El gobierno uribista ya se siente posesionado para un segundo mandato. Por eso comienza a arreglar las cargas para terminar la tarea que no alcanzó a hacer en los primeros cuatro años: el desmonte de lo que queda del sector social del estado. Uno de los renglones claves es la educación superior pública y su institución emblemática, la Universidad Nacional.
Por: Manuel Agón
Desde que Uribe impuso en abril de 2003 —contra la voluntad expresa del 80% de la comunidad universitaria— al tristemente célebre Marco Palacios, se configuró un régimen universitario burocrático, centralista, vertical y autoritario, en el que el rector y un Consejo Superior Universitario de bolsillo del gobierno definen todo: nombramiento de decanos y docentes, aplicación de los recursos, supresión de programas académicos, plan de inversiones, políticas académicas, administrativas y de bienestar, etc.
Paralelamente, desde la rectoría y las vicerrectorías se lanzó una bien orquestada guerra sucia de desprestigio y sabotaje contra la Universidad. A pesar de sus evidentes logros académicos, en investigación, extensión y creación artística, se la presentó como “un nido de terroristas”. Los cierres injustificados se sucedían a razón de cuatro por semestre. Se la acusó de “dilapidar los escasos recursos del estado”. A los profesores se los presentó como un estamento privilegiado, reaccionario al cambio, que no hace nada (el rector llegó a decir que las jornadas de trabajo eran secretas) y estafan al estado. A los docentes de mayor trayectoria se los calificó de “muy costosos e inconvenientes académicamente” y se los acosó laboralmente para obligarlos a pensionarse.
Pero la tapa de la olla definitivamente fue una pretendida “reforma académica”, que partía del absurdo argumento que en la UN “estamos enseñando demasiado!!!!!” para eliminar los trabajos de grado, acortar las carreras y eliminar áreas enteras de los programas curriculares como los idiomas extranjeros y las humanidades. Se trata en realidad de una reforma de carácter fiscal que busca nivelar por lo bajo el pregrado de la UN , que es la porción de la educación superior financiada por el estado, con el objetivo de ahorrarle al gobierno una parte de los recursos que por obligación constitucional tiene que destinar a la universidad.
La resistencia de la comunidad universitaria y la oposición de amplios sectores de la opinión pública al desmonte de la Universidad Nacional , lograron que el “rector de palacio” saliera corriendo por la puerta de atrás en abril de 2005, en medio de un guayabo y un rebote de bilis que aún no se le pasan, como lo demuestra el “informe de gestión” que acaba de presentar. Dejó colgados de la brocha a sus calanchines, encartados con unas reformas que ya no tienen ni pies ni cabeza, a fuerza de un juicioso ejercicio de improvisación, reversa, terquedad y sordera. El exrector encargado, Ramón Fayad, también tristemente célebre por ejercer la docencia y la investigación en varias universidades privadas mientras es profesor de tiempo completo en la Nacional , no hizo sino dar palos de ciego y profundizar la crisis de la Universidad.
En este nada constructivo ambiente se dio el proceso de designación de rector y de decanos, en el que se eliminó casi completamente la participación de la comunidad. En efecto esta se limita a avalar con su firma a un candidato para que pase un umbral, pero una vez obtenido este, es el Consejo Superior Universitario, de absoluta mayoría de delegados del gobierno, el que decide. Fue así como se designó como rector al profesor Moisés Wasserman Lerner, por encima de los candidatos que obtuvieron mayor número de apoyos en profesores, estudiantes y Consejos de Facultad. De todas maneras, la absoluta mayoría de la comunidad universitaria, acogiendo el llamado del los Comités de Representantes Profesorales y Estudiantiles, se abstuvo de participar en esta farsa. Una consulta paralela, propiciada por grupos de activistas estudiantiles, rechazó por abrumadora mayoría las contrarreformas impuestas por la administración y el mecanismo antidemocrático de designación del rector.
La escogencia del profesor Wasserman no se da inocentemente. Como decano de la Facultad de Ciencias de la administración Palacios-Fayad fue uno de los más encarnizados defensores de sus políticas. Fue el autor del estudio que aconsejó la eliminación de los Institutos de Investigación. Fue el que primero aplicó la resolución que forzaba a los docentes de mayor trayectoria a pensionarse, etcétera. Su administración es percibida como la continuación de la anterior a tal punto que ya se comienzan a ver carteles que claramente dicen “Moisés Vaasermas de lo mismo” Y efectivamente ya comenzó. Mantuvo en sus cargos o ascendió a algunos de los personajes más cuestionados de la anterior administración. Violando toda reglamentación pretende mantener en el Consejo Superior al delegado de un Consejo Académico a quien ya se le venció el período institucional, para incidir de esta manera en el nombramiento de unos decanos afines a su gestión. Pero mayor preocupación debería generar en la comunidad académica sus antecedentes en la administración pública.
La propia Ministra de Educación afirmó claramente que el nombramiento del profesor Wasserman en la rectoría se debía a que “era garantía de continuación del proceso de reformas”. Pero podría ser garantía de otras cosas también. En su paso como director del Instituto Nacional de Salud, el profesor Wasserman prácticamente liquidó esta institución pública. ¿No será que viene a hacer el mismo trabajo durante el segundo gobierno Uribista que busca completar lo que no alcanzó a hacer durante el primero?
La resistencia de la comunidad universitaria y de amplios sectores de la opinión pública al proceso de contrarreformas de la administración Palacios-Fayad ha frenado la aplanadora uribista hasta ahora. Pero el gobierno puede intentar una demostración de fuerza y jugarse varias alternativas. Desde la opción Telecom: cerrar, reestructurar y volver a abrir la UN bajo otras condiciones; hasta la opción que ha aplicado en los hospitales y en la Universidad del Atlántico: quebrarla de manera fraudulenta para forzar una reestructuración. Mal haría entonces la comunidad universitaria en dar un compás de espera a esta administración. Por el contrario, es necesario darle continuidad al proceso de claustros y colegiaturas y realizar una colegiatura nacional.
Se debe tener claro que en el marco de la actual normatividad no hay salida a la crisis de la U y por lo tanto se debe exigir la derogatoria del Estatuto General, el Estatuto Docente y la Reforma Académica , tal como lo exigió la consulta profesoral de junio de 2005, en la que el 88% de los participantes se pronunciaron en este sentido. La comunidad universitaria es la que debe definir el proyecto de universidad y de régimen interno que la debe guiar, en un Congreso o Constituyente Universitaria. Ello debe ir acompañado de la reorganización y fortalecimiento de las organizaciones de profesores y trabajadores y la construcción de una organización estudiantil unificada, amplia y democrática, en la vía de consolidar el movimiento universitario en la UN y a nivel nacional.
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Al cierre de esta edición se han conocido dos hechos de suma gravedad: el allanamiento del Campus de la Universidad Nacional sede Bogotá, el sábado 27 de mayo, por parte de fuerzas especiales del DAS (el mismo organismo al servicio de la presidencia que está penetrado por el paramilitarismo desde la dirección para abajo) y las amenazas que en tono paramilitar y encapuchado bajo el seudónimo “Juan Valdez” han llegado vía correo electrónico a los Representantes Profesorales del Universidad Nacional, exigiéndoles que “renuncien o se atengan a las consecuencias”. Esta guerra sucia se suma a las listas negras de profesores y estudiantes en la Universidad de Antioquia, al asesinato del profesor y defensor de los derechos humanos Correa de Andreis de la Universidad del Atlántico el año pasado, las amenazas contra los dirigentes sindicales de las universidades y la política fascista del rector de la Universidad Pedagógica Nacional. Mayor razón para redoblar la lucha por la defensa de la educación superior pública.