Contenido
-El regreso de las momias
-Patria Nueva: el partido del orden
-El Estado "Antisocial" de Derecha
-Patria Nueva y la Gran Coalición Democrática: el
Estado "Antisocial" de Derecha
Con una carta-manifiesto, el expresidente liberal Julio César Turbay ha hecho la presentación en sociedad del proyecto de constitución de un movimiento político autodenominado "Patria Nueva", que tiene como objetivo impulsar la reelección del presidente Álvaro Uribe Vélez. El manifiesto es respaldado por la firma de cuarenta exministros liberales y se opone a la dirección oficial del partido liberal, que rechaza la reelección. Poco después otro expresidente liberal, Alfonso López Michelsen, quien también se oponía a la reelección declaró "que no ve quien pueda reemplazar a Uribe".
La voltereta de los caciques ha sorprendido a más de uno, pues no son los elásticos gimnastas de los juegos olímpicos sino personajes que, casi a las puertas del sepulcro, pretender enterrar al pueblo colombiano junto con ellos. Estas momias del establecimiento burgués son conscientes del agravamiento de la crisis social y llaman a cerrar filas en torno al plan de Uribe y Bush para evitar que Colombia entre en la dinámica prerrevolucionaria que sacude a América Latina.
"En la actual coyuntura nacional e internacional se advierten graves fenómenos de naturaleza social, que pueden quebrantar la armonía de los pueblos y hacer más rigurosa y aflictiva la pobreza circundante. La situación social ha adquirido una excepcional gravedad y requiere un profundo y radical tratamiento restaurador." Con estas palabras, contenidas en la proclama de Patria Nueva, Turbay enciende una alerta roja para toda la burguesía y la llama a la cordura, para que en lugar de una lucha fratricida entre facciones constituyan un Movimiento de Unidad Nacional que defienda "el Estado Social de Derecho y la seguridad democrática." En estas pocas líneas se sintetiza el diagnóstico y la receta para la crisis del país.
Los trabajadores debemos examinar con detenimiento las razones del lobo. Turbay sabe que el capitalismo mundial atraviesa una profunda crisis, que se ha agravado con la guerra de Irak, el empantanamiento del ejército yanqui y la escalada de precios del petróleo, lo que según muchos analistas económicos puede provocar una recesión mundial. La dinámica de esta crisis afectará las próximas elecciones en EE.UU. y sus relaciones con Colombia. Un síntoma de esto es la revaluación del peso, provocada por las medidas monetarias que toma la Reserva Federal yanqui, que bloquea las expectativas de recuperación de la economía nacional. Esto agravará aún más la crisis, que ha hundido al 60% de los colombianos en la pobreza y golpea duramente a la clase media, que ha sido la base social de Uribe, y puede detonar la "bomba social", en un marco regional no favorable después del golpe electoral que las masas venezolanas acaban de propinarle al imperialismo. Los estallidos esporádicos de la rabia popular —como el que se dió hace poco en Copacabana, Antioquia, por la imposición de un "peajito social"— inquietan a la burguesía y es lo que ha hecho salir a las momias del sarcófago.
La burguesía colombiana necesita un régimen político estable como el que le dió tranquilidad por más de veinte años durante el Frente Nacional (ver en www.elsocialista.org "Economía y régimen político"). La Constitución del ’91 no les sirve pues tuvieron que pactar una colcha de retazos para meter en el redil a parte de la insurgencia guerrillera, a la oposición pequeñoburguesa y a la burguesía narcotraficante. La "Restauración" de la que habla Turbay es el paquete de contrarreformas constitucionales que patrocina Uribe y, para imponerlo a través del parlamento —pues la primera intentona con el Referendo fracasó— requiere un nuevo período presidencial. Ese nuevo marco institucional se formalizaría al mismo tiempo que se adelanta la estrategia de guerra de la Seguridad Democrática contra la guerrilla, patrocinada por el imperialismo, y el acuartelamiento de las Autodefensas Unidas de Colombia.
El grueso de la burguesía está profundamente agradecida con Uribe: "El Movimiento —escriben Turbay y sus cuarenta "firmones"— se inspirará en la excelente obra de gobierno ejecutada por el presidente Álvaro Uribe y destacará su acertada política internacional, las políticas de seguridad democrática, el esfuerzo por la erradicación de los vicios políticos, la lucha contra la corrupción, contra el terrorismo y contra el narcotráfico, la entrega masiva de guerrilleros, la reducción del espacio de acción de los grupos armados fuera de la ley, el incremento de la producción agrícola, el vertiginoso aumento de los créditos para impulsar la microempresa, el fortalecimiento de la economía, la creación de nuevos empleos, la disminución del número de secuestros y en general la criminalidad, la considerable reducción del número de desplazados, el aumento de las exportaciones, la ampliación de la cobertura médica y la defensa de la moneda sana, para no citar toda la amplia gama de afortunadas realizaciones. Se trata de una fecunda acción de gobierno, de cuya prolongación recibirá inmensos beneficios el pueblo colombiano."
Así, mezclando flagrantes mentiras con medias verdades, Turbay trata de convencer al conjunto de la burguesía de la necesidad de la reelección. Pero sabe que el listado de beneficios que menciona es negado por los hechos, como lo demuestra la agria polémica que se está dando en torno a los índices crecientes de pobreza, la revaluación, la crisis del agro, el presupuesto deficitario, la financiación de la guerra, el acuartelamiento de los paramilitares, la extradición de narcotraficantes y el intercambio de secuestrados por guerrilleros presos, entre otros problemas en disputa.
Como si fuera el día de la resurrección de los muertos, otra momia regresa de ultratumba: el expresidente Alfonso López Michelsen. Conocido coloquialmente como el "Pollo Vallenato", por su afición a la rumba provinciana de los violentos terratenientes del Cesar, de el se dice que cuando habla "pone a pensar al país" (de los burgueses, anotamos nosotros). Gracias a esa fama se da el lujo de ser un opinador profesional, sobre cualquier cosa. Como su obsesiva insistencia en que para enfrentar la crisis del agro, la solución es introducir las semillas modificadas genéticamente, pues aumentarían la productividad. Lo que no aclara es que el sembrador queda dependiendo de los importadores de las semillas y el pequeño cultivador se quiebra, como ocurrió en México.
Ahora se le ha ocurrido la idea de modificar el régimen político introduciendo el sistema parlamentario que en su versión pura permite al electorado elegir al parlamento y este a su vez escoge al gobierno. En su versión mixta los votantes eligen un presidente que es Jefe de Estado (representa al país frente al mundo, una especie de canciller) y un parlamento, pero este último define un Jefe de Gobierno que es equivalente al Ministro del Interior. Cualquiera que sea la fórmula lo que se busca es armonizar las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, que en Colombia se limita a la descarada compra-venta de votos, como hizo Uribe con Yidis y Teodolindo para que aprobaran sus proyectos de ley.
De todos modos la propuesta transgénica de la otra momia liberal —quien tuvo que enfrentar el Paro Cívico Nacional de 1977 cuando era presidente y le aterra el movimiento de masas en acción— le ha servido al liberalismo para empezar a acomodarse y apoyar la reelección, mientras distraen a la opinión pública con el proyecto de convocar una Constituyente de bolsillo, al estilo de Fujimori, que apruebe el cambio institucional.
Falta ahora el pronunciamiento de Ernesto Samper y Horacio Serpa para terminar de aconductar al oficialismo liberal. No parece difícil; aunque estas dos momias se encuentran en proceso de embalsamamiento y aún dan señales de de vida. El primero es el santo patrono de los "sanandresitos" y la burguesía contrabandista y por esa vía terminó recibiendo el respaldo político y financiero de los narcotraficantes. De allí su afán de cumplirle a los Rodríguez Orejuela el compromiso de no extraditarlos, para lo cual tiene que mantener puentes con Uribe. Y el segundo, escudero del primero, acaba de estirarse la piel como embajador de Uribe ante la Organización de Estados Americanos (OEA), donde Gaviria fungía como Secretario General. Con ese tratamiento al servicio del imperialismo no le costará mucha dificultad pasar de la oposición al apoyo descarado.
Tal como lo menciona un comentarista político: "en la situación actual, el uribismo, conformado por el exsamperismo (el propio Uribe es exsamperista), por el gavirismo y por algo del pastranismo, ha terminado engulléndose al Partido Conservador. Mientras tanto, el antiuribismo, en donde están el lopismo, el samperismo y otra parte del pastranismo, ha terminado tragándose al Partido Liberal." Aunque este comentarista burgués se quejaba de que esta personalización de las corrientes políticas "se come a los partidos y destroza la verdadera democracia", no hacía más que poner de presente que las toldas liberales y conservadoras representan los mismos intereses, los de la burguesía y el imperialismo, y lo demás son diferencias tácticas y apetitos personales.
El llamado al orden en las filas de la burguesía que ha hecho Turbay debe ser respondido con el llamado a la lucha en las filas de los trabajadores. Debemos impedir con nuestra movilización que las grietas que se abren en la muralla del establecimiento se cierren. El fallo de la Corte Constitucional desaprobando el Estatuto Antiterrorista es un revés importante para Uribe, así haya argumentado simples vicios de trámite.
El régimen político autoritario que Uribe pretende imponer aún no se consolida, pero el espaldarazo de Turbay se suma al del gobierno yanqui y su Plan Colombia. Turbay anuncia que su movimiento "debe expresar la armonia y la paz social (de la burguesía, aclaramos nosotros) en oposición a la lucha de clases". Lamentablemente las filas de los trabajadores se encuentran dispersas y la mayoría de su dirección, unificada en la Gran Coalición Democrática encabeza también su programa con "la defensa del Estado Social de Derecho", como lo proclamó la Gran Cumbre Social contra la reelección, colocando a los trabajadores en el mismo terreno escogido por la burguesía (ver reseña en nuestra pasada edición y en www.elsocialista.org "El Estado ‘Antisocial’ de Derecha").
En lugar de reclamar reformas a este régimen putrefacto, debemos patear el tablero del ajedrez político antes que las momias terminen de ordenar las fichas. Nuestro terreno es el de la lucha de clases, a la que temen Turbay y López. El próximo 16 de septiembre debemos tomarnos las calles y presionar para que la jornada de protesta se convierta en un paro estatal indefinido, llamando a la Federación Colombiana de Educadores a encabezarlo y desconocer a la Gran Coalición Democrática como dirección política del movimiento de masas, pues pretende limitar la lucha de los trabajadores al rechazo a la reelección. Nuestra movilización debe buscar la derrota de todo el paquete de contrarreformas de Uribe y la intervención norteamericana en nuestro país.
Turbay plantea que "Patria Nueva es un movimiento político no partidista", tratando responder a quienes le reclaman su desconocimiento del oficialismo liberal. Dice la verdad. Su aspiración, en el fondo, es la reunificación del Partido Liberal... en torno al programa de Uribe. El régimen burgués requiere de organizaciones políticas fuertes que puedan canalizar el descontento hacia las urnas y al fortalecimiento del régimen político burgués. Es demasiado cercana para ellos la experiencia de Venezuela, donde el bipartidismo de Acción Democrática y Copei fue barrido por un movimiento de origen pequeñoburgués como el chavismo, y hasta ahora no logra recuperarse de la debacle. Ese es el fantasma que invoca la momia desde la puerta del mausoleo mientras señala que los radicales del partido, encabezados por Piedad Córdoba, quieren entregarlo a la "extrema izquierda" del Polo Democrático. "Restauración o Catástrofe" es el lema con el que quiere reagrupar al liberalismo. Y ya ha empezado a avanzar en ese sentido con el realineamiento de Alfonso López Michelsen. Patria Nueva se presenta así como el partido del orden y la unidad nacional que requiere la gran burguesía y el imperialismo para enfrentar la crisis.
Parece paradójico que el manifiesto político de Patria Nueva (movimiento político reeleccionista encabezado por el expresidente Julio César Turbay) proclame que «defiende el Estado Social de Derecho» y la Gran Coalición Democrática (donde confluye la mayoría de las organizaciones de izquierda y el ala radical del partido liberal encabezada por Piedad Córdoba) encabece su programa con «la defensa del Estado Social de Derecho». Esta paradoja no es tal, pues en realidad defienden lo mismo: el Estado burgués.
Con la Constitución de 1991 se definió a Colombia como un «Estado Social de Derecho». El apelativo de Social fue una concesión a los representantes de la pequeña burguesía en la Constituyente (como el M-19, el Partido Comunista y otras fuerzas menores), y supuestamente se materializaba en el listado de derechos contemplados en la Carta Política, en la obligación del Estado de garantizarlos, y en nuevas instituciones como la Defensoría del Pueblo, la Tutela, etc. Incluso se define la democracia (burguesa) colombiana como democracia «participativa», en contraposición a la «representativa», donde los electores delegan en los elegidos el poder de decidir.
A partir de allí, mientras los gobiernos de Gaviria, Samper, Pastrana y, ahora, Uribe, se dedicaban a desmantelar los derechos conquistados por los trabajadores durante casi un siglo de lucha, a privatizar todos los bienes rentables del Estado, y permitían la acción genocida de los paramilitares, las direcciones mayoritarias del movimiento de masas y todas las organizaciones políticas reformistas, confiadas en la fuerza de la razón, concentraron la energía de los trabajadores en desarrollar la «democracia participativa» y en defender el «Estado Social de Derecho» que ha mostrado hasta la saciedad su verdadera esencia: un Estado antisocial de derecha. Esa es la razón por la que el padre del Estatuto de Seguridad, Julio César Turbay, lo defiende. Lo que es inaceptable es que las organizaciones de izquierda propongan lo mismo.
Los trabajadores tenemos que exigir las más amplias libertades democráticas, el derecho a la organización política y sindical y plenas garantías para la movilización y la protesta social. Por eso debemos oponernos al Estatuto Antiterrorista (que será de nuevo puesto a discusión en el Parlamento), a la Ley de Alternatividad Penal y a la reelección presidencial, al tiempo que rechazamos todas las contrarreformas laborales y sociales del gobierno de Uribe. Pero para ello no tenemos que defender el «Estado Social de Derecho» (el orden burgués que defiende Patria Nueva) sino levantar nuestra propia fórmula de poder: un gobierno de los trabajadores y el campesinado pobre que imponga la fuerza de las mayorías desposeidas y despoje a la minoría burguesa de la fuente de sus privilegios, la propiedad de las fábricas, la tierra, los bancos, las grandes cadenas comerciales y el transporte. Ese gobierno de los trabajadores podrá brindar, ahí sí, las más amplias libertades democráticas a quienes estén a favor de esa revolución social, mientras ejerce la más implacable dictadura sobre la burguesía y los contrarrevolucionarios. No será un Estado Social de Derecho, sino un Estado Socialista, un Estado Obrero Revolucionario.
Parece paradójico que el manifiesto po-lítico de Patria Nueva (movimiento político reeleccionista encabezado por el expresi-dente Julio César Turbay) proclame que "defiende el Estado Social de Derecho" y la Gran Coalición Democrática (donde confluye la mayoría de las organizaciones de izquier-da y el ala radical del partido liberal encabe-zada por Piedad Córdoba) encabece su programa con "la defensa del Estado Social de Derecho". Esta paradoja no es tal, pues en realidad defienden lo mismo: el Estado burgués.
El Estado moderno es el aparato de dominación de la burguesía
sobre el conjun-to de la sociedad. Surgió para proteger los intereses
de una minoría de privilegiados frente a la mayoría de la población.
La co-lumna vertebral del Estado son las fuerzas armadas y los aparatos represivos.
A esta institución central se adosan todas las de-más: el Ejecutivo,
el parlamento, el sistema judicial, la iglesia, los partidos de la burgue-sía.
La forma como se articulan estas institu-ciones en un momento dado depende de
la correlación de fuerzas entre las clases: si la clase trabajadora está
a la ofensiva, movili-zada conquistando derechos y libertades, obligarán
a la burguesía a dar predominio a las instituciones constituidas con
el voto popular, como el parlamento, frente al Ejecu-tivo. Incluso, como ocurrió
durante el siglo XX, puede obligar al Estado a asumir res-ponsabilidades sociales,
como salud, educa-ción, servicios públicos, protección
al em-pleo, etc. y es lo que han dado en llamar "Estado Social de Derecho".
Pero si es la burguesía la que avanza, se acentuarán el autoritarismo
del Ejecutivo y los aparatos represivos, se recortarán las libertades,
y se privatizarán los servicios a cargo del Estado. Ambas posibilidades
se dan dentro de la democracia burguesa, que es democracia para la diferentes
franjas de la burguesía y dictadura para la demás clases sociales.
La articulación específica de institucio-nes es lo que se llama régimen político y puede ser estable durante un período pro-longado de tiempo. Es lo que ocurrió cuando los burgueses liberales y conservadores pactaron el Frente Nacional y decidieron alternarse en el gobierno, garantizando su tranquilidad durante más de veinte años.
Cuando la crisis se acentúa el Estado se "descuaderna" y la lucha entre las clases y las fracciones de clase provoca la colisión de las instituciones entre sí, reflejando los diversos intereses enfrentados. Es lo que empieza a ocurrir hoy en Colombia, como pasa, por ejemplo, con los fallos de la Corte Constitucional que entorpecen las medidas del gobierno, la caída de ministros del gabi-nete, las pugnas en el parlamento, o el fraccionamiento de los partidos políticos. Pero así la crisis sea muy grave, mientras no haya una revolución social siempre se im-pondrá la razón de la fuerza que, en casos extremos adquiere la forma de una dictadura militar abierta, en contraposición a la "demo-cracia" que es la dictadura velada de la burguesía.
La burguesía colombiana no quiere arriesgarse y por eso busca remodelar el régimen político. La discusión ha saltado a propósito de la reelección y se opone el presidencialismo vigente al parlamentarismo y para definirlo proyectan convocar una Constituyente de bolsillo, emulando a Fuji-mori.
Con la Constitución de 1991 se definió a Colombia como un "Estado Social de Derecho". El apelativo de Social fue una concesión a los representantes de la peque-ña burguesía en la Constituyente (como el M-19, el Partido Comunista y otras fuerzas menores), y supuestamente se materializaba en el listado de derechos contemplados en la Carta Política, en la obligación del Estado de garantizarlos, y en nuevas instituciones como la Defensoría del Pueblo, la Tutela, etc. Incluso se define la democracia (bur-guesa) colombiana como democracia "parti-cipativa", en contraposición a la "representa-tiva", donde los electores delegan en los elegidos el poder de decidir.
A partir de allí, mientras los gobiernos de Gaviria, Samper, Pastrana y, ahora, Uribe, se dedicaban a desmantelar los dere-chos conquistados por los trabajadores durante casi un siglo de lucha, a privatizar todos los bienes rentables del Estado, y permitían la acción genocida de los paramili-tares, las direcciones mayoritarias del movi-miento de masas y todas las organizaciones políticas reformistas, confiadas en la fuerza de la razón, concentraron la energía de los trabajadores en desarrollar la "democracia participativa" y en defender el "Estado Social de Derecho" que ha mostrado hasta la sa-ciedad su verdadera esencia: un Estado antisocial de derecha. Esa es la razón por la que el padre del Estatuto de Seguridad, Julio César Turbay, lo defiende. Lo que es inacep-table es que las organizaciones de izquierda propongan lo mismo.
Los trabajadores tenemos que exigir las más amplias libertades democráticas, el derecho a la organización política y sindical y plenas garantías para la movilización y la protesta social. Por eso debemos oponernos al Estatuto Antiterrorista (que será de nuevo puesto a discusión en el Parlamento), a la Ley de Alternatividad Penal y a la reelección presidencial, al tiempo que rechazamos todas las contrarreformas laborales y socia-les del gobierno de Uribe. Pero para ello no tenemos que defender el "Estado Social de Derecho" (el orden burgués que defiende Patria Nueva) sino levantar nuestra propia fórmula de poder: un gobierno de los traba-jadores y el campesinado pobre que impon-ga la fuerza de las mayorías desposeidas y despoje a la minoría burguesa de la fuente de sus privilegios, la propiedad de las fábri-cas, la tierra, los bancos, las grandes cade-nas comerciales y el transporte. Ese gobier-no de los trabajadores podrá brindar, ahí sí, las más amplias libertades democráticas a quienes estén a favor de esa revolución social, mientras ejerce la más implacable dictadura sobre la burguesía y los contrarre-volucionarios. No será un Estado Social de Derecho, sino un Estado Socialista, un Estado Obrero Revolucionario.