Hoy la política educativa del gobierno se reduce a la implantación de las competencias en las mentes de los estudiantes. En vez de un conocimiento científico, critico y reflexivo las competencias buscan que los estudiantes interioricen habilidades mecánicas básicas para que puedan desempeñarse como mano de obra barata para las actuales necesidades de los capitalistas.
En este marco las “competencias ciudadanas” aparecen como las habilidades que deben aprender los estudiantes para “la convivencia pacífica”, la “participación democrática” y la “formación moral”. Son parte fundamental de la contrarrevolución educativa del gobierno de Uribe además de ser la aplicación de la política de seguridad democrática en los colegios. Mediante ésta el Estado pretende domesticar a los estudiantes para que asuman de forma pacífica y sumisa su lugar en esta sociedad de explotación y desigualdad.
Pero no es tan fácil hacer que los estudiantes se metan esto en la cabeza. La crisis de la sociedad hace que ya no sean suficientes estos estándares para controlar a la población juvenil sumida en la pobreza y la desesperanza frente al futuro. Los discursos sobre la participación democrática, la convivencia, los derechos humanos se ven pronto en su real dimensión: carreta. En el aula de clase, en la calle, en la casa, en el trabajo y en la movilización es cuando los estudiantes aprenden de verdad lo que significa nuestra “democracia”, el “respeto por las diferencias”, “los derechos humanos” y el “Estado Social de Derecho”. Y para quien no lo entienda todavía, viene la policía para enseñarlo.
Los jóvenes de los barrios populares no han tenido otro contacto con el Estado más allá de la persecución policial. Ser joven, ejercer el derecho al desarrollo libre de la personalidad y además ser pobre es suficiente causa para la persecución policial. Estar en la esquina “parchando” con los amigos es suficiente “indicio” de delinquir. Esto lo saben bien la cantidad de jóvenes que han sido retenidos por estar en la calle, escuchando música y divirtiéndose y que son retenidos y llevados a una estación o a una UPJ (Unidad Permanente de Justicia) donde los agentes del orden “les pegan un sustito” para que aprendan a comportarse. Esta lección consiste en pasar 24 horas y hasta más en las UPJ que no son más que galpones que usa la policía para hacinar los detenidos producto de cazar jóvenes mal parqueados, perseguidos por ejercer el derecho al uso del espacio público.
Desgraciadamente el gobierno distrital del ex-sindicalista Lucho Garzón ha aplicado la política de seguridad democrática del gobierno de Uribe en el Distrito Capital. Frente a los problemas de violencia causados por la pobreza y la crisis social, la solución ha sido aumentar el pie de fuerza de la policía en los barrios populares como ha sucedido en Ciudad Bolívar. “No hay territorios vedados para el Estado” es la frase que pretende justificar el aumento de la militarización y persecución para los pobres. Pero no es precisamente el “Estado Social de Derecho” que pregonan desde el PDI el que se hace sentir. No es precisamente para desarrollar el programa asistencialista de “Bogotá sin hambre” o para resolver los problemas sociales más apremiantes que se han aumentado los CAI y los escuadrones policiales. Simple y llanamente la presencia de la policía y el ejército están para impedir que el orden burgués se vea perturbado o amenazado.
Invasiones Bárbaras
Los campus universitarios son invadidos por parte de la fuerza pública que incursiona como una horda de bárbaros rompiendo cuanta cosa se les pasa por el frente. Los estudiantes universitarios además de ser brutalmente golpeados son tratados e incluso judicializados como terroristas por ejercer el legítimo derecho a la protesta.
En los barrios populares como si fueran pequeños cartuchos, los colegios son permanentemente emboscados por policías que requisan a los estudiantes con la excusa de buscar armas y drogas. En estas redadas reseñan como delincuentes a los estudiantes que les encuentren algún elemento “sospechoso” o que simplemente se oponen a este trato degradante y discriminatorio.
En la localidad de Ciudad Bolívar estudiantes que se han opuesto valerosamente a ser requisados “voluntariamente” son esperados afuera del colegio para ser detenidos por cualquier razón y así reseñados e incluso detenidos en alguna estación o en la UPJ. A pesar que la mayoría de Manuales de Convivencia señalan procedimientos para resolver los conflictos que se presentan entre los miembros de la comunidad educativa de un colegio, como agresiones e incluso robos, en algunos casos estos procedimientos han sido ignorados por la policía que ha llegado a detener estudiantes menores de edad violándoles los derechos reconocidos por el Código del Menor.
Esta política de intromisión de la policía en la vida académica ha llegado al extremo de la militarización permanente de instituciones educativas como es el caso del Colegio Camilo Torres. Allí los estudiantes de 9º grado eran obligados a prestar el servicio social con la policía, siendo sometidos permanentemente a las órdenes y abusos de agentes y “chúcaros” (como se conoce comúnmente a los auxiliares bachilleres). Pero gracias a la presión generada por la reciente toma del colegio por parte de estudiantes, cansados de esta y de muchas otras situaciones injustas, lograron sacar a la policía de la institución.
Francis Bacon
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Uno de los efectos de la privatización de las universidades públicas y de la contratación de servicios con empresas privadas es la de poner en manos de la seguridad privada el control y la seguridad en los campus universitarios.
En la universidad con la reducción de los empleados que gozan todavía de estabilidad y derechos convencionales han acabado poco a poco con la planta de vigilancia y aseo siendo reemplazadas por servicios contratados con la empresa privada VISE (parte del pulpo económico de Julio Mario Santo Domingo) y Casalimpia. Esta planta paralela además de cubrir los servicios con trabajadores sin ninguna estabilidad laboral, bajos salarios y la imposibilidad de organizarse sindicalmente atenta contra los derechos laborales de sus trabajadores y de los de la universidad.
Particularmente VISE la empresa privada de vigilancia ha incrementado la persecución y el control hacia los estudiantes, comportándose como policías restringen el ingreso a la universidad, dirigiéndose autoritariamente a todo el que quiera ingresar a la universidad. Persiguen las actividades políticas de los estamentos y son los encargados de garantizar la “seguridad” en los edificios que le producen más plata a la universidad. Estos policías de azul han hecho que sea más fácil entrar ala embajada gringa que a la universidad. ¿Donde quedo el campus al que toda persona tenía acceso, donde los vecinos de la U venían a hacer deporte y vida cultural?
Defendamos el libre acceso al campus a toda la ciudadanía así como el libre acceso a los edificios, al uso de aulas por parte de la comunidad universitaria.