El conflicto que desde fines del año pasado sacude a la sede Bogotá de la Universidad Nacional , evidencia la grave crisis en que se hunde la universidad pública colombiana, consecuencia directa de la “(contra)Revolución Educativa” del gobierno de Uribe, su plan de desfinanciación de este servicio social y el autoritarismo que liquida la autonomía universitaria.
El Marco del conflicto
Aunque la protesta en la UN haya estallado en noviembre del 2005, con bloqueos a las actividades académicas y administrativas por parte de los estudiantes, el malestar viene incubándose desde hace más de dos años. En su momento, la consulta a estudiantes y profesores para la designación de rector evidenció el rechazo mayoritario de la comunidad académica al candidato de Uribe, el exrector Marco Palacios.
Mientras su principal opositor obtenía 10.000 votos estudiantiles y 1.500 profesorales, Palacios sólo contó con el raquítico respaldo de 500 docentes y un similar número de alumnos. A pesar de eso, el Consejo Superior Universitario (CSU), presidido por la Ministra de Educación María Cecilia Vélez, impuso a Palacios y desencadenó la crisis. Dos años después se vió obligado a renunciar, pero dejó un paquete de contrarreformas aprobado y un séquito de incondicionales para que tratara de aplicarlo.
Las contrarreformas desarticulan a la Universidad Nacional como Alma Mater de la educación superior en el país, atentan gravemente contra la calidad de la formación profesional que ha brindado históricamente y pone en peligro su estabilidad financiera. Todo ello hace parte, desde luego, de la adecuación que exigen los organismos financieros internacionales, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, al aparato educativo para la inserción subordinada de Colombia en el mercado mundial globalizado.
Educación pobre para pobres
Aunque la movilización estudiantil se ha centrado en la lucha contra la Reforma Académica , ésta y las demás contrarreformas constituyen un paquete coherente en la aplicación de los planes gubernamentales. El nuevo Estatuto General concentra todo el poder en el rector, eliminando en la práctica hasta la consulta para su designación, desconociendo la tradición centenaria de participación activa de los estamentos en los planes de desarrollo de la UN y en la discusión de sus estrategias administrativas, académicas e investigativas. Para institucionalizar esa participación se había establecido la figura de claustros y colegiaturas (reuniones para la deliberación de profesores y estudiantes) aunque se las había privado de poder decisorio.
El nuevo Estatuto de Personal Académico, liquida la carrera docente, destruye el sentido de pertenencia a la institución, que ha caracterizado a los profesores de la UN , y somete el interés de los investigadores a los caprichos clientelistas y planes de autofinanciación de la administración de turno. El nuevo Régimen Disciplinario, no es más que la transcripción del aplicado a todos los trabajadores estatales, desconociendo las especificidades de la labor académica y sobre todo la libertad de cátedra y de pensamiento crítico indispensable en la vida universitaria.
La Reforma Académica tiene como eje el debilitamiento del pregrado, tratando de uniformar todas la profesiones bajo el estándar de cuatro años, elimina los exigentes trabajos de grado, se asimila al sistema de créditos sin tener en cuenta las particularidades de la formación profesional en un país como el nuestro y recorta sustancialmente el número de horas presenciales para el desarrollo de la actividad académica. Incluso impone mecánicamente el tope de 160 créditos para el pregrado, lo que dejaría en desventaja a los egresados de la UN frente a los graduados en las universidades privadas, para no hablar de los niveles internacionales donde quedarían por fuera de competencia. El Reglamento Estudiantil, por su parte, se adaptaría para hacer más “eficiente” el proceso académico, disminuyendo la exigencia académica y endureciendo las sanciones, para “estimular” al estudiante a salir más rápido al mercado laboral. Se impondría así una especie de “promoción automática” similar a la que ya fracasó en la educación básica y media.
La Reforma Académico-Administrativa , que regularía la nueva estructura de la UN , busca concentrar las decisiones en los decanos-gerentes, cuya principal preocupación sería la supuesta eficiencia financiera y la búsqueda de fuentes propias de recursos, vía convenios con la empresa privada y la mercantilización de la extensión y los posgrados. Un proyecto, retirado por la airada protesta de la comunidad, era establecer megafacultades, donde se agruparía arbitrariamente unidades académicas con objetívos disímiles como Medicina y Medicina Veterinaria.
En síntesis, el plan de Uribe para la UN es, como lo planteó explícitamente la Ministra en una reunión del CSU, que “haga más con lo mismo, o con menos si es posible”, con el objetivo de cumplir las metas de ampliación de cobertura en 400.000 cupos, a costa de la calidad de la formación profesional. Por eso el gobierno no oculta su interés en derogar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 que lo obligan a garantizar el presupuesto a las universidades estatales, mientras les impone que respondan por los pasivos pensionales llevándolas a la quiebra.
Un plan de acción para derrotar a Uribe
El movimiento de resistencia en la Sede Bogotá logró superar las maniobras de la administración para debilitarlo, incluídos el cierre policial de la sede, la suspensión arbitraria del calendario académico y la imposición de plazos para culminar el semestre. La convocatoria de claustros y colegiaturas, ideada por la administración como un mecanismo para diluir el conflicto en discusiones estériles, ha sido aprovechada por la comunidad para fortalecer la base social del movimiento extendiéndolo a las sedes de Medellín, Manizales y Palmira en donde ya se venía gestando una protesta similar.
Por otra parte, las demás universidades públicas se encuentran en estado de alerta y la Multiestamentaria Nacional , instancia donde se coordinan agremiaciones de profesores, estudiantes y trabajadores universitarios ha convocado un paro nacional para el día 9 de febrero como parte de un plan de acción para impulsar un movimiento universitario nacional por la defensa de la educación superior pública. Para organizar esta lucha es indispensable la realización de un encuentro nacional universitario para coordinar el plan de acción.
La lucha de los universitarios puede ser un catalizador para el conjunto del sector estatal, en particular el sector educativo, y puede empalmar sus reivindicaciones con otros sectores sociales afectados por la ofensiva de Uribe y el imperialismo.
FB