicato de Telecom, a quien
el propio Uribe se atrevió a decir que la liquidación había
sido la única salida, "pues con el sindicato era imposible llegar
a un acuerdo". El manoseo fue tan evidente que el CNU no tuvo más
alternativa que llamar a la protesta y respaldar de palabra las acciones de
lucha convocadas por los diferentes sectores estatales.
Para salvar lo que queda los trabajadores debemos obligar a la dirigencia
sindical a abandonar su política cobarde y capituladora y retomar el
camino de la unidad para movilización. En lo inmediato luchar por concretar
el Paro Estatal Indefinido, unificando los conflictos y llamando a los demás
sectores sociales afectados por el plan de Uribe y el imperialismo a sumarse
a la movilización.
Sebastián Marlés
Recuadro 1
Colombia ya no se mueve con el 09
Al finalizar su mandato, César Gaviria reconoció que el momento
más crítico de su gestión fue la huelga de los trabajadores
de Telecom de 1992. El intento de privatizar la empresa en ese momento fue respondido
con un cese de actividades que no sólo paralizó las comunicaciones
telefónicas sino todas las transacciones financieras nacionales e internacionales
del país. El gobierno tuvo que retroceder, aunque castigó la osadía
de los sindicalistas encarcelando a la mayoría de los directivos durante
once meses, acusándolos de terroristas. Efectivamente a la burguesía
le produjo “terror” constatar su vulnerabilidad frente a la lucha
de los asalariados. A partir de allí tomó la decisión de
desmontar Telecom.
Durante diez años sucesivas administraciones conspiraron para debilitar
la empresa y los sindicatos. Se impidió que Telecom participara en el
negocio de la telefonía celular —que permite el desarrollo inalámbrico
de las telecomunicaciones, volviendo obsoleto el tendido de redes— y se
le impusieron onerosos contratos “joint venture” (riesgo compartido)
con compañías transnacionales para la expansión del servicio,
sobre la base de cálculos fraudulentos para llevarla a la quiebra . Al
mismo tiempo pusieron a competir por el mismo mercado a varias empresas estatales
como la Empresa de Teléfonos de Bogotá o Empresas Públicas
de Medellín, mientras a las compañías privadas se les permitía
utilizar la infraestructura de las públicas. Negocio redondo. Pero, a
pesar de esa política conciente de destrucción del patrimonio
estatal, Telecom sigue siendo el operador de comunicaciones más grande
del país. Con 2'700.000 líneas telefónicas tiene el 38%
del mercado nacional. Ofrece telefonía básica en 4.000 localidades
(en 725 es el único operador). Por eso Uribe necesita privatizarla para
entregar el negocio a las transnacionales.
La estrategia de la burguesía funcionó. La mejor prueba de ello
es que, cuando el gobierno anunció la liquidación de la empresa
y militarizó las instalaciones, la capacidad de los trabajadores de paralizar
las comunicaciones se había reducido al mínimo. Sólo fueron
aislados algunos municipios menores y el plan de contingencia lo garantizan
técnicos al servicio de empresas extranjeras y trabajadores por contrato.
La moral de los trabajadores también se había debilitado: pocas
semanas antes la administración ofreció un plan de pensiones anticipadas
al que se acogieron más de un millar de empleados, la mayoría
de ellos afiliados al sindicato.
A pesar de lo adverso de la situación un núcleo significativo
de trabajadores se mantiene firme en la defensa del carácter estatal
de Telecom y sus derechos colectivos. Es urgente que alrededor de ellos se articule
la solidaridad y la unidad del movimento estatal, para demostrarle a Uribe que
si con el 09 Colombia ya no se mueve, con los trabajadores sí.
Recuadro 2
Autopsia para el ISS
En nuestra edición pasada afirmábamos que la política
gubernamental tenía al ISS en estado de coma. Con el decreto de reestructuración
Uribe lo ha descuartizado para hacerle la autopsia.
Expedida la Ley 100 los empresarios privados creyeron haber hecho el negocio
del siglo. En el caso de cesantías y pensiones fue así. El Estado
tuvo que asumir una deuda que antes no existía pues el régimen
anterior se basaba en la solidaridad transgeneracional: los jóvenes de
hoy cotizaban para sostener a sus padres y abuelos a quienes debían los
años de crecimiento y formación educativa. Hoy esos fondos privados
manejan especulativamente cuentas multimillonarias que son el ahorro de cesantías
y pensiones.
Pero en la salud la competencia fue a otro precio. Se requerían centenares
de miles de afiliados al sistema para que los cotizantes sanos y de altos ingresos
compensaran a los pobres y enfermos. Esa economía de escala era la que
manejaba el Seguro Social. Por esa razón era necesario quebrarlo legalmente.
Como integraba aseguramiento, riesgos profesionales, pensiones y servicio de
salud, tenía un juego financiero más flexible. Inicialmente la
afiliación creció, pues a pesar de la campaña de desprestigio
a que fue sometido, cualquier trabajador sabía que en tratamientos costosos
o enfermedades ruinosas el ISS era insuperable. El gobierno entonces, a través
de la Superintendencia de Salud, lo sancionó impidiendo la afiliación
y la renovación de los afiliados.
Uribe le ha dado el golpe de gracia al separar la funciones financieras de
las de prestación de servicios, al tiempo que lo desintegra en siete
Eses (Empresas Sociales del Estado) por regiones.
Pero el objetivo principal es liquidar los derechos laborales de sus servidores.
De los 17.605 trabajadores que tenía el ISS, 2.921 permanecerán
en las áreas de seguros y administración de pensiones. De los
13.870 que pasarán a las Eses, 2115 preservarán los beneficios
de la convención colectiva, mientras que los 11.755 restantes serán
clasificados como empleados públicos, de libre nombramiento y remoción.
En realidad todos los trabajadores se encuentran en situación de interinidad,
mientras se demuestra que las nuevas empresas “son viables”. Por
esta vía el gobierno se quiere ahorrar costosas indemnizaciones con los
inevitables despidos masivos.
Recuadro 3
USO, no USA
La privatización de Ecopetrol será "refinada". Conciente
de la capacidad de lucha que aún tienen los trabajadores petroleros y
la influencia política que ejercen sobre sectores importantes de la población
que serán afectados por el desmonte de sus garantías laborales,
como ocurre en Barranca (similar a lo que ocurrió hace veinte años
con los portuarios en Buenaventura) Uribe se propone la liquidación paulatina.
La empresa ha sido dividida en Ecopetrol S.A. y la Agencia Nacional de Hidrocarburos
(ANH). La primera conserva a los actuales trabajadores con los derechos contemplados
en su convención colectiva (los que aspira a reducir vía el tribunal
de arbitramento para la negociación en curso) y seguirá administrando
los actuales recursos. La ANH será la encargada de otorgar los nuevos
contratos de exploración y explotación y manejar las regalías,
tiene también bajo su control la litoteca (toda la información
geológica que permite definir las áreas más promisorias
para la exploración) y sus empleados serán de la nómina
de Ecopetrol, en calidad de encargo. No sobra agregar que toda la infraestructura
de transporte (oleducto) podrá ser utilizada por las compañías
extranjeras.
Uribe asegura que Ecopetrol no se privatizará pues los inversionistas
serán las propias entidades estatales, pero según la legislación
comercial toda Sociedad Anónima (S.A.) tiene que abrirse tarde o temprano
a la inversión privada y, si se le colocan obstáculos, la Organización
Mundial de Comercio (OMC) impondrá su ley. A los trabajadores se les
ofrece la oportunidad de ser “inversionistas” para que arriesguen
su fondo pensional (que cuenta con más de cuatro billones de pesos).
Lo que el gobierno no dice es que Ecopetrol S.A. administrará pozos cuya
producción está en proceso de declinación y que la infraestructura
de extracción y refinación es obsoleta. Además la posibilidad
de expansión a nuevas áreas y su desarrollo empresarial estará
limitado por la competencia con la transnacionales petroleras que serán
privilegiadas por la ANH.
No es casual que recién invadido Irak por los United States of America
(USA) con el objetivo de apoderarse de su petróleo, el gobierno de Uribe,
sumiso lacayo de Bush, imponga por decreto las condiciones para que las petroleras
imperialistas puedan saquear a su antojo este recurso natural en Colombia. Recordemos
que el propio gobierno norteamericano destinó presupuesto especial para
la vigilancia del oleoducto.
Con la privatización de Ecopetrol no sólo pierde
la Unión Sindical Obrera (USO), a la que se debe la nacionalización
del petróleo, sino todo el pueblo colombiano, por los beneficios sociales
que se han derivado de este monopolio estatal sobre el petróleo y cuyas
utilidades ahora pasarán al bolsillo de los empresarios privados nacionales
y extranjeros.
Continúa la masacre contra el movimiento obrero,¡Detengámosla!
Entre 1991 y el 2002, 160 dirigentes y activistas sindicales han sido asesinados
al año en promedio, según informe de la Escuela Nacional Sindical.
En total, en el periodo, 1.937 de asesinados. Todos los organismos internacionales
coinciden en afirmar que Colombia es lugar más peligroso del mundo para
el ejercicio de la actividad sindical. El movimiento obrero colombiano soporta
el 96% del total de asesinatos cometidos contra el mismo en América Latina,
184 en el año anterior sobre un total de 213. A lo anterior tenemos que
agregar los varios miles asesinados la década de los 80 al 90 y los miles
que han tenido que huir del país hacia el exterior, para salvar su vida,
o han tenido que desplazarse, alejándose o debilitando su actividad sindical.
Son cifras y afirmaciones que a cualquiera con un mínimo de sensibilidad
le llevarían a reaccionar, y a intentar hacer algo. Pero no siempre es
así.
La OIT, ¡impasible!
En el papel, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tiene
como una de sus funciones vigilar que los gobiernos cumplan y hagan cumplir
unas normas mínimas de protección a los trabajadores, tanto en
la actividad laboral directa como en el ejercicio de sus derechos a través
de la actividad sindical.
Pero eso es en el papel. En la práctica todas sus decisiones están
determinadas por las conveniencias políticas y económicas en las
relaciones entre los diferentes gobiernos, organizaciones patronales y direcciones
sindicales, cuyos representantes allí confluyen. Se trata en últimas
de un gran tribunal del arbitramento en el cual siempre, en las decisiones trascendentales,
hacen mayoría los representantes de los gobiernos y de los patronos contra
los trabajadores.
La masacre a la que está siendo sometido el movimiento obrero colombiano
fue puesta a consideración de la OIT en su reunión del pasado
mes en Ginebra, Suiza. Ya desde hacía varios años existía
la solicitud de que la OIT conformase una Comisión de Encuesta para encargarse
del asunto pero siempre la decisión se aplazaba. Al ser sometido una
nueva resolución en este sentido, el pasado 20 de junio la OIT la negó
con la votación unificada de los 14 representantes patronales y 12 de
los 14 representantes gubernamentales en contra, frente a los 14 representantes
de los trabajadores.
La OIT, que le quede claro a quien quiera entender, actúa igual que
la ONU y toda esa gama de organizaciones internacionales similares: dando la
apariencia de imparcialidad, de defender los derechos de los más necesitados,
etc., etc. pero a la hora de la verdad son agencias que le acolitan al imperialismo
y a sus gobiernos sus actos de masacre y de guerra contra los trabajadores y
pueblos del mundo. Así quedó claro con el papel de la ONU frente
a la invasión yanki a Irak y ahora con el papel de la OIT frente a la
masacre al movimiento obrero colombiano.
Lula, ¿qué defiende?
En América Latina el movimiento obrero más poderoso y organizado
es el brasileño. El actual presidente del país, Lula, se formó
en ese movimiento obrero. Millones y millones de obreros y trabajadores brasileros
votaron por él, con la vana ilusión de que aplicaría políticas
y medidas a favor de los trabajadores. Sin embargo, cada paso y medida del gobierno
de Lula está determinado por otros intereses: mantener la confianza del
imperialismo y las buenas relaciones con los gobiernos y burguesías de
los países vecinos.
Así quedó demostrado en la reunión de la OIT donde el
delegado del gobierno brasilero, del gobierno de Lula, votó contra la
conformación de la Comisión de Encuesta para Colombia. Es decir,
escupió sobre los miles de dirigentes sindicales y activistas asesinados
en el país en los últimos años; ayudándole al gobierno
de Uribe a obtener un triunfo político y propagandístico. El movimiento
obrero brasilero y latinoamericano no debe perdonar al gobierno de Lula esta
bofetada que la ha propinado al movimiento obrero más perseguido y masacrado
del continente.
¡Detener la masacre!
Desde hace muchos años, los socialistas afirmamos que sólo con
gigantescas movilizaciones y huelgas nacionales era posible detener la mano
de los asesinos. Señalamos que para ello era imprescindible la decisión
de la alta dirección sindical de organizar la parálisis total
del país cada vez que fuese asesinado un dirigente o activista sindical.
Pero la alta dirección sindical se negó a actuar de esta manera,
ello hubiese precipitado una crisis política total y los compromisos
o políticas de conciliación y colaboración de esos dirigentes
con los gobernantes de turno se lo impedían, e impiden aún hoy.
Las heroicas luchas de algunos sectores, enterrando semana a semana sus muertos,
se fueron debilitando. La burguesía y sus distintos gobiernos, apretando
la otra parte de las tenazas, eliminaron los derechos de millones de trabajadores
colombianos. Hoy el gobierno de Uribe está rematando lo poco que queda.
La dominación y opresión sobre el proletariado colombiano, mínimo
en las últimas dos décadas, ha unido indisolublemente la masacre
física, el asesinato, el desplazamiento forzado de los dirigentes, con
la masacre generalizada de los derechos a través de leyes y decretos.
En ese sentido, premeditadamente o no, como un plan pactado previamente o no,
todos los gobiernos y sectores burgueses son responsables en ambos terrenos.
Algunos empresarios contratan la banda paramilitar para amenazar o asesinar
al dirigente sindical que les causa problemas, el gobierno se hace el de la
vista gorda, no investiga, no detiene a los culpables. Algunas veces se lava
las manos otorgando unos cuantos pesos para «protección a los dirigentes»
o un cuerpo de escoltas. Permite o facilita la masacre de miles. Entretanto,
liquida empresas, despide trabajadores, deja que los patronos hagan y deshagan,
hace aprobar reformas laborales y pensionales que arrebatan hasta los más
mínimos derechos.
Por lo anterior, para poder dar pasos en el sentido de detener la masacre
es necesario en primer lugar hacer un viraje completo en cómo debe relacionarse
el movimiento obrero con los gobiernos de turno. Las políticas de concertación
y conciliación, de «lobby» parlamentario, han fracasado completamente.
Hay que reorganizar todas las fuerzas hacia la lucha callejera, hacia la movilización
masiva, hacia la organización de miles y miles en el enfrentamiento a
los planes gubernamentales. Ello no es fácil, pero no es imposible. Incluso
en países vecinos hemos visto cómo es posible tumbar gobiernos
o hacerlos retroceder de sus planes y si se conforma una dirección del
movimiento que avance en este camino las masas trabajadoras responderán
y se movilizarán.
Luis García
¿Qué es el Tratado de Libre Comercio? No ALCApitalismo
Antecedentes
El proceso ALCA se inició con una primera ronda de discusiones en 1994
al calor del “Consenso de Washington”, un “acuerdo”
de implementación de las políticas neoliberales a escala global
impulsado por los EUA. En todos los países de América Latina se
aplicaron entonces los modelos aperturistas y privatizadores que, atados a los
préstamos internacionales y las políticas del FMI, quebraron todas
las economías de la zona, siendo los casos más reveladores los
de los gigantes económicos México, Brasil y Argentina que colapsaron
en 1998, 99 y 2001 respectivamente.
Los indicadores sociales mundiales (hambre, miseria, desempleo, analfabetismo,
cobertura de servicios básicos y salud) retrocedieron al nivel de los
años 70, echando por la borda décadas de conquistas arrancadas
al capital en duras luchas. Los países del ex “socialismo real”
sufrieron y sufren un descalabro social que los ha convertido en economías
semicoloniales. En Latinoamérica la situación ha retrocedido al
nivel de los países de Africa y en algunos aspectos incluso peor. Paralelamente
se ha dado un proceso de concentración de la riqueza en las manos del
gran capital, el de la especulación financiera, las multinacionales y
los monopolios.
Según datos de las Naciones Unidas, el 20% más rico de la población
mundial recibe un ingreso 150 veces superior al 20% más pobre. En 1993,
el 78% del PIB mundial era apropiado por los países industrializados
(los del G7), mientras que a los demás países, que concentran
el 80% de la población mundial, solo les corresponde el 22% restante.
Como dato revelador, lo que se está globalizando en el mundo es la pobreza:
cada minuto 47 personas pasan a ser pobres, confirmando la creciente redistribución
del ingreso a escala mundial…a favor de los más ricos.
Colombia, fiel a la tradición entreguista de sus gobiernos, aplicó
el modelo aperturista aprobando en 1991 una constitución de amplio contenido
neoliberal (especialmente en cuanto a las normas que regulan la actividad económica),
implementando las medidas de la “Apertura Económica” gavirista,
que quebraron el agro y gran parte de la industria colombiana; las leyes 50
y 60 del 90 que desmontaron gran parte de las conquistas laborales en los sectores
privado y estatal y la ley 100/93 que privatizó la salud y las pensiones.
El proceso de privatizaciones entregó al capital multinacional los servicios
públicos y áreas claves de la economía, aunque la resistencia
de los trabajadores impidió una entrega más profunda. Internacionalmente,
el gobierno de Gaviria se prestó para liquidar el Pacto Internacional
del Café, hecho que a su vez quebró la economía cafetera
favoreciendo a las multinacionales tostadoras del grano.
Los peores pronósticos de quienes desde la academia, el movimiento
obrero y popular e incluso desde algunas esferas gubernamentales nos manifestamos
contra este modelo aperturista se cumplieron y en 1999 el país cayó
preso de la peor crisis económica de su historia: el desempleo alcanzó
el 20%, el subempleo casi el 40% de la población económicamente
activa; la pobreza llegó al 64 % de la población y no para de
subir y 7 millones viven en la pobreza absoluta. Mientras tanto la deuda externa
se sitúa en U$24.000 millones que representa más del 30% de toda
la producción nacional. El pago de capital e intereses de la deuda se
lleva cada año más del 50% del presupuesto nacional mientras se
cierran los hospitales, las escuelas y universidades, se liquida el patrimonio
nacional como con el caso de Telecom y Ecopetrol. Aparejado con ello, el sector
financiero “colombiano” (hoy concentrado en pocas manos, en su mayoría
extranjeras), realiza ganancias anuales (declaradas) de 2 billones de pesos
(6.17 millones de salarios mínimos) cabalgando sobre la miseria del pueblo.
Si presentamos este desolador panorama económico social es por una
simple razón: el El ALCA profundizará esta situación a
niveles cualitativamente superiores.
Proceso de Recolonización
La economía imperialista mundial, tanto la norteamericana como la europea
y asiática, se debaten en una profunda crisis económica. Desde
la crisis mexicana (Tequila) de 1994, pasando por la quiebra de Japón,
Singapur y Corea, de la que aún no se reponen, la debacle rusa de 1998,
la recesión europea desde 2000 y la actual desaceleración de la
economía norteamericana (que llevó el índice de la Bolsa
de Valores de Nueva York, el Dow Jones, a caer de 11.500 a finales de 2000 a
7.500 a comienzos de 2003) son los síntomas de la enfermedad crónica.
La profundidad de la crisis, la más duradera y generalizada desde la
segunda guerra mundial, determina que ya las medidas de “respiración
artificial” que se venían aplicando desde la década de los
70 (deuda externa, remisión de utilidades, contratos de explotación
de recursos naturales, mano de obra barata, comercio desigual), medidas que
buscaban evitar que la crisis llegara a EUA y no sean suficientes para mantenerlo
a flote, porque la crisis ya está en el corazón del monstruo:
la economía norteamericana. Se requiere de una profundización
cualitativa, a gran escala, de la sobreexplotación y el saqueo del “tercer
mundo”.
El ALCA es parte de una estrategia global de los EUA que incluye aspectos
económicos, políticos, militares e ideológicos, enmarcados
en lo que ha venido a llamarse el proceso de recolonización. Este proceso
de recolonización es una estrategia de carácter estructural, es
decir que no son pañitos de agua tibia sino que busca transformaciones
de fondo en la estructura de las relaciones económico-políticas
del imperialismo yanqui con los países del “tercer mundo”.
Podemos explicarlo mirando por separado algunos de sus aspectos más sobresalientes:
• Deuda externa: hasta los 90 la deuda externa fue un mecanismo de transferencia
de capitales desde las economías semicoloniales hacia las economías
imperialistas norteamericana y europeas. Hoy en día los préstamos
no sólo vienen atados a condiciones económicas desventajosas sino
que principalmente tienen como objetivo poner a funcionar las economías
en función del pago de la deuda externa. Por medio de acuerdos “stand
by” y “cartas de intenciones” el FMI controla las políticas
económicas gubernamentales (en Colombia el FMI pone al ministro de Hacienda),
dictamina qué se debe hacer en materia social, laboral, servicios públicos,
gasto público, privatizaciones, etc.
• Desnacionalización de las economías: No solo los países
no pueden implementar soberanamente las políticas económicas y
sociales, sino que deben entregar al capital multinacional los sectores estratégicos
del aparato de producción, los bancos, los servicios públicos,
los recursos naturales etc. desmontando todas las regulaciones que limitan la
entrada y salida del capital transnacional y las transferencias de utilidades.
• Estas políticas económicas antinacionales y antisociales
requieren de gobiernos dóciles hacia los amos imperiales y fuertes hacia
adentro. De ahí que las reformas económicas vayan aparejadas con
reformas en el régimen político, reformas de carácter antidemocrático:
recorte de libertades y garantías constitucionales, concentración
de poderes en el ejecutivo limitando los del legislativo y judicial.
• También se producen cambios estructurales en el terreno militar.
Los ejércitos han venido transformándose en ejércitos profesionales
(a sueldo), atados en el terreno estratégico al mando directo del departamento
de estado de los EUA y los generales yanquis.
Ingredientes
En el marco de este proceso de recolonización el imperialismo yanqui
pretende entonces imponer un Area de Libre Comercio de las Américas,
que compromete a los países Latinoamericanos a adoptar una serie de reformas
estructurales, reformas que en ningún caso comprometen a los Estados
Unidos. El proceso ALCA contiene nueve áreas de “negociación”:
-Servicios
-Inversiones
-Compras del sector público
-Acceso a mercados
-Agricultura
-Derechos de propiedad intelectual
-Subsidios y derechos compensatorios
-Política de competencia
-Solución de controversias
Para cada una de ellas se han establecido unos parámetros que muestran
claramente el carácter expoliatorio y ampliamente desventajoso para los
países Latinoamericanos:
• Desregulación total de los mercados por medio del desmonte
de todos los aranceles y las medidas de protección a la industria y agricultura
nacionales. Prohibición de todo tipo de subsidios, créditos de
fomento y financiación estatal de servicios públicos (incluyendo
educación y salud). Desregulación laboral (desmonte de conquistas
y garantías laborales, liquidación de la estabilidad, desmonte
del salario mínimo, limitación o eliminación de la actividad
sindical), levantamiento de las restricciones ambientales y de todas las restricciones
a la inversión extranjera, a la remisión de utilidades y en general
a la circulación de capitales, mercancías y servicios. Todo ello
con el objetivo de ofrecer a los inversionistas del gran capital un terreno
absolutamente abierto y darles las mejores condiciones para explotar mano de
obra y recursos naturales al menor de los costos posibles, garantizando así
tasas de ganancia “atractivas”. Sin embargo explícitamente
se parte de la base de que “los subsidios a la producción agrícola
e industrial y los aranceles que protegen a los productos estadounidenses no
están en discusión”.
• Las compras y contrataciones del sector público deben estar
abiertas a las transnacionales en iguales o mejores condiciones que para las
empresas nacionales, en particular en materia tributaria.
• Privatización de todos los servicios y bienes públicos
para convertirlos en mercancías sujetas a las leyes del mercado, convirtiéndolos
en negocios. Esto incluye por supuesto los servicios públicos como agua,
energía, teléfono, pero también educación (media
y superior), salud, carreteras, transporte y hasta los organismos de control,
la justicia, el sistema carcelario y la “seguridad”.
• El derecho de propiedad intelectual y patentes que permite la apropiación
de nuestra biodiversidad, saber tradicional y desarrollo técnico-científico
y cultural por parte de las grandes multinacionales dueñas de los mercados
farmacéutico, agroquímico, alimenticio y de la comunicación;
y que además son las que tienen la capacidad tecnológica para
desarrollar procesos de investigación sin el apoyo del estado.
• Avanzar en el proceso de dolarización de las economías
que significa, entre otras cosas, la subordinación de las políticas
económicas latinoamericanas a las políticas de la Reserva Federal
norteamericana, que controla al FMI y el BID. Este proceso se inició
ya desde comienzos de los 90. En Colombia, por ejemplo, la constitución
del 91 estableció como máxima autoridad económica a la
junta directiva del Banco de la República, una institución que
nadie elige y que está subordinada a las políticas dictadas por
el FMI.
• Para dirimir controversias entre los países y los inversionistas
extranjeros se establecen tribunales comerciales supranacionales privados que
se colocan por encima de los jueces y las cortes de cada país.
• Las transnacionales invierten sobre la base de ganancias “esperadas”.
Si sus proyecciones no se cumplen pueden exigir el pago de indemnizaciones a
los gobiernos. Es el caso de los leoninos contratos de “riesgo compartido”
que, por ejemplo, obligaron a Telecom a pagarle a las multinacionales gigantescas
indemnizaciones porque lo que ganaron no era tanto como esperaban ganar.
La sustancia para ellos, el raspao para nosotros
El plato que se está cocinando en el ALCA no se reparte por igual entre
los que participan. No se trata de un proceso de negociación sino de
una imposición, lo cual queda plenamente demostrado teniendo en cuenta
los siguientes elementos:
• No es un proceso entre iguales que parten de condiciones de negociación
y de desarrollo siquiera comparables. El peso de la economía norteamericana
es tan abrumador y la ventaja que llevan las corporaciones multinacionales tan
grande, que ninguna economía de los 33 países de la región
puede competir en ninguno de los terrenos en “discusión”.
“En general, el ALCA, ha sido calificado como un «modelo insustentable
de negociación». La inequidad es evidente, teniendo en cuenta que
el espacio NAFTA equivale a cerca del 90% del producto bruto del continente,
la siguiente economía, Brasil, escasamente llega a ser el 6%, Mercosur
en total no llega al 8% y la Comunidad Andina apenas un 1.5% estimado, por su
parte, Centroamérica en conjunto se acerca al 0.5%, algunos países
de las Antillas están en franca bancarrota.”
• La totalidad de los países del área están
absolutamente endeudados con los organismos multilaterales controlados por los
yanquis. Los nuevos préstamos, muchos de ellos contraídos para
pagar deuda, vienen atados al compromiso de avanzar en el proceso ALCA.
• El desmonte de aranceles y subsidios, la apertura de mercados, las
migraciones laborales, la desregulación en materia laboral y ambiental
y el levantamiento de todas las restricciones a la “libre competencia”
comprometen a todos los países, menos a los Estados Unidos. God Bless
America.
Hasta aquí hemos visto el marco general de lo que es el proceso ALCA.
Esto es lo que se está cocinando a nuestras espaldas y realmente huele
a podrido. Desde ya es necesario decir que no estamos porque se le agreguen
unos ingredientes a la receta y se le quiten otros como proponen algunos sectores,
sino que estamos por voltear el caldero y sacar a patadas al chef y sus ayudantes.
Manuel Agón
Habla Jorge Lerma presidente del sindicato de trabajadores de Telecom
“¿...y si no nos hacemos matar por esto, entonces por qué?”
El gobierno de Uribe acaba de expedir una serie de decretos con los cuales
liquida entidades estatales como Telecom, y abre el camino para la privatización
de otras como ECOPETROL y el Seguro Social. El Socialista entrevistó
a Jorge Lerma, presidente de la USTC (Unión Sindical de Trabajadores
de las Comunicaciones) para que explique a nuestros lectores el significado
del decreto 1615 que liquida a Telecom y el 1616 que crea una nueva entidad.
Uno de los argumentos que esgrime el gobierno para liquidar la empresa es
que los privilegios de los trabajadores y la carga pensional fueron los que
la llevaron a una situación de crisis y de inviabilidad financiera. ¿Qué
opina sobre esto?
La nueva empresa que se crea inicialmente es estatal. Se llama Colombia Telecomunicaciones
S.A., ESP; es decir, es una sociedad anónima y rápidamente permitirá
capital privado. Se crea única y exclusivamente para poder pagar los
contratos asociativos joint venture que hoy ascienden al monto de 1.800 millones
de dólares. De un contrato inicial de 600 millones de dólares
y un pago que ha hecho Telecom durante todo este periodo de un poco más
de 2.500 millones de dólares. La empresa la crean única y exclusivamente
para poder garantizarle a las empresas transnacionales que van a tener la plata
que ellos exigen. Un peso más que se les pague a las transnacionales
es regalado.
El primer decreto manifiesta que inicia el proceso de liquidación de
Telecom en virtud de la Ley 489 de 1998. Es una arbitrariedad porque con esta
ley no se podía liquidar a Telecom ni tampoco a las empresas teleasociadas.
La única ley que podría, eventualmente, permitir la liquidación
es la ley 142 pero se tenía que haber hecho todo un proceso de intervención
de la empresa con fines liquidatorios y duraría un mínimo de dos
años. De tal manera que el gobierno nacional para poder explicarle al
país de manera mentirosa el porqué quiere liquidar a Telecom y
crear una nueva empresa plantea que lo hace porque la carga laboral y pensional
de los trabajadores le impide la viabilidad de Telecom. La nueva empresa es
creada no solo para garantizar el negocio de las transnacionales sino para tapar
toda la corrupción y los errores que todos los gobiernos, desde Gaviria
hasta ahora, con todas sus administraciones al interior de Telecom han cometido
contra Telecom por haber suscrito esos acuerdos asociativos joint venture; donde
acordaron con la transnacional que si ella no recuperaba el 95% de su inversión
a los dos años, siendo un contrato de diez años, Telecom le pagaba
el 95%.
¿O sea que realmente la crisis de la empresa empieza en 1993, cuando
se firman los joint venture?
¡Claro! Ese es uno de los elementos determinantes. Y aún así
Telecom no tendría necesidad de liquidarse ni de transformarse porque
hacia el año 2005, el 100% de la facturación que hoy se divide
en el 80% para la transnacional y el 20% para Telecom, o el 90% y el 10%, pasaría
a esta última. Entonces Telecom estaría recibiendo, por solo ese
concepto de nuevos ingresos, más de 110 millones de dólares al
año.
Telecom hoy destina para pago de las transnacionales 460.000 millones de pesos
mientras que los salarios de los trabajadores y las prestaciones para el año
pasado fue de 167.000 millones de pesos, frente a un ingreso de un billón
800 mil millones de pesos y frente a un presupuesto, de 2 billones 400 mil millones
de pesos.
Si nosotros comparamos porcentualmente esos 167.000 millones no llegan ni
al 10% de los ingresos. Pero además se fueron trabajadores de Telecom
este año, en planes de pensiones anticipadas mentirosas, que demostrarían
que este año los ingresos de los trabajadores de Telecom no serían
167.000 millones de pesos, sino mucho menos. Podrían estar por el orden
de los 140.000 millones o 130.000 millones.
¿Hace algunos años, antes de que existieran los joint venture,
Telecom giraba plata al Estado, cuántos trabajadores tenía y en
qué condiciones laborales?
Y hasta después de firmados los joint venture. Telecom dejó
de ser esa empresa en donde el gobierno sacó como caja menor para diferentes
renglones de la economía. Después del año 1998 cuando el
gobierno hace la apertura de las telecomunicaciones, por un valor de 300 millones
de dólares, el gobierno entregó al sector privado un mercado que
hoy produce, 3.000 millones de dólares anuales. Telecom llegó
a tener como máximo 12.400 trabajadores a pesar que su nómina
aprobada era de 14.000. Si nos ubicamos en los años de 1990 cuando se
arranca con la apertura económica y de las telecomunicaciones aquí
en el país, estamos hablando de un total de 9.800 trabajadores. Era mucho
más de lo que hoy existe. Hoy somos 4.911. Las convenciones del 96 para
acá no han cambiado mucho y cubrían a todos los trabajadores.
O sea, no se puede decir que son los ingresos de los trabajadores los que debilitan
económicamente a la empresa porque en el 96, que fue cuando se hizo la
unificación de los trabajadores de antes del 93 y después del
93, se le pagaba la convención a absolutamente todos y los ingresos y
las utilidades de Telecom estuvieron por encima de los 400.000 millones de pesos.
Entrada la competencia, que fue advertencia de este sindicato en el 96, se
le dijo a los gobiernos: mire, ustedes no pueden abrir las telecomunicaciones
porque si las abren van a recibir 300 millones de dólares por una sola
vez y vamos a perder un mercado, en el año, de 3.000 millones de dólares.
Todo ese otro dinero que se le ha drenado por efecto de la productividad a Telecom,
se está yendo para el sector privado, que no pone absolutamente nada,
se han apropiado de las redes de Telecom, no le pagan un solo peso y todas sus
llamadas las pasan por las redes de Telecom.
¿De qué países son las transnacionales que tienen firmados
los contratos joint venture, con Telecom?
Hay dos japonesas, la Itochu y la NEC, una sueca, la Ericson; una alemana,
la Siemens, una franco-española, Alcatel y hay una de capital estadounidense
y canadiense, ambos norteamericanos, que es la Nortel.
La que ha salido más favorecida es la Nortel y es a la vez la que más
ha violado la ley en Colombia, porque la Ley 37 de 1993 dice que: primero, debe
hacerse a riesgo compartido. Ya explicamos que no hay riesgo compartido porque
los señores reciben el 95% de su inversión a los dos años
de iniciado el contrato. Segundo, dice que los equipos deben ser propios. Y
la Nortel, por ejemplo, no compró sus equipos sino que los alquiló
en Islas Caimán, para evadir los impuestos que determina la ley colombiana.
Entonces engañaron al país y a Telecom violando la ley que exige
equipos propios.
Un tercer elemento es que los repartos se deberían hacer entre utilidades
y pérdidas. Estos se han hecho solamente por ingresos brutos de Telecom.
Esos tipos se han llenado de plata con Telecom. Si le sumamos la cartera morosa
por la incapacidad de estas administraciones y a su vez, la prestación
a pérdida de la telefonía social, la rural, Telecom pierde 230.000
millones de pesos al año por este concepto. Pero además hay otro
problema, Telecom paga licencia del espacio radioeléctrico en esas zonas
donde está trabajando a pérdida. Hay pérdida en telefonía
rural, en el pago del espacio radioléctrico, en el pago de los joint
venture sumado a que los ingresos ya no son los mismos porque ese flujo de llamadas
que se daba antes de 1998 se ha reducido sin contar con la feria de contratos
innecesarios que se traducen en corrupción. Todo eso es lo que ha hecho
difícil la situación de Telecom. Hoy se hacen muchas más
llamadas que en el 98 pero se las reparten entre las empresas privadas y Telecom,
a pesar de ser la estatal la propietaria de toda la red nacional, pues las privadas
solo han tenido que aportar una cuenta bancaria. Cuando la empresa privada hace
una promoción a 80 pesos por llamada, gana. ¿Por qué? Porque
no son los propietarios de las redes y por tanto no tienen ni ingenieros, ni
técnicos, ni administrativos, ni área contable que tengan que
pagar. No generan costos de producción ni gastos administrativos. Estos
los asume Telecom y la ganancia neta se la llevan las empresas privadas.
En la izquierda hay un debate, porque esta política se viene aplicando
hace más de una década. ¿Quién enfrenta esta política
imperialista? Hay sectores que plantean que los trabajadores en alianza con
la burguesía nacional, ¿usted qué opina?
Hay que partir del hecho que en Colombia y en Latinoamérica no hay
oligarquía nacional. Las oligarquías además son internacionales.
Se comportan y piensan y actúan de igual manera aquí y en el mundo
entero. Lo que pasa es que las oligarquías nacionales tienen menos plata
que las oligarquías internacionales pero buscan el mismo propósito.
El que piense que hay que esperar que sea ella quien lidere esas banderas está
equivocado. Son tan entregadas que prefieren vivir de las migajas que le entregue
el capital transnacional. Si hubiera sido así con la misma apertura se
hubiera generado una confrontación brutal. Lo que le dijeron a la oligarquía
fue: ustedes cierren las industrias que tienen, que nosotros les vamos a importar
todo. ¿Y qué hizo esa oligarquía nacional? Prefirió
volverse comerciante y decir, si bueno, yo les compro lo que ustedes fabrican
por allá y yo vendo lo que ustedes fabrican. Ni aquí, ni en el
mundo liderarán nada. Tiene que ser el trabajador, la clase popular,
el campesino, quien esté llamado a organizarse y a liderar una lucha
de revolución. Uno de los problemas de las organizaciones sindicales
es que están pensando en sus meras reivindicaciones. Están pensando
en cómo mantienen ahí sus convenciones colectivas, pero nunca
hemos podido avanzar hacia el desarrollo de una sociedad diferente, con un modo
de producción socialista, que es el que anhelamos nosotros.
Volviendo otra vez a lo de la liquidación de Telecom. ¿Qué
le espera a los trabajadores de Telecom? ¿Qué van a hacer? ¿Qué
cree usted que hay que hacer? ¿Qué hay que plantearle a las centrales?
¿Cuál ha sido el papel de las direcciones de las Centrales Obreras
en esto?
Hay que hacer por parte de las Centrales una convocatoria nacional que no
solamente convoque al movimiento sindical sino a todo el movimiento popular,
que es el que está viviendo en últimas los resultados de esta
política, el incremento de los servicios públicos, en el agua,
en el alcantarillado, en la recolección de basuras, en la energía,
en todo, en la educación, en absolutamente todo. Yo no veo al movimiento
sindical, en el caso de las Centrales, en esa dirección; a pesar de que
tengo muy buenas amistades ahí y los respeto mucho, pero no los veo en
esa posición.
Me parece que en este momento tan especial...podría ser un buen detonante
para todo un movimiento popular que se pudiera levantar... no en contra de Alvaro
Uribe, solamente. Claro que ese es el agente del capitalismo y hay que derrocarlo.
Pero.. todo un movimiento popular para generar bases diferentes en el modo de
producción. Nosotros hacemos ese llamado también a la población
colombiana, no porque nos esté pasando esto hoy. Lo hemos hecho en el
pasado y lo vamos a seguir haciendo desde el escenario que nos toque. Y eso
sí, llamar a una pelea férrea, porque es que el movimiento sindical
viene planteando que es que no podemos hacernos matar por esto que está
pasando en Telecom porque hay otras luchas más adelante. Entonces nosotros
decimos: ¿y si no nos hacemos matar por esto entonces por qué?.
Yo digo que las luchas hay que vivirlas en su momento con la intensidad que
se requiere. Otra cosa es que uno termine derrotado. Pero nosotros tenemos que
ponerle corazón y si es preciso la vida a este movimiento por la salvación
de estas empresas que de alguna forma le han entregado, en medio de tanta crisis
algo de bienestar a la población.
Hay algunos dirigentes sindicales, que opinan que ante esta arremetida tan
terrible y el avance de los planes neoliberales lo que hay que hacer es convertirse
en socios de las empresas. ¿ que opina usted?
¡No! Ese planteamiento lo vinieron haciendo desde el 90. En el 92 lo
hicieron antes del paro. Desafortunadamente ayer escuchaba al presidente del
Sindicato de Cajanal, quien de manera, yo diría inconsecuente, planteaba
que ellos están por la transformación en empresa de economía
mixta para salvarla. Los trabajadores si compran participación de las
empresas no solamente los van a despojar rápidamente, como ya lo han
hecho en todo el mundo, sino que además van a ir en contravía
de su discurso, que es proteger el patrimonio público. Cuando uno compra
también privatiza. Entonces nosotros no estamos llamados a ser un grupo
de trabajadores, ahí si privilegiados, dueños de las empresas,
a la vez patronos, y a su vez quitándole un patrimonio a toda la población
colombiana. Nosotros no compartimos esa posición. El llamado nuestro
es para que los trabajadores de ninguna de las empresas del país se presten
para eso. Y por el contrario, para que de manera decidida sigamos en una lucha
por impedir que los gobiernos sigan regalando y entregando el patrimonio público.
¿Ustedes han establecido relaciones con sindicatos de trabajadores
de telecomunicaciones de otros países? ¿usted como ve esta lucha
en el terreno internacional, qué habría que hacer?
Yo creo que ustedes nos pueden ayudar mucho, por esa actitud que siempre han
tenido. Nunca, en ningún proceso hemos dejado de verlos, hemos dejado
de ver el apoyo del Partido Socialista de los Trabajadores. También hay
otras fuerzas, uno no puede negar que han estado.. pero de esa manera incondicional
nunca... destacamos esa valiosa colaboración. Tenemos un contacto por
los lados del Canadá, precisamente, en donde el Sindicato homólogo
a nosotros nos ha dicho que nos puede colaborar en toda esta divulgación;
inclusive allá mismo, con la presencia nuestra allá, para denunciar
el comportamiento de la Nortel, de sus agentes que con ese comportamiento están
masacrando trabajadores en el campo laboral pero que también nos han
liquidado físicamente. Nosotros pedimos que en el campo internacional,
los compañeros de España, Francia, Italia, aquí en Centroamérica,
nos ayuden en la denuncia de este gobierno y que no dejen solos a los trabajadores
de Telecom porque nosotros al menos la fuerza que nosotros representamos esta
con todo, pero absolutamente con toda la conciencia, el corazón y la
razón puesta para defender nuestra trinchera.
INTERNACIONAL
Perú
Al Perú Posible de Toledo lo rechazan las masas
El mes de mayo fue para el Perú un mes de protestas. Los sindicatos
informaron que 1.8 millones de trabajadores, estudiantes y campesinos participaron
en un movimiento de huelga y movilización con toma de carreteras y concentraciones
en las principales ciudades a nivel nacional, contra los planes del gobierno
de Alejandro Toledo, que son los mismos que se están implementando en
todos los países y que son dictados por los organismos imperialistas
internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco mundial.
Para frenar las manifestaciones que completaban dos semanas y que cada día
se generalizaban más, el 27 de mayo el presidente Toledo decretó
el estado de emergencia por 30 días (Estado de sitio), sin embargo esta
medida produjo el efecto contrario. Los ánimos de los manifestantes se
exacerbaron y las protestas se radicalizaron y se extendieron a otras ciudades.
Hubo al menos un muerto, varias decenas de heridos entre manifestantes y policías
y cerca de una centena de detenidos. La situación fue tan difícil
que el Departamento de Estado de Estados Unidos alertó a viajeros y residentes
norteamericanos sobre la crítica situación del país.
El gobierno acosa...
Alejandro Toledo formado como economista en Harvard, fue funcionario del Banco
Mundial y de la ONU, organismos imperialistas que influyen directamente en los
planes económicos y políticos de los países semicoloniales.
Elegido en diciembre de 2000 como presidente de la república, asumió
el poder en julio de 2001 en nombre del movimiento político “Perú
Posible” haciendo muchas promesas que no ha cumplido, entre ellas duplicar
el salario de los docentes y crear empleo. Ha hecho todo lo contrario, congelar
los salarios y aumentar el desempleo con el propósito de cumplirle a
los organismos internacionales lo que ellos le han dictado. Por eso cínicamente
afirmó que “somos lo mejores alumnos de los organismos de crédito
internacional, pero la gente se impacienta porque no ve las mejoras en sus bolsillos”.
La consigna con la que logró ganar votantes era: “soy un indio,
terco y rebelde con causa”. Lo que no dijo era que su causa era la defensa
de los organismos imperialistas y sus propios intereses, y que iba aplicar planes
antiobreros tercamente. Una de las primeras medidas que intentó imponer
fue el aumento salarial suyo, como presidente y el de sus ministros, a 18 mil
dólares mensuales (un poco más de 52 millones de pesos colombianos).
Nombró como jefe de gabinete a Roberto Dañino quien es uno de
los consultores mas respetados por Wall Street y a Pedro Pablo Kuczynsky, defensor
a ultranza del “neoliberalismo”, como ministro de hacienda. En octubre
de 2002 las protestas obligaron a Toledo a reemplazar a estos dos personajes
para calmar un poco el descontento. Toledo también prometió combatir
la corrupción que había devastado al país durante el gobierno
de Alberto Fujimori, pero al poco tiempo se desató un escándalo
cuando se hizo público que la primera dama recibía 10 mil dólares
mensuales como honorarios por parte del Banco Wiesse, el mismo banco que tejió
negociados con el ex asesor de inteligencia de Fujimori Vladimiro Montesinos,
hoy encarcelado por el delito de corrupción.
... y el hambre también
Los trabajadores son acosados, de un lado por el gobierno con sus planes económicos
y de otro por el hambre. El 62% de la población vive en condiciones de
pobreza extrema. El desempleo, según cifras oficiales, es del 10.6%,
pero el 52% de la población subsiste mediante el trabajo informal con
un promedio de 2 dólares diarios. El salario promedio de los trabajadores
es de 130 dólares (370 mil pesos colombianos) y el de los maestros de
170 dólares (490 mil pesos aproximadamente). La movilización de
mayo logró arrancarle a Toledo la promesa de aumento salarial. El problema
es que hoy pretende hacer una maniobra. Aumentar el salario con dinero que salga
de un nuevo aumento de impuestos a los trabajadores en telefonía y ahorros.
A esto el principal representante de los empresarios, Leopoldo Sheelje, presidente
de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas
(Confiep), recomendó, como salida para evitar la aplicación de
medidas tributarias, incrementar el Impuesto General a las Ventas en 0.5%. Es
decir que si los trabajadores piden aumento de ingresos el gobierno, la burguesía
lo hace sobre la base de aumentar los impuestos a la población. Ante
esto las centrales obreras están convocando nuevamente a la movilización.
De la corrupción de Alan García a la de Toledo, pasando por
la de Fujimori
La corrupción no es un mal de nuestra época. Es una característica
del capitalismo, lo que sucede es que la crisis económica en combinación
con la política de desmantelamiento del "Estado de bienestar"
y la sed de saqueo imperialista lleva a que todos los gobiernos y altos funcionarios
aprovechen sus puestos para llenar sus bolsillos, no importa de que país
sean o de que gobierno sean. Mientras sean gobiernos capitalistas siempre estarán
acompañados por la corrupción.
Pero además la burguesía utiliza la corrupción para hacer
campaña, engañar a las masas y turnarse el poder. En el caso de
Perú el gobierno de Alan García que gobernó entre 1985
y 1990 fue acusado de corrupción. En 1990 subió al poder Alberto
Fujimori con el lema de combatirla; tras más de 10 años en el
poder, fue acusado de corrupción y en noviembre de 2001 anunció
desde Japón que renunciaba a la presidencia y no regresaba al país.
Alejandro Toledo hizo campaña para ganar las elecciones también
en nombre de la lucha contra la corrupción y hoy está envuelto
en ella.
Ahora el círculo comienza nuevamente. Esta vez quien está haciendo
campaña anticorrupción como parte de la campaña electoral
es nuevamente Alan García y su partido Alianza Popular Revolucionaria
Americana (APRA). Pero Fujimori no se queda atrás y desde Japón
está anunciando que volverá a Perú a combatir la corrupción.
Esto es, cinismo sin límites.
Hoy la oposición burguesa, encabezada por el APRA, desde el parlamento
está impulsando el cambio de presidente del congreso para convocar elecciones
anticipadas porque creen que si Toledo sigue gobernando no puede controlar la
crisis social. Eso expresa la falta de desconfianza no solo de los trabajadores,
sino también de sectores importantes de la burguesía desde el
punto de vista de sus propios intereses.
No hay dirección a la vista... hay que construirla
Como ha sucedido ya en varios países, las masas resisten los planes
y luchan, y hasta tumban gobiernos. Sin embargo los planes pasan. Lo máximo
que se logra es disminuir el ritmo de aplicación. ¿Por qué
sucede esto?. Los trabajadores no han logrado construir una dirección
revolucionaria que se proponga ir a fondo en la lucha. Que proponga una alternativa
de gobierno obrero y un programa socialista. Las luchas se quedan a medio camino,
sin perspectiva ni continuidad. Entonces la burguesía y el imperialismo
logran desviar la lucha muchas veces al terreno electoral y montan un nuevo
gobierno como el de Toledo con promesas para resolver la situación pero
una vez en el poder vuelve y juega, gobierna para el imperialismo y las transnacionales
y la crisis para las masas se profundiza. No hay alternativa para las masas
si no construimos una dirección revolucionaria internacional. Por más
crisis que haya, en ausencia de una dirección revolucionaria el imperialismo
y las burguesías siempre tendrán salidas, reciclándose
o permitiendo que sectores reformistas asuman el poder para gobernar para ellos,
como está sucediendo en Brasil con Lula, en Ecuador con Lucio Gutiérrez
y en Venezuela con Chávez.
Fernando Graco
Recuadro
Algunas cifras
-Perú tiene una población de 27.5 millones de habitantes. El
72% en el área urbana.
-La superficie total de su territorio, islas incluidas, es de 1.285.216 km².
Es el tercer país más grande de América del Sur, después
de Brasil y Argentina.
-El 40% de los trabajadores asalariados están afiliados a los sindicatos;
Las principales agrupaciones son la Confederación de Trabajadores del
Perú (CTP) y la Confederación General de Trabajadores del Perú
(CGTP).
Palestina
La Hoja de Ruta... Trampa imperialista
Los distintos sectores del imperialismo se han unificado alrededor de un plan
de paz —denominado Hoja de Ruta— para Palestina y le han indicado
al gobierno de Israel que debe ejecutarlo y a los palestinos, que tienen que
aceptarlo. Dicho plan se ordena después de realizar bombardeos contra
la población palestina, destrucción de viviendas y asesinato y
encarcelamiento de activistas palestinos. Esta contraofensiva feroz hace parte
de la ofensiva imperialista en Medio Oriente después de la guerra en
Irak. Y ese plan de paz es una trampa.
La resistencia hace mella
El imperialismo está interesado en concretar un plan de paz, “cediéndole”
un pedacito de tierra a los palestinos para que construyan su Estado, respondiendo
a dos problemas:
El primero tiene que ver con la necesidad de estabilizar la región
del Medio Oriente y uno de los principales obstáculos es la resistencia
palestina. A esto empieza a sumarse la resistencia iraqui contra el ejército
de ocupación imperialista que está produciendo bajas cotidianamente
y ataques a los oleoductos.
El otro problema es económico. La resistencia palestina, con los ataques
de hombres bomba, le ha producido a Israel, 29 mil millones de dólares
en pérdidas desde que se inició la segunda intifada hace dos años
(y a los palestinos 6 mil millones de dólares). Ese es un volumen considerable
de pérdidas que el imperialismo necesita resolver en medio de la agudización
de la crisis de la economía mundial. Por eso el gobierno estadounidense
ha tenido que adoptar el viejo plan de paz del imperialismo europeo y ponerlo
a andar.
Como la resistencia palestina ha hecho mella en el Estado de Israel, el imperialismo
ha definido la política de desarticularla y no permitir que se potencie
y unifique con la resistencia iraquí.
La Hoja de Ruta: apariencia de victoria que lleva a la derrota
La Hoja de Ruta fue elaborada por el imperialismo (Estados Unidos, la Unión
Europea y Naciones Unidas) y Rusia. Aceptada por Israel y la Autoridad Nacional
Palestina (ANP) y avalada por algunos países árabes como Egipto,
Arabia Saudita, Jordania y Bahrein. El plan establece un cronograma en tres
fases. En la primera que finalizó en junio de 2003, Israel se compromete
a desmantelar sólo los asentamientos del territorio que fue ocupado desde
marzo de 2001. La segunda fase va hasta finales de junio del 2004 y estudiará
la opción de crear un Estado palestino independiente, con fronteras provisionales,
para luego hacer una conferencia internacional que cree ese Estado Palestino.
La tercera fase supone la definición final de fronteras del Estado Palestino
en el 2005.
El plan establece que la ANP debe asumir las tareas de seguridad en las futuras
zonas evacuadas, garantizar el cese de las acciones contra los objetivos judíos
y la efectiva actuación de la policía palestina en caso de que
los servicios secretos israelíes descubran un ataque por parte de "elementos
aislados" contra Israel. Al tiempo, Israel se compromete a permitir el
libre movimiento de los palestinos en Gaza y dejará de ejecutar asesinatos
selectivos.
De otra parte, por presión de Egipto, Arabia Saudí, y Jordania,
tres de las agrupaciones palestinas armadas más importantes, el Movimiento
de la Resistencia Islámica (Hamas), Yihad Islámica, y las Brigadas
de Al Aqsa, han aceptado una tregua en sus ataques contra el Estado de Israel.
Pero han afirmado que la tregua es condicionada a que el "enemigo sionista"
"cese de inmediato toda clase de agresiones contra el pueblo palestino",
libere a miles de prisioneros palestinos sin condiciones previas, el fin del
confinamiento del presidente palestino, Yaser Arafat, y la finalización
de las agresiones a los lugares santos para el cristianismo y para los musulmanes,
así como los castigos colectivos, arrestos masivos y deportaciones de
palestinos. Finalmente amenazan con que si sus demandas no son cumplidas o son
violadas reconsiderarán la tregua y responsabilizarán a Israel
de lo que pueda suceder en el futuro.
Frente a la tregua, el viceministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon
Meir, ha advertido que "esta supuesta tregua es una bomba de relojería
porque deja intacta la infraestructura terrorista" y ha manifestado que
sólo es un engaño de las organizaciones palestinas para reagruparse
antes de volver a atacar.
Esperemos que el viceministro israelí tenga razón. Pues la tregua
no puede ser para favorecer la desarticulación de la resistencia, sino
para recomponerla y fortalecerla.
Los palestinos han luchado por destruir el Estado de Israel y recuperar su
territorio y su Estado. Objetivo que no solamente es justo sino que es la única
forma de lograr la paz para su pueblo. Pero cada vez aumenta la conspiración
y los enemigos contra este objetivo, no sólo externamente sino a su interior
como lo manifiesta la forma en que ha sido aceptado este tramposo plan de paz.
Con el acuerdo de Oslo negociado secretamente en 1993, entre el gobierno de
Israel y la dirección de la OLP (con el auspicio del imperialismo), se
abandonó el principal punto pro-gramático de la OLP: la lucha
por destruir el estado sionista. A cambio se aceptó su existencia y se
limitó la lucha a mendigar un pedazo de territorio para construir un
Estado pa-lestino equivalente al 22% del territorio de la Palestina Histórica.
La Hoja de Ruta aparentemente lleva a la paz. Y si vemos las imágenes
del ejército de Israel abandonando los territorios ocupados aparece como
un triunfo de los palestinos. Pero en el fondo es una trampa para desarticular
la resistencia, desarmar a los beligerantes e imponer la paz imperialista. Después
de desarticular la resistencia muchas variaciones pueden presentarse en el plan
de la Hoja de Ruta, incluyendo nuevamente la ocupación israelí
de los territorios que hoy se disponen abandonar.
La destrucción del Estado sionista condición para lograr la
paz palestina
Desde que el imperialismo organizó la ocupación de Palestina
y creó el Estado israelí se han discutido muchos planes de paz
que siempre han ido al fracaso por una sencilla razón: el estado de Israel
es de carácter expansionista. Eso es lo que explica porque cerca del
37% de los palestinos están hoy hacinados en bantustanes, otro 50% refugiados
en otros países y sólo el 13% vive en lo que hoy se conoce como
el Estado de Israel. La paz entre un agente invasor que tiene como propósito
expandirse desalojado al invadido no es posible. Este carácter ex-pansionista
lo demuestra la historia colonizadora de Israel que no se conformó con
el territorio usurpado a los palestinos sino que ocupó territorios de
otros países como Egipto, Jordania, Siria y el Líbano. A esto
hay que agregarle el carácter de gendarme del imperialismo para controlar
el Medio Oriente. No es posible una paz para los palestinos en el marco de dos
Estados uno judio y otro palestino.La única paz posible para palestinos
y judíos es con la destrucción del Estado fascista de Israel y
la reconstrucción del Estado palestino con un carácter democrático,
laico y no racista que además permita el regreso de cerca de los 4 millones
de palestinos expulsados.
Alejandro Pereira
Recuadro
Algunos datos
Superficie total 21.946 km². La Franja de Gaza tiene 360 km2 y Cisjordania
5.879 km2
Es decir 3.500.000 palestinos están hacinados en 6.239 kilometros (28%
del territorio) mientras que Israel con 4.900.000 ocupa 15.707 km². (72%
del territorio)
Población de Israel 4.900.000 habitantes.
Palestinos 4.500.000 habitantes. 3.500.000 en Gaza y Cisjordania y 1.000.000
en el resto del territorio.Fuera de ellos hay cerca de 4 millones que viven
como refugiados en otros países, la mayoría en Jordania.
La principal organización “sindical” de Israel es el Histadrut,
la Federación General del Trabajo. Funciona no sólo como un sindicato,
sino también como uno de los principales consorcios económicos
del país, con una gran variedad de empresas de carácter comercial
e industrial
Ecuador
Uribe y Gutiérrez encarcelan dirigentes sindicales petroleros
El pasado 21 de junio del 2003, el Juzgado 15 de lo Penal de Pichincha emitió
órdenes de captura con fines investigativos contra once obreros petroleros.
El sábado en la noche, Héctor Manuel Cachago fue el primero en
llegar a los calabozos de la Policía Judicial en Quito, según
se informó allí. El secretario general de Fetrapec, Faustín
Valencia, fue detenido en Esmeraldas. El Juzgado también emitió
órdenes de prisión por 24 horas en contra de Miller Quiñónez,
Diego Cano, Marcelo Román, Mario Escobar, Freddy Ron, John Plaza, Fernando
Villavicencio, Carlos Brito Garcés y Fausto Arroba Cueva.El Jefe de la
Policía Judicial de Pichincha está a cargo de tales detenciones
El presidente ejecutivo de Petroecuador, Pedro Espín asegura
que lo único que hace con el pedido de sanciones y de vistos bueno es
el de cumplir con la política del presidente Lucio Gutiérrez,
de sancionar a los causantes «de los ingentes perjuicios al Estado, a
la Empresa Estatal y al resto del país como consecuencia de impedir el
normal abastecimiento, transporte, producción, industrialización
y comercialización de hidrocarburos y sus derivados».
Esas medidas represivas son aplicadas por regímenes antidemocráticos
y dictatoriales como en el caso colombiano, donde actualmente el gobierno de
Uribe Vélez ha castigado con cárcel a 13 dirigentes sindicales
petroleros de la Unión Sindical Obrera, USO por oponerse a la privatización
de la empresa estatal ECOPETROL.
Llamamos a los trabajadores a nivel internacional a denunciar estas las medidas
represivas de Uribe y Gutiérrez contra los trabajadores petroleros exigiendo
que cese la persecución y por la libertad de los detenidos.
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