El
Socialista 588
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-La presente edición tiene como eje la lucha contra la intervención imperialista y la política de Seguridad Democrática y electoral de Uribe y la burguesía.
-En Nacional se denuncia el plan de guerra de Uribe contra los trabajadores, al tiempo que se profundizan los niveles de pobreza
-En Electoral llamamos a la abstención con relación al referendo y a anular el voto para las elecciones de corporaciones públicas. No apoyamos ningún candidato de izquierda porque todos tienen como programa la defensa de la "burguesía nacional" que produce para el mercado interno y no los intereses de los trabajadores y sectores populares.
- En Internacional continuamos con la campaña de apoyo a la resistencia iraquí y palestina, contra la ocupación imperialista y sionista.
- Denunciamos el terrorismo imperialista, presentamos una explicación frente a los actos terroristas de la resistencia iraquí y palestina y presentamos la posición del marxismo revolucionario frente al terrorismo individual.
- A 30 años del golpe militar en Chile, explicamos como, una de las causas de la derrota del ascenso que llevó al poder la Unidad Popular fue el caracter reformista y de conciliación con la burguesía del gobierno de Allende.
- Proponemos a nuestros lectores, organizar círculos de El Socialista, para discurtir el contenido de nuestro periódico y ayudar a organizar la lucha contra el plan de Uribe y el imperialismo y a construir un partido revolucionario. Escribanos a nuestra dirección electrónica con aportes, comentarios o críticas. Y los invitamos a vincularse a nuestro partido y al CITO.
email: pstcolombia@yahoo.com
El empantanamiento del ejército yanqui e inglés en Irak, que ha obligado al imperialismo a buscar el respaldo de las Naciones Unidas para legitimar la ocupación colonial del país; la crisis de la Hoja de Ruta (Plan de Paz imperialista) en Palestina y las negociaciones que el gobierno de Álvaro Uribe se ha visto forzado a iniciar con la guerrilla, a pesar de su retórica de guerra, mientras la Dirección Nacional del Partido Liberal llama a no votar el Referendo, son la expresión de que la ofensiva imperialista y burguesa contra los trabajadores y los pueblos del mundo enfrenta obstáculos que debemos aprovechar para tratar de recuperar parte del terreno perdido.
Mil millones de dólares semanales de costo y un soldado invasor muerto diariamente a manos de la resistencia en Irak, han obligado a los gobiernos de George Bush y Tony Blair a pedir el respaldo de la ONU a su ocupación genocida. A diferencia de Afganistán donde pudo encontrar cobertura a la invasión con un sector de la burguesía que se beneficiaba con el exterminio de los talibanes, en Irak el imperialismo no ha podido legitimar la ocupación constituyendo un gobierno estable. Todo lo contrario, la presencia de las tropas imperialistas ha provocado el inicio de una guerra de guerrillas en la que no sólo participan sectores leales a Sadam Hussein, cuyo ejército fue desintegrado con la invasión, sino diversos sectores de la población, que se arman espontáneamente para enfrentar militarmente al invasor. Por esta vía Irak amenaza con convertirse en un nuevo Vietnam que desestabilice el Medio Oriente y dificulte seriamente los planes colonizadores del imperialismo.
El movimiento antiimperialista que logró movilizaciones multitudinarias para rechazar la agresión tiene la posibilidad de relanzarse con una campaña internacional de solidaridad con la resistencia iraquí que exija el retiro inmediato de las tropas imperialistas, apoye militarmente la resistencia e impulse la unidad del pueblo árabe y musulmán para expulsar al imperialismo de la región y destruir el Estado nazi-sionista de Israel.
En Colombia, donde la movilización contra la guerra fue incipiente pero significativa, llamamos a todas las organizacioes de izquierda y gremiales de los trabajadores y a los luchadores antiimperialistas a sumarnos a esta campaña, pues nuestro país es otra víctima de la intervención militar yanqui a través del Plan Colombia y del respaldo del Departamento de Estado al régimen autoritario de Uribe.
Como parte de su ofensiva contra los trabajadores y el pueblo colombiano, y en cumplimiento de los acuerdos firmados con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno de Uribe está llamando a la población a dar su respaldo al Referendo, votando SI en las quince preguntas. Con el Referendo el gobierno persigue varios objetivos: primero, profundizar la subordinación del país a los dictados del imperialismo, pues sus términos fueron parte de las condiciones impuestas por el FMI para mantener los créditos internacionales; segundo, recortar aún más las escasas libertades democráticas a la oposición política y a las organizaciones de los trabajadores; y tercero, atacar los derechos sociales y laborales que conservan sectores organizados de los trabajadores, en sus convenciones colectivas o en la legislación laboral. Pero, por encima de todo ello, el Referendo pretende obtener un espaldarazo político al régimen autoritario de Uribe por parte de la población con el argumento de la lucha contra la corrupción oficial y por el desmonte de "privilegios". La mejor prueba de cuales son los privilegios que protege es que los grandes empresarios se han organizado en Colombianos por el Referendo para respaldar la campaña de Uribe. En la misma vía está el proyecto de reelección presidencial con el que Uribe y el sector burgués que representa pretenden mantenerse en el poder hasta el 2010.
Frente a este proyecto dictatorial los trabajadores debemos ser vanguardia en la lucha por la Abstención Activa, que es la consigna bajo la cual se unen hoy desde las organizaciones sindicales y populares, hasta un sector mayoritario de la Dirección Nacional Liberal que ha llamado a no votar. Esto ha provocado una crisis en las filas burguesas que los trabajadores debemos aprovechar para propinarle un golpe político al gobierno de Uribe, y la vía más expedita es el llamado decidido a No Votar el Referendo, organizando desde asambleas sindicales y encuentros populares que decidan colectivamente respaldar la campaña, hasta mítines de protesta llamando a la abstención, pasando por la más amplia discusión sobre las consecuencias nefastas de las medidas contempladas en este proyecto de contrarreforma constitucional.
En el mismo fin de semana en que se votará el Referendo se realizan las elecciones de alcaldes, gobernadores, concejos y asambleas. El gobierno de Uribe, que pretendió extender el período a los actuales mandatarios y corporaciones para obtener su respaldo al Referendo, buscará consolidar su régimen fortaleciendo las huestes uribistas y el control sobre los gobiernos locales. Lamentablemente, la situación de derrota que la burguesía y el imperialismo han impuesto a los trabajadores en el terreno social y laboral desde hace más de un década, y la política de concertación que ha impulsado la mayoría de la dirección del movimiento de masas y de izquierda, se ha traducido en el terreno electoral en candidaturas que no representan una verdadera alternativa revolucionaria. El ejemplo más patético es la candidatura de Luis Eduardo Garzón a la alcaldía de Bogotá que, a pesar de la expectativa que ha generado y su repunte en las encuestas de opinión, no se diferencia en lo más mínimo del proyecto antipopular que han encarnado las alcaldías neoliberales de Mockus y Peñalosa y que, todos los candidatos, incluído el propio Garzón, han elogiado por sus logros en la "cultura ciudadana", como la creación del monopolio privado de transporte Transmilenio y la privatización acelerada de los servicios públicos, cuyas tarifas hoy asfixian a la población. Las diversas listas encabezadas por dirigentes de izquierda y sindicales, no sólo en el Distrito Capital, sino en otras ciudades del país, respaldan proyectos similares. En lugar de colocar la tribuna electoral al servicio de denunciar la agresión imperialista a los pueblos del mundo, la ofensiva de contrarreformas de Uribe y su proyecto político dictatorial, compiten en demagogia con los candidatos liberales y conservadores en propuestas supuestamente "viables y realistas", cuando las condiciones de penuria de la población sólo pueden ser modificadas con medidas de fondo como la reestatización inmediata de todas las empresas privatizadas, el reintegro de los miles de trabajadores despedidos, la rebaja y congelación de precios y tarifas, el acceso libre y gratuito a la educación pública, servicio de salud pleno a cargo del Estado y planes de construcción masiva de vivienda digna para los marginados de las grandes ciudades y los desplazados por la violencia en el campo, el desconocimiento de la ladrona deuda externa, o medidas tributarias contra los ricos y no contra los pobres. Ninguno de los candidatos se compromete a implementar este programa revolucionario y a organizar a la población trabajadora y pobre para defenderlo.
Esta es la razón por la que el Partido Socialista de los Trabajadores, que ha luchado incansablemente por la unidad de la izquierda y los trabajadores para apoyar candidaturas de independencia de clase, llama a que en las próximas elecciones anulemos el voto, como una expresión de rechazo a los partidos de la burguesía y como un llamado de atención a quienes a nombre de la izquierda y los trabajadores nos llaman a que "concertemos" los planes de la burguesía y el imperialismo o directamente a apoyar representantes de la burguesía liberal y conservadora.
Bogotá, septiembre 12 de 2003
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El presidente Álvaro Uribe Vélez respondió en forma airada y beligerante a las documentadas denuncias de más de 80 ONG sobre violaciones a los derechos humanos durante su primer año de mandato.
El gobierno, en voz del presidente, clasificó a las ONG relacionadas con estos temas en tres categorías: "teóricos de quienes discrepo, pero a quienes respeto", "organizaciones respetables de derechos humanos" y "escritores y politiqueros que finalmente le sirven al terrorismo y que se escudan cobardemente en la bandera de los derechos humanos".
Señaló también el presidente que "aparecieron colectivos y abogados, aparecieron bajo uno y otro nombre, voceros del terrorismo". "Estos señores pueden saber que... una de nuestras decisiones políticas es aislar al terrorismo y que para aislarlo vamos a capturar a todos aquellos que delinquen por complicidad o por ocultamiento".
Refiriéndose a la parte del informe de las ONG en la cual se señala que en distintas zonas del país el Ejército ha adelantado redadas, capturando a decenas de personas que supuestamente son colaboradoras o auxiliadoras de las organizaciones guerrilleras, el presidente señaló: "Aquí no ha habido redadas como arbitrariamente lo dicen los politiqueros de los derechos humanos. Aquí hay una política con una estrategia. Y en uno de sus puntos esa estrategia ordena aislar a los terroristas, capturando limpiamente a todos sus auxiliadores".
No se necesita tejer muy fino para sacar las conclusiones. El presidente, sin tomarse la molestia de señalar nombres propios o presentar las pruebas concretas ante las autoridades de justicia pertinentes, ha levantado el dedo acusador sobre todos aquellos que critican su gestión en el campo de los derechos humanos. Los límites que coloca entre unas y otras organizaciones son lo suficientemente difusos para que los subalternos militares, cumpliendo juiciosamente la estrategia de guerra trazada, no se tomen la molestia de diferenciar. El señalamiento del presidente también le da alas a grupos que adelantan por su cuenta "la guerra", utilizando métodos menos "limpios", convirtiendo a las ONG y a todos sus miembros en blancos de cualquier clase de ataques.
Variadas y amplias expresiones de rechazo a nivel nacional e internacional se levantaron frente a las declaraciones presidenciales.
Susan Lee, directora de Amnistía Internacional para las Américas, señaló que "afirmaciones de esta clase podrían ser peligrosas, porque pueden ser comprendidas por sectores que tradicionalmente ven con sospecha a las [organizaciones] como señal para atentar contra ellas".
El magistrado de la Corte Suprema de Francia, Philippe Texier, se declaró preocupado y precisó que... "estigmatizar a las organizaciones de derechos humanos es muy peligroso, por cuanto es meter a la gente en peligro de muerte."
Cueste lo que cueste, el presidente Uribe y la amplia mayoría de la burguesía nacional que lo respalda, de la mano y bajo las órdenes del gobierno de los Estados Unidos, están decididos a dejar tendidos en el campo de batalla de una guerra generalizada a todos aquellos que ellos consideran terroristas. Y este calificativo es tan difuso que bien puede aplicarse a humildes pobladores que protestan por el alto costo de servicios públicos, a trabajadores que se lanzan a una huelga ante la intransigencia patronal o campesinos que defienden el derecho sobre un pedazo de tierra, en el cual sobrevivir con sus familias, ante las presiones que se ejercen para que lo abandonen.
Igual que lo hizo Bush para lanzarse a la ocupación de Irak, para el gobierno de Uribe las pruebas pueden llegar a importar poco, o se construyen e incluso se falsifican, como lo hizo su aliado el gobierno de Tony Blair.
Hasta ahora, el gobierno de Álvaro Uribe considera que la mejor manera de adelantar dicha guerra es recubriéndola con el manto de legalidad que le brindan los estatutos y leyes que le aprueba un Congreso subordinado. Esto es lo que denomina "capturar limpiamente".
Pero en ese recubrimiento jurídico legal el gobierno de Uribe está recortando drásticamente, o eliminando de tajo, derechos y libertades democráticas que la clase obrera y los masas populares de la ciudad y el campo deben defender, por que les brindan algunas ventajas para el desarrollo de sus luchas. Por eso los socialistas, al rechazar el conjunto de las medidas y políticas de guerra del gobierno de Uribe, expresamos nuestra disposición y hacemos un llamado a todas las organizaciones obreras, sindicales, populares, de campesinos pobres, de defensores de las libertades democráticas, a que constituyamos un acuerdo de unidad de acción y lucha contra todas las acciones y manifestaciones del gobierno que ataquen, cercenen o restrinjan dichas libertades democráticas.
Luis García
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En los últimos meses se han venido conociendo uno tras otro diversos
informes sobre la pobreza en Colombia. Ya las cifras no sorprenden a nadie y
mucho menos a los trabajadores que hemos venido soportando el peso de la crisis
económica que los gobiernos, la burguesía y el imperialismo han
descargado sobre nuestras espaldas. El modelo uribista promete profundizar esta
situación.
Las últimas cifras y análisis, contenidas en los estudios del
CID de la Universidad Nacional, de la CEPAL (Comisión Económica
para América Latina) y el informe de Desarrollo Humano encargada por
las Naciones Unidas, confirman una vez más lo que ya desde hace años
se viene repitiendo sistemáticamente: la pobreza avanza rápida
e inexorablemente por toda Latinoamérica y en grado aún mayor
en Colombia. El desempleo y las precarias condiciones de trabajo se profundizan,
mientras los planes económicos, que se aplican en todos los países,
mantienen el pago de la abultada deuda externa. Paralelamente las utilidades
y riquezas de los más ricos no dejan de crecer y las desigualdades sociales
se acentúan.
Especialmente revelador es el informe preparado por el Centro de Investigaciones
sobre el Desarrollo de la Universidad Nacional. No tanto por las escalofriantes
cifras, sino porque desmiente contundentemente algunos de los argumentos que
el gobierno, la burguesía y los acólitos del capitalismo nos han
querido vender como verdades incontrovertibles y muestras del "progreso".
El aumento del número de pobres en Colombia está por encima de las predicciones más pesimistas. En 1997 el 50.3% de los colombianos eran pobres es decir que no podían satisfacer sus necesidades mínimas de subsistencia en alimentación, vivienda, educación y salud. En 2002, según el estudio del CID son el 62.5%. Otros estudios, como el de la CEPAL, cifra en 22 millones el número de pobres, 10 millones de ellos indigentes, es decir que ni siquiera pueden satisfacer las necesidades alimentarias mínimas.
La consecuencia más evidente de la crisis económica es el desempleo. Las políticas neoliberales contraccionistas, aplicadas durante los años 90, y las actuales políticas enmarcadas en el proceso de globalización (de la pobreza), tienen en la calle al 17% de la población económicamente activa en Colombia y en la informalidad a otro 30% . El informe del CID muestra como al finalizar el 2002 hay "900.000 empleos remunerados menos de los que existían en 1994". Las condiciones salariales de los trabajadores hoy son sumamente precarias, a causa de las contrarreformas laborales que se han venido aplicando desde la ley 50 del 90. El informe muestra que hoy un obrero, en dólares, cuesta 17 veces menos que hace 5 años. El mismo DANE ha tenido que reconocer que los empleos que se están creando desde la última "reforma" laboral se dan en condiciones precarias, con salarios de hambre y sin acceso a salud, ni pensión, ni estabilidad. Vaya progreso.
La ley 100 de 1993, cuyo autor fue el malogrado aviador y ex ministro Juan Luis Londoño y cuyo ponente fue el hoy señor presidente, se expidió bajo el argumento de que privatizando la salud y las pensiones se aumentaría la cobertura y mejoraría el servicio. Durante años nos han querido mostrar las maravillas de este sistema con cifras engañosas y tergiversadas, cuando hoy, 10 años después de expedida la ley se confirma lo que muchos sectores sociales y políticos anticipamos que se iba a producir. El estudio del CID constata que la cobertura en salud ha bajado en 1.7 millones de personas en los últimos 5 años. "Hoy los hogares pobres tienen mayores probabilidades de enfermarse y menos probabilidad de ser atendidos" según el informe. Paralelamente se han cerrado o están en crisis total los hospitales de la red pública.
En pensiones, en términos cuantitativos, la situación es similar. Cada vez menos trabajadores tienen empleos estables que les permitan acceder a la pensión. Y cada vez las condiciones para pensionarse son más desventajosas: hoy habría que poder cotizar 26 años seguidos para poder pensionarse. En las actuales condiciones de empleo, millones de trabajadores nunca lograrán acceder a una pensión. La situación del ISS es catastrófica y bajo el actual esquema de la ley 100 no tiene solución. Ha habido un proceso de succión de afiliados y de recursos del ISS hacia los fondos privados que hoy concentran el 50% del "mercado" y recursos de 15 billones de pesos de los cuales no tendrán que desembolsar ni un peso en pensiones en un futuro cercano, mientras el ISS pasó de 3.5 millones de afiliados cotizantes en 1994 a 2.2 millones en 2001 y sigue bajando.
Un solo dato muestra la catástrofe: 3.5 millones de niños no tienen cupo escolar. En educación se viene implementando la cacareada política del "subsidio a la demanda", es decir que el estado se deshace de la responsabilidad de garantizar la educación a cambio de "subsidiar" a los estudiantes para que tengan acceso a ella. Pues bien, estos famosos subsidios, que en realidad son créditos como los de las hipotecas, van a para a las manos de los más ricos. El estudio del CID muestra como, para el 2000, casi el 50% de los subsidios los recibe el sector más rico de la población, participación que ha venido creciendo sistemáticamente desde 1992 cuando solo participaban con el 33%.
El coeficiente de Gini, que mide la concentración de la riqueza llega casi a 0.6, uno de los más altos del mundo y él más alto de Latinoamérica. El 10% más rico de la población gana 56 veces más que el siguiente 10% , pero paradójicamente es el que menos impuestos paga. En las manos de 12.000 latifundistas, entre los que se cuenta el señor presidente, se concentran 23 millones de hectáreas de tierras productivas, en gran parte adquiridas lavando dinero del narcotráfico y sacando a sus legítimos propietarios a punta de motosierra paramilitar. Mientras tanto 2.3 millones de campesinos pobres se reparten 2 millones de hectáreas. Estos datos del Informe de Desarrollo Humano encargado por las Naciones Unidas, indican además que el 0.4% de la población concentra el 50% de las tierras, mientras que el 69% solo tiene el 4.6% de ella. Como resultado Colombia descendió 14 puestos en desarrollo humano en los últimos años. Nos acercamos rápidamente a niveles africanos, con la diferencia que aquí la situación no se presenta por falta de recursos sino por los bajos ingresos de la población.
El informe de la CEPAL, citado en Portafolio del 26 de agosto, muestra que esta situación no se da solo en Colombia: "En el año 2002, el número de latinoamericanos que vivía en al pobreza alcanzó los 220 millones de personas, de los cuales 95 millones son indigentes, lo cual representa el 43.4% y 18.8% de la población respectivamente." El problema del hambre no está relacionado con una escasa oferta de alimentos sino con los muy bajos ingresos de la población. Se demuestra entonces la falacia de la argumentación gubernamental según la cual "el problema de la pobreza en el país se debe a que la guerrilla no deja progresar." Pues, que sepamos, en Latinoamérica no hay guerrilla por todas partes, ni mucho menos. La situación se debe más bien al terrorismo económico capitalista contra los trabajadores y el pueblo. Ese terrorismo si existe en toda Latinoamérica. A la década de los 80 se la llamo "la década perdida" para América Latina. A la de los 90, cuando se aplicaron los planes económicos neoliberales, se le llamará la década de la africanización del subcontinente. Y lo peor es que nos prometen más.
Lo que los informes no dicen es la conclusión que tenemos que sacar los trabajadores: el capitalismo nunca y en ninguna parte podrá dar a los trabajadores y los pobres del mundo alimentación, salud, educación, vivienda o siquiera un empleo en condiciones dignas. El capitalismo demuestra cada día y en todo el mundo que solo puede sobrevivir con respiración artificial quitándonos hasta el aire con la sobreexplotación y la guerra.
Hacia las elecciones del 26 de Octubre los socialistas propusimos a la izquierda y al movimiento obrero y popular que impulsáramos candidaturas unitarias de los propios trabajadores, sin alianzas con los candidatos de la burguesía, que levantaran un programa revolucionario que dé soluciones de fondo a los graves problemas que viven los trabajadores, los campesinos, la juventud y los pobres de Colombia. Este llamado no encontró eco: hoy nos encontramos con un sinnúmero de listas y candidatos inscritos a nombre del Polo Democrático Independiente (PDI), el Frente Social y Político(FSP), el Partido Comunista Colombiano (PCC), el Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario (MOIR), Dignidad Obrera y otros agrupamientos de tipo regional, muchos de los cuales presentan listas encabezadas por dirigentes sindicales o populares. De acuerdo a las conveniencias, en algunos lugares estos movimientos y partidos establecieron coaliciones y en otros apoyan candidatos de sospechosa procedencia. A pesar de la división algo los unifica: no impulsan programas revolucionarios sino plataformas tímidamente reformistas o abiertamente burguesas. Esta es la razón por la que los socialistas invitamos a los trabajadores a expresar su protesta en las próximas elecciones anulando su voto.
La brutal ofensiva del imperialismo y la burguesía contra los derechos de los trabajadores y la población pobre, nos coloca ante una disyuntiva de hierro: el socialismo o la barbarie. Por eso, no hay salidas intermedias como las que proponen utópicamente todos los reformistas, desde la socialdemocracia hasta la insurgencia armada.
Fieles a este razonamiento y apoyándonos en la experiencia de los revolucionarios marxistas siempre hemos participado en la contienda electoral con dos objetivos: agitar nuestro programa para la revolución y utilizar la tribuna para impulsar la movilización de los trabajadores contra la burguesía y el imperialismo. Estas dos actividades las ponemos al servicio de construir un partido de los propios trabajadores que esté en capacidad de conducirlos hacia la toma del poder.
Esta es la razón por la que consideramos de principio la defensa de la independencia de clase que en el terreno electoral se concreta en el respaldo a candidatos que encarnen el poder de la clase obrera, como los dirigentes sindicales y populares que se hayan destacado en la luchas, y un programa que no busque sólo reformar al capitalismo para ponerle "un rostro humano", sino que se proponga la eliminación de la propiedad privada sobre los medios de producción y borrar las fronteras que dividen las filas del proletariado mundial, por la vía de la revolución socialista.
Por eso la unidad por la que hemos batallado excluye no sólo a los candidatos de los partidos liberal y conservador, fieles defensores del orden de explotación y opresión que agobia a los trabajadores, sino también a sus programas políticos que pretenden perpetuar este orden, aunque en algunos casos se propongan introducirle tibias reformas para engañar a los electores.
Un claro ejemplo de ello es el programa y la listas de candidatos al Concejo que levanta el candidato del PDI Luis Eduardo Garzón. A pesar de provenir de las filas del movimiento sindical y la izquierda, su lema de campaña resume la concepción que tiene de cómo enfrentar los problemas que aquejan a la población pobre de la capital: "Elijamos un alcalde líder y renovemos el concejo de Bogotá, por una ciudad humana y moderna". Este lema podría ser adoptado por Juan Lozano, candidato del uribismo, respaldado por Enrique Peñalosa. En ningún momento Garzón se presentó como candidato de los trabajadores, no le interesaba. Y en uno de los foros en los que participó con los otros candidatos, al ser interrogado sobre por quién votaría en caso de no ser candidato, no tuvo vergüenza en afirmar que respaldaría a María Emma Mejía, candidata del serpismo.
El ascenso en la encuestas que adjudican a Garzón un segundo lugar, muy cercano al candidato Lozano, y lo postulan como probable ganador, ha llevado a los demás agrupamientos a respaldar su candidatura, para colincharse en el carro de la victoria. Desde luego, una votación alta por dicha candidatura expresaría de manera distorsionada el descontento de amplios sectores de la población con la gestión de Mockus y el gobierno de Uribe. Pero, lamentablemente, sería una frustración política más para los trabajadores, ya que no adoptaría ninguna medida radical para enfrentar problemas como el desempleo, las altas tarifas impuestas por las empresas de servicios privatizadas o el proceso de privatización de la educación pública en el Distrito Capital. El mismo Garzón ha afirmado que daría continuidad a proyectos como Transmilenio, que fue la constitución de un monopolio privado de transporte en Bogotá, financiado con la deuda del Distrito, que nos cobran a todos con impuestos cada vez más desmedidos. No ha mencionado siquiera la posibilidad de revertir las privatizaciones de la empresas de servicios públicos, o suspender el pago de la deuda del Distrito para adelantar un ambicioso plan de obras públicas que solucione el drama del desempleo.
Como tema de campaña Garzón ha reiterado que quisiera ser el Lula colombiano, refieriéndose al gobierno del exdirigente sindical brasileño. Es importante señalar que hoy Lula aplica el programa del FMI para su país, paga la onerosa deuda externa, mientras la mitad de la población se encuentra en la miseria, y ataca los derechos de los trabajadores brasileños que ya están enfrentado sus planes, como el desmonte de la seguridad social, con la movilización callejera.
Pero quienes apoyan a Garzón desde la izquierda no tienen propuestas más radicales. Es el caso de Héctor Bermúdez, presidente de la CUT Bogotá-Cundinamarca, y dirigente del PCC. En entrevista a Voz, el semanario de su partido, ha declarado que para resolver el problema más grave del Distrito, que según él es el desempleo, la solución sería crear un Banco Distrital, que maneje el presupuesto de la capital y le brinde crédito a los pequeños empresarios para que generen empleo (¡!). A este dirigente sindical comunista no se le ocurre que lo que el llama empleo no es más que la sobreexplotación miserable con que hoy se enriquecen los patronos grandes y chiquitos gracias al régimen laboral infame agravado por la medidas de Uribe.
También están los candidatos del Moir que levantan como programa la defensa de la producción nacional. Es decir la defensa de lo que ellos denominan la burguesía nacional, la que produce para el mercado interno. No hay derecho que dirigentes y partidos que se reclaman obreros no levanten un programa obrero, sino un programa para defender los derechos de los capitalistas.
Estos ejemplos de candidatos y programas "sindicales" y de "izquierda"
han hecho metástasis por todo el país. Y en lugar de expresar
un fenómeno progresivo que permita organizar un verdadero partido revolucionario,
son un nuevo obstáculo en ese camino.
Esta es la razón por la que debemos afirmar que en las próximas
elecciones no hay un programa al cual apoyar o un candidato por el cual votar.
Invitamos entonces a nuestros lectores y simpatizantes a impulsar la campaña
por la abstención contra el Referendo, y para darle continuidad a esta
acción de protesta, anular al día siguiente el voto a las corporaciones
y las alcaldías.
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El propio Presidente ha tenido que ponerse al frente de la campaña a favor del Referendo pues, a pesar del despliegue publicitario a su favor, la campaña por el SI no cuaja. Con esto Álvaro Uribe no ha hecho más que confirmar lo que la oposición ha planteado desde el año pasado: el Referendo, más que una consulta para acabar con la corrupción y mejorar las costumbres políticas de la burguesía, es un plebiscito con el que el gobierno busca respaldo político para sus planes. Quiere apoyo para la intervención del imperialismo en nuestro país con el Plan Colombia, el Alca y los acuerdos suscritos con el Fondo Monetario Internacional; para su regimen autoritario basado en el Plan de Seguridad Democrática, el Estatuto Antiterrorista, la Reforma Política y la reelección presidencial y para toda la cascada de contrarreformas que en el terreno laboral y social continúan desmantelando conquistas obtenidas con décadas de lucha del movimiento obrero y popular y descargando todo el peso de la crisis económica sobre las espaldas de los trabajadores. Pero, además de esto, las propias 15 preguntas que se le hacen al votante son otra trampa contra el pueblo.
Durante la campaña electoral Alvaro Uribe prometió demagógicamente
al pueblo colombiano, además de restablecer el orden público con
su Plan de Seguridad Democrática, acabar con la corrupción que
campea en las altas esferas del Estado. Ambas son tareas impuestas por el imperialismo
que necesita seguridad para sus inversiones y una burocracia estatal que no
robe tanto que lleve las instituciones burguesas al borde del colapso, como
ha ocurrido en Argentina y Venezuela. El objetivo es garantizar las ganancias
de los empresarios y el pago puntual de la deuda externa. Por eso Uribe propuso
una Reforma Política que supuestamente reeducara a los partidos y a las
instituciones del Estado, en particular al Congreso de la República,
desprestigiado por décadas de clientelismo y corrupción. Esa Reforma
debería ser aprobada convocando un Referendo.
El referendo es un mecanismo establecido por la Constitución de 1991
que permite convocar a la población para que mediante el voto apruebe
o desapruebe leyes o normas constitucionales que el gobierno, o una iniciativa
popular, pone a su consideración. Como requisito para que el referendo
sea válido tiene que votar, por lo menos, el 25% del censo electoral,
que actualmente es poco más de 24 millones de personas.
Aparentemente el referendo es "la apoteosis de la democracia", como ha declarado alguno de los que lo apoyan, pues es el pueblo el que con su voto decide. En realidad no es más que otro medio de manipulación del electorado que en su gran mayoría, sin siquiera haber participado en el análisis y discusión exhaustiva y colectiva de lo que se somete a votación, o siquiera alcanzar a leer y a comprender el mamotreto de preguntas que le entregarán, está siendo inducido a aprobarlo por los grandes medios de comunicación y la campaña publicitaria multimillonaria financiada por la coalición de empresarios y politiqueros autodenominada Colombianos por el Referendo.
Históricamente, referendos y plebiscitos han sido medios empleados por la dictaduras o gobiernos autoritarios para someter a los órganos de representación parlamentaria y a la población a sus arbitrariedades. Es el mismo objetivo que persigue el gobierno de Uribe. Esa es la razón por la que ha querido desconocer la legitimidad de la campaña por la abstención y la obligación que tiene de brindarle las mismas garantías que a quienes estén impulsando el SI o el NO.
Es necesario que los trabajadores demostremos nuestra decisión de derrotar el engendro dictatorial de Uribe pues tiene tres objetivos nítidamente antipopulares y proimperialistas que pretende imponer mediante el golpe de opinión del referendo.
El primero y fundamental es provocar un hecho político, un espaldarazo plebiscitario al plan de conjunto del gobierno de Uribe y el imperialismo. Una votación masiva y mayoritaria por el SI es un plebiscito de apoyo a las medidas que ha venido tomando, en particular en el terreno militar, de recorte de las libertades democráticas y fortalecimiento general del aparato represivo del Estado, todo su paquete de contrarreformas sociales y la avalancha de decretos de reestructuración del Estado, con los que ha liquidado a Telecom, privatizado a Ecopetrol y desintegrado al ISS, despidiendo a más de 40.000 servidores públicos.
El segundo objetivo es económico. Las medidas que no fueron aprobadas con las leyes de contrarreforma laboral, pensional y tributaria, el Plan de Desarrollo y los decretos de reestructuración del Estado, piensa imponerlas mediante el golpe dictatorial del referendo. Esa es la razón por la que proponen congelar el gasto público, el salario y las pensiones de los trabajadores del Estado, eliminar los regímenes especiales o suprimir las contralorías departamentales, para reducir el déficit fiscal.
Y el tercer objetivo es la Reforma Política propiamente dicha. Las preguntas que se refieren a ella buscan crear las condiciones para que los partidos burgueses tradicionales conserven el monopolio de la vida política nacional. La reducción del número de congresistas y la aplicación de la cifra repartidora impedirán el acceso de los partidos de oposición y de izquierda al parlamento o la limitarán al mínimo. Se reducirá aún más la representación de las minorías étnicas y políticas elegidas por circunscripción nacional haciendo más antidemocrático el Congreso. Con estas medidas buscan además reconstruir los partidos Liberal y Conservador, a los que el apetito burocrático de sus dirigentes ha disuelto en microempresas electorales con la táctica de la "operación avispa" y el juego de los residuos, como se verá de nuevo en las próximas elecciones con el voto preferente que introdujo el Partido Conservador en la Reforma Política recientemente aprobada.
La burguesía y el imperialismo quieren contar con partidos fuertemente
centralizados que serán, no menos corruptos, pero si más útiles
para su dominación. Quieren prevenir que se llegue a situaciones como
la de Venezuela o Ecuador, donde los partidos tradicionales entraron en bancarrota
abriendo espacio a alternativas políticas no confiables. En síntesis,
la cacareada Reforma Política no tiene como objetivo acabar la corrupción
sino reconstruir partidos burgueses fuertes, que garanticen mayorías
estables, en un Congreso más disciplinado y menos costoso, para que el
presidente de turno pueda imponer los planes del imperialismo y la burguesía
con el mínimo de oposición política. Por esta vía
Colombia va hacia un régimen aún más autoritario.
Con la zanahoria del gasto social Uribe quiere llevar al pueblo a las urnas.
Pero los trabajadores debemos preguntarnos: ¿si la intención del
gobierno era hacer una consulta democrática a la población por
qué no pregunta sobre los principales problemas que aquejan a los trabajadores?.
Por ejemplo, podría consultar si estamos de acuerdo en seguir pagando
la deuda pública (interna y externa) a los usureros de la banca privada
nacional y extranjera, que se lleva anualmente el 60% del presupuesto del Estado,
y que acaba de ser financiada endeudando más al país. O preguntar
si ese dinero debe destinarse a un plan masivo de obras públicas que
garantice trabajo a los tres millones y medio de desempleados. O preguntar si
queremos la derogatoria de leyes como la Ley 50 que acabó con la legislación
laboral, y de la Ley 100 que privatizó la salud y quebró los hospitales
públicos. O consultar si estamos de acuerdo con la presencia del ejército
yanqui en territorio nacional. Nada de eso se va a preguntar.
Las preguntas que conforman el referendo, por su redacciòn y contenido,
tienen como objetivo engañar al votante, y si no logran hacerlo, por
lo menos provocar su confusión, de manera que caiga en la trampa de votar
todas afirmativamente para dar un respaldo incondicional al gobierno de Uribe.
Algunas preguntas propuestas por el gobierno, como la que prorrogaba el período
de alcaldes y gobernadores, eran tan burdas, que la Corte Constitucional tuvo
que declararlas inexequibles, al igual que los preámbulos con los que
se inducía el voto SI. Por eso la secuencia numérica es incompleta.
Veamos:
1. Pérdida de derechos polìticos
Ya existen normas e inhabilidades en la ley para candidatos, funcionarios o
contratistas con el Estado que hayan sido condenados por delitos contra el patrimonio
público. Sólo se aplican como chantaje en las disputas interburguesas,
y después eximen a los responsables, porque "entre bomberos, no
se pisan las mangueras." Pura demagogia. Peor aún, lo que propone
el Referendo facilitará la acción de los corruptos quienes, después
de robar, podran devolver parte de la plata para evitar las sanciones.
2. Voto nominal
Obligar a los integrantes de los cuerpos colegiados a hacer público su
voto. De esta manera se podrá amenazar o atentar contra la vida de quienes
se opongan a los planes del gobierno y el imperialismo, además de "disciplinar"
a los parlamentarios liberales y conservadores que eventualmente se salgan de
redil.
3. Suplencias
Prohibir el carrusel en las curules simplemente obligará a los candidatos
a pactar la renuncia definitiva para cumplir los acuerdos políticos con
los que logran las alianzas electorales.
4. Facultades de las corporaciones públicas acerca del presupuesto
Aunque haya audiencias públicas para debatir la destinación del
presupuesto, el tráfico de influencias seguirá siendo la norma.
Uribe quiere inst-itucionalizar los Consejos Comunitarios con los que el Ejecutivo
interviene en la vida local y hace demagogia populista. Se opina pero no se
decide.
5. Administración del Congreso
Se piensa entregar a una entidad pública o privada la administración
del presupuesto del Congreso. Ahora los peculados van a ser miti-miti.
6. Reducción del Congreso
Disminuir en 53 curules el número de congresistas es un mínimo
ahorro presupuestal, pero si recorta en gran medida la escasa representación
de las minorías políticas y la representatividad del parlamento.
En Colombia hay un congresista por cada 165.000 habitantes, en Francia 67.000,
en Alemania112.000, en Italia 71.000, en España 66.000, en Inglaterra
32.000, en Holanda 71.000, en Australia 89.000, en Argentina 109.000, en Venezuela
89.000 y en Cuba 20.000. Menos representantes, menos democracia burguesa.
7. Pérdida de investidura
Hacer más draconianas las sanciones para los miembros de las corporaciones
públicas con el objetivo de imponer disciplina y controlar la corrupciòn,
no logrará ni lo uno, ni lo otro. Pero el gobierno de turno utilizará
la amenaza de sanciones para chantajear a parlamentarios, asambleistas y concejales.
8. Limitación de pensiones y salarios para servidores públicos
Este punto es una verdadera contrarreforma pensional. Impone cuatro medidas
contra derechos adquiridos:
-Tope a las pensiones de los altos funcionarios en 25 salarios mínimos. Obligará a estos funcionarios a utilizar su cargo para los grandes negocios. Ya Uribe renunció al aumento salarial. No lo necesita, por que no vive de eso, sino de explotar trabajo asalariado como capitalista y terrateniente.
-Impone como norma constitucional las restricciones que establece la ley 100 y la nueva ley que la reforme, para que las negociaciones colectivas no puedan romperlo gracias a la lucha de los trabajadores..
-Elimina los regímenes exceptuados y especiales a partir del 31 de diciembre de 2007-sólo se conservó el de la fuerza pública, porque lo que necesita la burguesía son aparatos represivos con privilegios. Afecta en cambio a maestros, trabajadores de Ecopetrol, ISS, Sena, Telecom, Banco de la República, Emcali y otros.
-Congela los salarios de los servidores públicos que devenguen más
de 25 salarios mínimos ($7.725.000).Esta es una trampa para que se crea
que no se congelan los salarios bajos, pero en el punto 14 congela los salarios
superiores a dos salarios mínimos.
Con todo este punto y el 14 (que congela los salarios a partir de dos mínimos)
el gobierno espera un "efecto bumerang": los afectados pueden pensar
que votando NO se defenderán, pero validarán el referendo. Ojo
a la trampa.
9. Supresión de contralorías
Desaparecerán 32 contralorías departamentales y 1.000 contralorías
municipales. La Contraloría General de la República Nacional asume
el control de la gestión fiscal y contrata con entidades privadas. Aumentará
la corrupción. De paso despiden a miles de trabajadores.
11. Auxilios
Los auxilios parlamentarios, partes del presupuesto que se asignan a través
de los representantes a las corporaciones para que conserven su clientela electoral,
siempre han revivido bajo diversas denominaciones. El propio Uribe y su ministro
Londoño tuvieron que pactar el presupuesto con los parlamentarios adjudicando
un promedio de $400.000.000 por parlamentario. Seguramente creen que "el
que peca y reza, empata".
12. Recursos nuevos para educación y saneamiento
Para que el electorado vote a favor de la supresión de las contralorías
Uribe prometer destinar el dinero ahorrado a educación y saneamiento
básico. Nada lo obliga a hacerlo. Además el dinero ya está
destinado al pago de la deuda pública. Lo que promete para educación
para el estrato 1, en realidad va para financiar a los empresarios privados
de la educación que se están beneficiando con los colegios en
concesión y la contratación de maestros sin garantías laborales
mínimas.
13. Regalías destinadas a educación y saneamiento
Las entidades territoriales que han gozado de estos recursos están sumidas
en la corrupción, la violencia y la miseria. En realidad las regalías
se destinarán a pagarle a los banqueros que le han prestado dinero a
los entes territoriales y que hoy no pueden recuperarlo. En el mejor de los
casos este recurso lo tendran los departamentos que tienen derecho, por tener
en su suelo reservas petroleras, y no todo el país
14. Congelamiento de salarios de servidores públicos
Se congelan los salarios por encima de dos salarios mínimos para el 2003
y el 2004. Un salario de $620.000 en el 2002, que deberìa ser de $760.000
en el 2005, perdería $140.000 si la inflación fuese del 7% anual.
En cambio no se congelan las tarifas de los servicios públicos, el transporte,
matrículas en colegios y universidades, ni los precios de los productos
de la canasta familiar, que el gobierno ha querido gravar con el IVA. Empobrecimiento
general, a lo que se agrega el plan de 40.000 despidos en el sector público.
15. Partidos políticos
Se modifica el régimen de partidos exigiendo para su reconocimiento que
se obtenga por lo menos el 2% de los votos válidos en una elección
parlamentaria; en las presidenciales se exige el 5%. Con la reducción
del número de parlamentarios aumentará el cociente electoral y
se terminará de liquidar a las minorías políticas. Es un
verdadero estatuto "contra la oposición".
18. Vigencia
Uribe quiere que la reforma entre en vigencia de inmediato, borrando de un plumazo
todas las normas que la contradigan. Se exceptuó el numeral 6 para que
los congresistas actuales conservaran sus privilegios, quienes aplaudieron alborozados
y aprobaron el referendo.
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Al cierre de esta edición hemos recibido una denuncia de Sinaltrainal,
sindicato al que están afiliados los trabajadores de Coca-Cola a nivel
nacional. Estos son apartes de la denuncia:
"(...) Hoy 9 de septiembre de 2003, la empresa Coca-Cola Femsa S.A., ha
reunido a todos los trabajadores en las embotelladoras del país y usando
el método acostumbrado del chantaje, el terrorismo psicológico,
ha anunciado que convertirá en centros distribución las embotelladoras
de Montería, Cartagena, Valledupar, Cúcuta, Barrancabermeja, Pereira,
Neiva, Villavicencio y Duitama.
Por lo anterior y para que las cosas le salgan fácil y si ningún
conflicto, ha propuesto planes de retiro "voluntario" con indemnizaciones
por encima de la ley y la convención colectiva de trabajo, que hará
algunos traslados, e incrementará la líneas y turnos de producción
en las embotelladoras que dejará. (...) Esta situación que por
años visionamos estaba preparando la empresa en su estrategia de megaplantas
y aprovechando las ventajas que el actual gobierno le ha venido otorgando, para
beneficiarse aún más de la globalización y ahora la llegada
del Alca..."
El sindicato plantea no aceptar los retiros voluntarios, continuar la campaña
de denuncia contra las medidas de la empresa, declararse en asamblea permanente
en todas las seccionales y armar carpas en las afueras de las embotelladoras.
Posteriormente, la empresa ha tratado de convencer a los trabajadores de aceptar
los retiros, desarrollando cursos de capacitación para microempresarios.
No obstante eso, la mayoría de los trabajadores se mantiene firme en
la defensa de su empleo.
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"Nuestras expectativas eran quedarnos de un mes a 90 días, ayudar a Vietnam del Sur a recuperarse, y luego salir de allí. Y en algún momento -no recuerdo si fue en ese momento, el día del desembarco, o algo más tarde- nos asaltó la idea de que los Estados Unidos eran invencibles. No sin justificación, pensábamos, ya que no habíamos perdido ni una sola guerra. Creo que habíamos luchado 12 ó 13 guerras anteriormente y ganamos cada una de ellas, incluyendo una contra nosotros mismos... (...) Nuestras expectativas generales eran, creo, que íbamos a estar allí entre 30 y 90 días, o algo así. Diez años después se comprobó que fue incorrecto." (Philip Caputo, teniente de infantería de marina en la guerra de Vietnam). Seguramente algo parecido al anterior relato fue lo que les dijeron a los soldados que hoy ocupan Irak.
Antes de comenzar la guerra Bush afirmaba que ésta duraría unos pocos días: derrocarían a Hussein, instalarían rápidamente un gobierno nativo (estilo Afganistán), no habría resistencia porque la población saldría a las calles con flores a recibir a los soldados norteamericanos y británicos. Luego sólo dejarían unas pocas tropas y el pueblo iraquí comenzaría a vivir en completa felicidad gracias a la libertad que les daría el ejército ocupante. Pero la resistencia iraquí le ha llevado la contraria. La guerra duró 42 días y fue ejecutada con cerca de 250 mil soldados. Las flores no se vieron y a cambio han llovido balas y emboscadas.
Nasiriya fue un ejemplo de los malos cálculos: "'esperabamos tener dominada Nasiriya en 6 horas. Han pasado 6 días de combates sin tregua, 24 horas al día. Nunca pensamos que esto sería así', dijo esta semana uno de los marines heridos en el combate" (Diario El Tiempo, Bogotá, Colombia, domingo 30 de marzo)
A la fecha el país está completamente desestabilizado, hay una dictadura militar colonial y un consejo de gobierno títere que la población no reconoce. Estados Unidos tiene 142 mil soldados en Irak y 30 mil desplegados en la región del golfo. Y hay 20 mil más de Inglaterra y otros 26 países, entre ellos España, al tiempo que está en curso la discusión al interior del senado norteamericano para enviar más tropas. Pero el 48% de los estadounidenses, según encuestas de Newsweek, están a favor de que regresen las tropas y en varias ciudades como New York se están preparando manifestaciones para exigir el regreso de los soldados.
Desde el 1 de Mayo, día en que "finalizó" la guerra, han regresado cerca de 150 soldados a Estados Unidos... pero en bolsas plásticas. Un porcentaje importante de ellos no es norteamericano sino latino. A esta cifra el lector puede agregar uno más por día, pues ese es el promedio de bajas que están sufriendo los invasores. Más de 20 soldados británicos han corrido la misma suerte. En cuanto a heridos, el sociologo norteamericano James Petras dice que se maneja una cifra extraoficial de más de 4.000 soldados.
Cada vez es más difícil precisar las cifras de soldados muertos porque el gobierno norteamericano presenta una cifra muy inferior y algunos los reporta como producto de "accidentes" o "enfermedad". Esto lo hace para no alentar más la oposición a la invasión al interior de los mismos Estados Unidos. En todo caso ya se están empezando a dar las condiciones para que Irak se convierta en otro Vietnam.
El imperialismo norteamericano se siente empantanado con la invasión y esta pidiendo auxilio a las Naciones Unidas para que lo rescaten. Pero los otros países imperialistas están regateando, no quieren hacerlo gratis. Empezando porque quieren participación en las decisiones políticas al interior de Irak... y otro tanto en el saqueo. Además la ONU quedó rápidamente desenmascarada como aliada del invasor al reconocer la legitimidad del gobierno colonial y por eso tuvo que pagar un precio con la muerte de la comisión establecida en el Hotel Canal de Bagdad el 19 de agosto. Con una bomba la resistencia le pasó la cuenta de cobro. Pero el imperialismo (incluida la ONU) está preparando una maniobra: cambiar los invasores norteamericanos por invasores supuestamente de "paz" de la ONU. Por eso habrá que continuar con la resistencia hasta que no quede ningún soldado extranjero, no importa como esté disfrazado.
La guerra de Vietnam dejó una lección que no podemos olvidar: el imperialismo no es invencible. Lo que necesitamos para derrotarlo es realizar una serie de tareas políticas similares a las que desarrolló la resistencia internacional en la guerra de Vietnam.
En primer lugar tenemos que ubicarnos en que la guerra no ha terminado. A partir de la invasión ha continuado en otro terreno. Al interior de Irak se necesita armamento general para la población porque hay que enfrentar a un enemigo que cuenta con tanques, helicópteros, ametralladoras y todo tipo de armamento moderno. Es un enemigo que ha mostrado estar dispuesto a masacrar manifestaciones así sus participantes estén desarmados. Esto tiene que concretarse en la recolección de fondos para que la resistencia compre armas y las entregue a la población.
A nivel internacional hay que organizar una campaña que incluya movilizaciones y expresiones de solidaridad para darle moral a la resistencia y desmoralizar a las tropas invasoras. Presión a los gobiernos para que no envíen tropas y exigir que regresen las que se han enviado. Esto es importante en Centroamérica, pues el imperialismo está aprovechando la miseria para enrolar pobres que sirvan de carne de cañón. Es preciso ir ganando poco a poco la adhesión de sectores de la población en cada país para crear un fuerte movimiento antiimperialista que apoye la derrota militar del ejército de ocupación. A partir de la creación y desarrollo de un fuerte movimiento antiimperialista se puede impulsar la organización de brigadas de combatientes internacionales, recogiendo la experiencia de la guerra civil española de 1936 y la Brigada Latinoamericana Simón Bolívar en la revolución nicaragüense de 1979.
En la guerra de Vietnam se demostró que la participación de la población norteamericana en esta lucha es determinante y también lo será la del proletariado europeo si toma medidas como el boicot a productos norteamericanos e ingleses y paros de la producción para presionar a los gobiernos para que no apoyen la invasión y no envíen tropas. Hay que exigirle a las direcciones de las centrales obreras que se pongan a la cabeza de ese movimiento.
En las universidades y colegios se puede participar en la campaña
con periódicos murales, conferencias y constitución de comités
de lucha antiimperialista.
En estos momentos no es suficiente con declarar que se es antiimperialista.
Hay que serlo en los hechos y no solamente en el papel. La resistencia iraquí,
por más heroica que sea no es suficiente para derrotar al invasor, se
necesita de la más amplia solidaridad de la clase obrera a nivel internacional.
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El martes 19 de agosto se produjeron dos hechos de trascendencia internacional: el ataque de un suicida que demolió el Hotel Canal de Bagdad, sede de la ONU, en el momento en que se encontraba reunida una selecta comisión imperialista discutiendo los planes para Irak. En este hecho murieron 24 altos funcionarios del imperialismo y quedaron gravemente heridos alrededor de 40. A las pocas horas y en un país cercano (Israel) otro suicida voló un autobús en el que murieron 20 israelíes y más de 100 resultaron heridos. Esto no es una simple coincidencia. Son dos hechos que responden a un mismo problema: la intervención imperialista en el Medio Oriente.
Estos dos hechos no son nuevos. Hacen parte de una escalada de la resistencia
antiimperialista que enfrenta, en condiciones muy desiguales, a un enemigo poderoso
que masacra cotidianamente a las poblaciones iraquí y palestina.
Inmediatamente la prensa burguesa internacional y los gobiernos imperialistas
encabezados por Bush condenaron al unísono los ataques, señalando
que eran obra de terroristas asesinos a los cuales había que combatir.
Así volvieron a la carga, con más furia los ideólogos de
la "lucha contra el terrorismo".
Al ejército imperialista que bombardeó a Irak, que masacró a miles de iraqués y se quedó ocupando el país para robarse el petróleo y demás recursos, se le cataloga como salvador de la "democracia". Igual tratamiento se prodiga a los "humanitaristas de la ONU" que apoyan la ocupación militar, y al ejército israelí que bombardea a los palestinos cotidianamente, destruye sus casas y cosechas y mantiene a la población encerrada en campos de concentración. A la resistencia iraquí y a los mártires de la causa palestina, que como último recurso de lucha se inmolan, se les declara terroristas y asesinos que impiden que los "héroes" hagan su tarea sin oposición.
Los medios de comunicación masiva dan su versión, manipulan y confunden para que la gente crea que los imperialistas no son terroristas, sino "héroes de la libertad".
Otra de las mentiras del imperialismo es que la resistencia está limitada a los seguidores de Sadam Hussein. Esto no es cierto. James Petras sociólogo norteamericano señala que se ha generalizado.
"La resistencia no está confinada a las áreas donde era popular Saddam Hussein, ni está limitada a áreas de creyentes sunníes; está al norte y al sur, al este y al oeste, cubriendo todas las regiones y los enclaves étnicos y religiosos. La resistencia es nacional, indígena y basada en la oposición a la ocupación colonial estadounidense, la destrucción de la infraestructura y la degradación física y psicológica de 23 millones de Iraquíes. Mientras los iraquíes sufren un desempleo del 80% y están sin agua limpia, alimentos ni electricidad, altos funcionarios de Naciones Unidas cobran unos salarios de entre $80,000 y $150,000 dólares anuales, se mueven en coches de lujo y SUV, trabajan en oficinas con aire acondicionado y cenan alimentos frescos importados, en confortables apartamentos o chalés - gozando de lo mejor de la vida colonial. Uno no necesita introducir la hipótesis de Al Qaeda para entender que el resentimiento político y personal contra estos engreídos colaboradores imperiales podría bullir en un ataque violento". (James Petras La política tras la tragedia de la ONU, Rebelión.org, 24 de agosto del 2003)
El terrorismo es un concepto político, más que moral. Y hay varias expresiones de él: está el terrorismo individual realizado por sectores desesperados de la pequeña burguesía contra funcionarios de un Estado o una potencia invasora; el terrorismo de Estado cometido por un régimen político o una potencia extranjera, y el terror rojo, ejecutado por las masas pobres y los trabajadores contra los capitalistas.
Poco se discute sobre el terrorismo de Estado porque nunca se presenta como tal, tampoco se discute el terror rojo porque nadie se atreve a juzgar abiertamente a un pueblo por ajusticiar a sus enemigos. Sólo se discute sobre el terrorismo individual de los sectores desesperados. Pero la verdad es que este tiene su origen en el terrorismo de Estado. Si el imperialismo no hubiera aplicado su terrorismo con bombas e invasión para masacrar y humillar al pueblo iraquí, ¿por qué habría de haber actos de terrorismo individual en Irak? Si el Estado nazi de Israel no ejecutara actos de terrorismo cotidianamente con bombas y ametrallamientos, invasión y ocupación al territorio palestino, ¿por qué habría de haber actos de terrorismo individual en Palestina?
Para el marxismo la cuestión del terrorismo individual es un problema político. Se cuestiona en la medida en que tiene poca efectividad para la lucha de clases porque debilita la organización de las masas y la acción colectiva en el combate. Ese es el punto central. Pero al tiempo que el marxismo se opone al terrorismo individual y lo critica como un acto contraproducente, nunca se coloca del lado del enemigo. Los marxistas no nos solidarizamos con los capitalistas víctimas del terrorismo individual. No compartimos los actos terroristas, pero comprendemos sus causas. Dentro de las organizaciones que se reclaman marxistas hay unas que le capitulan al anarquismo al apoyar o incluso impulsar el terrorismo individual y otras que le capitulan a los capitalistas al solidarizarse cuando éstos son víctimas de él.
Ahora, como el marxismo no es un dogma -aunque muchos que se reclaman marxistas hacen dogma de él-, para fijar una posición sobre algún hecho en particular, lo hace sobre la base de tener en cuenta la situación concreta en que se desarrolla.
En el caso de Irak parte de la resistencia está constituida por pequeños grupos guerrilleros que ejecutan actos de terrorismo individual y ataques sorpresa a los invasores. Pero hay una diferencia, por ejemplo, con la guerrilla colombiana, y es que ésta ejecuta actos terroristas aislados de la lucha del movimiento de masas y nunca tiene en cuenta cuál es la situación del movimiento obrero ni las repercusiones que puedan tener estos actos sobre la resistencia de los trabajadores, dándole argumentos al régimen para redoblar la represión, aumentar su popularidad y debilitar esa resistencia.
En Irak estos actos son apoyados por franjas importantes de las masas. Esto
lo reconoce la prensa burguesa: "Es claro que éstos [los atacantes
iraquíes] pertenecen a una minoría, pero su hostilidad a los invasores
es compartida por amplios sectores de la población iraquí."
(Editorial del diario El Tiempo, Colombia, 20 de agosto de 2003). En Palestina
sucede algo similar. Los ataques ejecutados por héroes suicidas son acciones
de terrorismo individual, pero son compartidas y apoyadas por franjas amplias
de la población.
De otra parte, el marxismo no está en contra de la lucha guerrillera
siempre y cuando esté subordinada a la lucha de masas y cumpla unos requisitos
que fueron formulados por Lenin en los siguientes términos.
Las acciones de guerrillas que revisten la forma de actos terroristas son
recomendadas contra los opresores gubernamentales y los elementos activos de
las "centurias negras" [paramilitares organizados por el régimen
zarista], pero con las condiciones siguientes: 1) tener en cuenta el estado
de ánimo de las grandes masas; 2) tomar en consideración las condiciones
del movimiento obrero local; 3) preocuparse de no gastar inútilmente
las fuerzas del proletariado. (Proyecto de resolución sobre acciones
de guerrillas presentado por Lenin para el IV Congreso del POSR en 1906. Lenin,
obras completas, tomo 14.)
Este parece ser el caso de las acciones guerrilleras que están llevando
a cabo los miembros de la resistencia iraquí y palestina, lo que nos
impide colocarnos del lado del coro proimperialista que llama a condenarlas
como parte de la "lucha internacional contra el terrorismo".
Hay otros actos terroristas como el que se ejecutó el 28 de agosto
contra una mezquita en la ciudad de Nayaf donde murieron 107 iraquíes
entre ellos un líder chiíta jefe de la Asamblea Suprema de la
Revolución Islámica en Irak, el ayatolá Mohamed Baqr al
Hakim.
Hasta ahora nadie se ha reivindicado el atentado, incluso quienes han sido señalados
como responsables (Osama y Hussein) han comunicado que no han sido sus autores.
Se afirma que el ayatolá Mohamed Baqr al Hakim tenía muchos enemigos
al interior de Irak, incluidos shiitas que se oponían a su posición
conciliadora con el imperialismo. En el supuesto de que este atentado lo hayan
hecho sectores de la resistencia iraquí, merece ser rechazado porque
eso debilita la misma resistencia en la medida en que divide a la población.
Pero no hay que descartar, como muchos lo han insinuado, que el atentado sea
una provocación de los mismos invasores como una jugada para dividir
la resistencia. Y, por qué no creer que ese atentado sea obra del imperialismo,
cuando mintió cínicamente para atacar a Irak. ¿Acaso tal
atentado no tiene las características de los que ha hecho por decenas
la CIA para desestabilizar los regímenes y gobiernos que no le son fieles?
Los iraquíes también lo sospechan. Por eso en el entierro del
ayatolá Mohamed Baqr al Hakim sacaron una pancarta que decía:
“Los iraquíes rechazan este crimen y garantizan que los ejecutores
y todo aquel que quiera crear divisiones entre los musulmanes será castigado”.
Para derrotar el terrorismo imperialista, y evitar acciones de terrorismo individual
que debilite la lucha de los trabajadores, hay que impulsar la movilización
organizada de las masas y hoy pasa por hacerlo a nivel internacional alrededor
de la solidaridad con la resistencia iraquí, palestina y afgana. Sobre
ésta última poco se informa, pero existe.
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La agencia de prensa Associated Press, entrevistó a un pescador irquí, sunita, apodado Salahuddin de 30 años que hace parte de un grupo de 7 alzados en armas contra los invasores. Publicamos algunos apartes:
"Pesco peces por la mañana y yanquis por la noche", dijo. "Pescar yanquis es más fácil que pescar peces".
. "No lo hacemos por el bien de Sadam Husein. Sadam Husein está liquidado". (...) Dijo que se unió a la resistencia a fines de abril, después de que los soldados de EE.UU. allanaron su vecindario una noche. Dijo que habían esposado a hombres inocentes, tocado indecorosamente a las mujeres y que habían golpeado a una viuda con la culata de un rifle. También afirmó que robaron dinero.
"Los yanquis siempre dicen que están contra el terrorismo, pero están cometiendo terrorismo acá mismo en Irak", dijo. "Si no vinieran a nuestras casas, no tendríamos nada que ver con ellos. ¿No pueden ocuparnos sin humillarnos?"
La resistencia aumenta, dijo el pescador. "Cada día hay más grupos". (...) "La resistencia no es una reacción ante las provocaciones yanquis contra el pueblo iraquí o ante la penuria de servicios, como creen algunos analistas - sino que es para expulsar a los ocupantes, como una cuestión de principios".
"Salahuddin" dijo que su grupo mantiene algunos contactos con otros, pero que no se coordina con ellos. Dijo que otros grupos les dan ocasionalmente armas, pero que la mayoría de los combatientes compran sus armas. Dijo que comerciantes simpatizantes les dan grandes descuentos por restos del ejército iraquí saqueados de los almacenes, tales como lanzadores de granadas a menos de 10 dólares.
Dijo que durante el primer ataque, contra un convoy de Humvees a fines de abril, estaba aterrorizado ante la posibilidad que los estadounidenses le dieran caza. "Al comienzo teníamos miedo. No conocíamos la capacidad de los yanquis", dijo. "Pero descubrimos que son cobardes y que no nos siguen".
Pero "Salahuddin" también describió un ataque de hace un mes en el que dijo que murieron siete estadounidenses y que tres fueron heridos. Dijo que un Humvee que no había sido alcanzado escapó velozmente y que no volvió a buscar a los heridos durante tres horas. Dijo que él impidió que sus compañeros mataran a los heridos, porque el Islam lo prohíbe. Estados Unidos no ha informado sobre más de tres soldados muertos en ningún ataque desde la guerra.
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Desde finales del siglo XIX se desató una polémica, principalmente en Rusia, entre el anarquismo, pionero del terrorismo individual, y los marxistas. Desde entonces el marxismo fijó una posición al respecto.
En términos de León Trotsky uno de los principales dirigentes de la Revolución Rusa, la posición del marxismo es la siguiente:
"Que un atentado terrorista, incluso uno ‘exitoso’, cree la confusión en la clase dominante depende de la situación política concreta. Sea como fuere, la confusión tendrá corta vida; el estado capitalista no se basa en ministros de estado y no queda eliminado con la desaparición de aquellos. Las clases a las que sirve siempre encontrarán personal de reemplazo; el mecanismo permanece intacto y en funcionamiento.
Pero el desorden que produce el atentado terrorista en las filas de la clase obrera es mucho más profundo. Si para alcanzar los objetivos basta armarse con una pistola, ¿para qué sirve esforzarse en la lucha de clases? Si una medida de pólvora y un trocito de plomo bastan para perforar la cabeza del enemigo, ¿qué necesidad hay de organizar a la clase? Si tiene sentido aterrorizar a los altos funcionarios con el rugido de las explosiones, ¿qué necesidad hay de un partido? ¿Para qué hacer mítines, agitación de masas y elecciones si es tan fácil apuntar al banco ministerial desde la galería del parlamento?
Para nosotros el terror individual es inadmisible precisamente porque empequeñece el papel de las masas en su propia conciencia, las hace aceptar su impotencia y vuelve sus ojos y esperanzas hacia el gran vengador y libertador que algún día vendrá a cumplir su misión.
Los profetas anarquistas de la ‘propaganda por los hechos’ pueden hablar hasta por los codos sobre la influencia estimulante que ejercen los actos terroristas sobre las masas. Las consideraciones teóricas y la experiencia política demuestran lo contrario. Cuanto más ‘efectivos’ sean los actos terroristas, cuanto mayor sea su impacto, cuanto más se concentre la atención de las masas en ellos, más se reduce el interés de las masas en ellos, más se reduce el interés de las masas en organizarse y educarse.
Pero el humo de la explosión se disipa, el pánico desaparece, un sucesor ocupa el lugar del ministro asesinado, la vida vuelve a sus viejos cauces, la rueda de la explotación capitalista gira como antes: sólo la represión policial se vuelve más salvaje y abierta. El resultado es que el lugar de las esperanzas renovadas y de la excitación artificialmente provocada viene a ocuparlo la desilusión y la apatía." (Artículo escrito por León Trotsky en 1911 con el título “acerca del terrorismo. Publicado con otros artículos del mismo autor en el libro que lleva como título “Contra el terrorismo individual”. Ediciones Pluma, Buenos Aires, Argentina, 1975.)
El 11 de septiembre se cumplen 30 años del derrocamiento del gobierno de Salvador Allende en Chile. Este se realizó mediante un sangriento golpe militar que masacró a varias decenas de miles de trabajadores. Con este golpe se derrotó un ascenso revolucionario que planteó la posibilidad de ir al socialismo. Las lecciones que hay sacar de ese proceso son muy importantes para todos los trabajadores, en especial para los de Brasil que tienen en el de Lula un gobierno similar al de Allende: un Frente Popular donde convergen, en alianza, sectores de la burguesía con partidos obreros al servicio de sostener el Estado burgués y gobernar para los capitalistas.
A finales de los 60 Chile vivía una situación de polarización de la lucha de clases. La economía del país estaba dominada por el capital extranjero, especialmente por parte de las transnacionales norteamericanas, gracias a las condiciones benignas creadas por el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Las inversiones extranjeras eran abundantes, pero la salida de capital lo era mucho más. Por cada dólar que se invertía salían cuatro hacia los Estados Unidos. En la misma proporción en que el país era saqueado, la situación de las masas obreras y campesinas empeoraba. La desigualdad entre ricos y pobres era asombrosa:
(...) “diez mil grandes productores agrícolas recibían, en conjunto, una suma superior a la suma de ingresos percibidos por doscientos cuarenta y tres mil novecientos trabajadores del campo. Como promedio individual, cada uno de los primeros ganaba 261 veces más que cada uno de los segundos. Algo similar acontecía en la industria. (...) De los trescientos ochenta mil jubilados (Ley 10.383), el 80% recibía una pensión mensual equivalente a la tercera parte de un salario mínimo. (...) La clase obrera se lanzaba a luchas reivindicativas cada día más duras. El impetuoso movimiento huelguístico era un claro índice del ascenso de las luchas proletarias: (...) sólo en los primeros ocho meses de 1968, hubo 2.539 huelgas. (...) Pero los años de 1969 y 1970 fueron aún más convulsivos...
(...) En resumen: al acercarse las elecciones presidenciales de 1970, el omnipresente capital extranjero controlaba la industria, la minería, parte de la agricultura, parte de las empresas pesqueras, la metalurgia, los teléfonos, parte de la banca, parte de los seguros y parte del transporte y la distribución.
Bajo su dictado, [del capital extranjero] una oligarquía, industrial y terrateniente, constituida por veinte familias de algún modo emparentadas entre sí formaban el nudo gordiano del sistema de explotación que la Unidad Popular pretendía desatar sin recurrir a la espada.” (Carlos Vidales, periodista colombiano. Fue funcionario de la oficina de Informaciones y Radiodifusión de la Presidencia de Salvador Allende, Contrarrevolución y dictadura en Chile, ediciones Tierra Americana, Bogotá Colombia, 1974)
En medio de esa polarización social y del ascenso de masas, Salvador Allende ganó las elecciones presidenciales el 4 de septiembre de 1970 como candidato de la Unidad Popular (UP), coalición de partidos de izquierda donde participaban el Partido Socialista y el Partido Comunista entre otros. Allende se posesionó como presidente el 3 de noviembre del mismo año.
El programa de la UP incluía la nacionalización de la industria minera, (principal renglón de la economía chilena), la banca, el comercio exterior, la energía eléctrica, las telecomunicaciones, el petróleo, el gas, el trasporte ferroviario, aéreo y marítimo entre otros sectores, también la realización de una reforma agraria y la aplicación de un sistema nacional unificado de la educación así como la conformación de tres áreas en la economía: social, mixta y privada.
Una vez en el poder el gobierno de Allende comenzó a ejecutar ese programa. Inmediatamente la contrarrevolución nacional e internacional, encabezada por el imperialismo norteamericano, comenzó a atacar y preparar su derrocamiento a través de varios mecanismos. En el campo económico mediante el saboteo a la producción, el contrabando y la especulación, el bloqueo y los paros patronales -como el que paralizó a Venezuela el año pasado (made in USA)-. En el campo militar organizó un ejército fascista para ejecutar actos terroristas denominado “Patria y Libertad”, al tiempo que desarrolló un plan al interior de las fuerzas armadas para separar a los sectores denominados "constitucionalistas" y tomar su control. Y en el campo parlamentario aprobaba leyes para bloquear al gobierno y declararlo ilegítimo.
Las masas obreras y campesinas construyeron organismos de poder de manera independiente y por fuera del control del gobierno. Estos eran los Cordones Industriales (obreros), Comandos Comunales (sectores barriales), Comandos Comunales Rurales (campesinos) y las Juntas de Abastecimientos y Precios (JAP). Estos organismos se movilizaron para exigirle al gobierno que fuera consecuente y tomara duras medidas contra el saboteo de la contrarrevolución.
“De este modo, las masas obreras comenzaron a estructurar, paso a paso la ‘red comunal de la producción, distribución y consumo’ de que hablaba Lenin en 1918, como fundamento de poder soviético. Paralelamente, se comenzaban a organizar los mecanismos de defensa fábrica por fábrica y sector por sector, y la vigilancia se hizo permanente para impedir los actos terroristas de la derecha” (Carlos Vidales Ob. cit.)
El 29 de junio de 1972 a las 9 de la mañana un sector del ejército cercó el Palacio de la Moneda (palacio presidencial) para asaltarlo y lo ametralló en un intento de sublevación. Según Carlos Vidales era “una operación de tanteo de las fuerzas golpistas. Allende y los partidos de la UP llamaron a través de la radio a la movilización para defender al gobierno y a tomarse las fábricas. En pocas horas los trabajadores tenían bajo su control 33.500 empresas y en la tarde cerca de 100 mil trabajadores se tomaron la Plaza de la Constitución ubicada al frente del Palacio de Gobierno. Allende se salvó. Pero veamos que conclusiones sacaron el Gobierno y los partidos de la UP de este hecho.
Las masas pedían al gobierno que cerrara el Congreso: Allende les contestó en un discurso el mismo 29 de junio: (...) “Voy a decirles algo que a algunos no les va a gustar, pero tengo el deber de hacerlo, porque siempre le he hablado claro a los trabajadores: No voy a cerrar el Congreso, ¡sería absurdo! Hemos dicho que cumpliremos el programa y llevaremos adelante este proceso, dentro de los cauces de la Constitución y de la Ley, ¡y así lo haremos!” (Carlos Vidales Ob. cit.)
El partido Comunista se pronunció en su periódico, El Siglo, así: (...) “Se han impuesto los soldados de la patria que han defendido el Gobierno legítimo y que han desarmado a los aventureros criminales que dispararon sobre transeúntes indefensos y que traicionaron la honrosa tradición de nuestras Fuerzas Armadas” (Carlos Vidales Ob. cit.)
Pero esas mismas Fuerzas Armadas, reivindicadas como leales, por el Partido Comunista y el presidente Allende, dos días después allanaban violentamente los Cordones Industriales, las empresas, hospitales y fábricas para reprimir, arrestando a los dirigentes obreros para encarcelarlos, torturarlos y asesinar a varios de ellos. Los militares ejecutaban estas acciones invocando la Ley de Control de Armas y la Constitución que el mismo Allende decía había que hacer respetar y cumplir.
Las masas no veían con buenos ojos la política de conciliación del gobierno frente al Congreso y a las Fuerzas Armadas. Esta situación creó fisuras al interior de la UP porque la contrarrevolución avanzaba y exigía, mientras que el gobierno cedía y cedía. La presión de las masas era tal que el secretario del Partido Socialista se pronunció sobre la política conciliadora de Allende, afirmando que: “No olvidemos al respecto que la conciliación ayuda a fortalecer al enemigo de clase y debilita nuestro frente porque golpea el espíritu de combate de los trabajadores”.
Efectivamente, la contrarrevolución aprovechó esa nefasta política de conciliación y desplazó a un sector de la oficialidad de las Fuerzas Armadas para reemplazarlo por el de los golpistas de confianza. Después de la intentona de golpe del 29 de junio, Allende nombró al general golpista César Ruiz Danyau como Ministro de Obras Públicas y Transporte con el objetivo de que sirviera de mediador en una huelga patronal de los camioneros. El golpista aprovechó esto para acomodar las fichas y preparar el golpe certero. Pronto renunció porque Allende no le concedió más peticiones a la burguesía (el gobierno ya había devuelto 123 empresas que habían sido expropiadas por los trabajadores) y se sublevó acuartelándose para organizar el golpe. Allende reemplazó a este general golpista por Gustavo Leigh, otro general golpista. También nombró en la comandancia general de las Fuerzas Armadas al que sería su principal verdugo: el general Pinochet. El 9 de septiembre Allende le comunicó a un círculo, supuestamente de plena confianza (del que hacía parte Pinochet) que estaba dispuesto a convocar una consulta consitucional para que el pueblo se pronunciara sobre la legitimidad de su gobierno. ¡No podía haber mejores condiciones para un golpe! Comenzó por segunda vez el plan de derrocamiento del gobierno. El 11 de septiembre el Palacio presidencial fue asaltado y Allende asesinado. Las masas desarmadas, esta vez no pudieron defenderlo.
Con la política de conciliación, Allende cavó su propia tumba y la de miles de trabajadores chilenos. Permitió que la contrarrevolución derrotara un proceso donde (con un gobierno revolucionario), los capitalistas y el imperialismo habían podido ser derrotados y hoy probablemente tendríamos un Chile Socialista y no el modelo neoliberal que orgullosamente muestra el imperialismo, con un gobierno encabezado por Ricardo Lagos del Partido Socialista. El mismo partido de Allende. A diferencia del gobierno de Allende, Lagos no está impulsando reformas, sino el plan neoliberal del imperialismo.
Lamentablemente tenemos que afirmar que quién allanó el camino a los golpistas fue el propio Allende y los partidos de la Unidad Popular por su programa reformista y su gobierno de conciliación de clases. En cambio de entregarle armas a los trabajadores, campesinos pobres y sectores populares, de ganarse a la base de las Fuerzas Armadas y reprimir violentamente a los golpistas y a la burguesía; permitió el desarme de los trabajadores, negoció con los golpistas nombrando a varios de ellos como ministros y a otros en la jefatura de las Fuerzas Armadas.
Seguramente para muchos trabajadores las medidas de Allende eran contradictorias y torpes. Pero el problema de fondo era que confiaba en la burguesía, en que era posible hacer de Chile un Estado socialista por la vía pacífica. La política de diálogo y conciliación hacía parte del carácter de su gobierno, el reformismo era el programa de los partidos de la UP. Por lo tanto no se proponía destruir el Estado burgués sino reformarlo. El de Allende fue un gobierno de Frente Popular que gobernaba con la Constitución burguesa y un parlamento burgués, apoyándose en la principal institución del Estado burgués: sus Fuerzas Armadas.
Dentro de los gobiernos de Frente popular ha habido algunos que como el de Allende asumen un comportamiento antiimperialista, otros, como el de Miterrand en Francia, un comportamiento directamente imperialista, y hay algunos, como el de Lula en Brasil, que tienen un comportamiento proimperialista.
Lula está gobernando para el imperialismo. De momento no corre el riesgo de ser derrocado por éste, pero no está exento de serlo. Los gobiernos de frente popular son profundamente inestables y débiles, un lujo que el imperialismo no puede permitirse por mucho tiempo, menos en un país de las dimensiones y la importancia económica y política de Brasil. Por esta razón los trabajadores, que se ven enfrentados a la disyuntiva de seguir las orientaciones de los reformistas o de continuar adelante en la lucha por imponer su propio gobierno obrero y popular, deben preparase simultáneamente para enfrentar a la contrarrevolución imperialista y burguesa, que atacará al gobierno de frente popular a la menor oportunidad, y para derrocar a este gobierno que, inexorablemente, los llevará a la derrota por una vía o por otra.
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Los primeros gobiernos de Frente popular surgieron a comienzos del siglo pasado con el gobierno de Kerensky en Rusia en 1917 y el de Chiang Kai Shek en China en 1927. Los dos principales dirigentes de la revolución Rusa, Lenin y Trotsky, orientaron a combatirlos y derrocarlos y así lo hicieron con Kerensky. La dictadura burocrática de Stalin hizo en las décadas posteriores todo lo contrario. Apoyó a Chiang Kai Shek que derrotó la primera revolución China y masacró a los militantes del Partido Comunista, y a partir de 1935 orientó para que esa fuera la estrategia de los partidos comunistas a nivel internacional.
Con esa política como doctrina, Stalin y la burocracia que lo circundó y lo sucedió, desarmaron a la clase obrera de la tarea histórica de tomar el poder en forma independiente de todos los explotadores, y dieron a cambio la orientación traidora y derrotista de instaurar gobiernos de colaboración con su enemigo jurado: la burguesía. Esta obtusa orientación dio origen a los gobiernos de Largo Caballero en España en 1936, León Blum en Francia en 1936, y de Salvador Allende en Chile en 1973. Todos estos gobiernos terminaron en terribles derrotas para los trabajadores. Actualmente existe el de Lula en Brasil. Por su carácter conciliador ninguno de ellos se ha asumido como gobierno de las masas obreras y campesinas porque son gobiernos de conciliación entre los trabajadores y los capitalistas que respetan la institucionalidad burguesa y el Estado burgués.
Hay que sacar todas las conclusiones de lo que pasó en Chile con el gobierno de Frente Popular y no repetir la historia. Carlos Vidales que vivió ese proceso personalmente e hizo parte del gobierno de Allende, sacó la conclusión correcta:
“Lo que ha pasado es un resultado de la traición del reformismo. El sector reformista de la Unidad Popular dijo ‘no a la guerra civil’, lo que permitió a los fascistas prepararse, pero no a la clase obrera. No se comprendió que es la clase obrera la que hace, ella misma, la revolución, y no los dirigentes. Se impidió que la clase pensara por sí misma.
El reformismo es la democratización del estado burgués. La historia ha demostrado que esto es imposible. El socialismo pasa por la destrucción del Estado burgués.” (Carlos Vidales Ob. cit.)
Efectivamente la historia lo ha señalado, por la negativa en Chile y por la positiva en Rusia. En este último país los trabajadores tomaron el poder mediante la insurrección armada y lo consolidaron destruyendo el Estado burgués y enfrentando a la contrarrevolución burguesa mediante la guerra civil. Sin insurrección armada no es posible la conquista del poder para la clase obrera y el campesinado, como tampoco es posible resolver los problemas de fondo de las masas pobres con un programa reformista. Carlos Marx y Federico Engels, después Lenin y Trotsky, insistieron en que al socialismo no se puede llegar por la vía pacífica, por la vía evolutiva de reformar el capitalismo, que a los capitalistas no se los convence con la razón para que renuncien a ser capitalistas. La historia del Siglo XX se encargó de corroborar este postulado del marxismo, sin embargo los reformistas insisten en impulsar la política de conciliación de clases y sus gobiernos de frente popular.
Hoy, a 30 años del golpe militar, la izquierda está publicando muchos artículos a modo de conmemoración y homenaje a Allende. Pero casi ninguno saca estas conclusiones. ¿por qué? Porque sería renunciar a su reformismo y a su política de conciliación de clases.