Ante la declaratoria de Conmoción Interior
Enfrentar a Uribe con la movilización
16 de octubre: jornada nacional de protesta
23 de octubre: Paro Nacional Estatal
La declaratoria de Conmoción Interior decretada por el gobierno es una nueva confirmación, si es que faltaba, del carácter autoritario y ultrarreaccionario del régimen que preside Álvaro Uribe. Su objetivo es derrotar el paro de los empleados del sector judicial que durante mes y medio han resistido sus maniobras políticas y la ejemplar huelga de los corteros de caña que tiene en jaque a la burguesía agroindustrial. Utilizando la represión policial, militar y paramilitar, combinada con normas ‘legales’ de emergencia, quiere doblegar la lucha de los trabajadores, al tiempo que desconoce los limitados derechos a la organización sindical, a la movilización y la protesta social.
Estos dos conflictos laborales han puesto en tensión la situación nacional, obligando a la gran burguesía y al gobierno a modificar su agenda política. A pesar de su distancia social —un cortero a duras penas alcanza el salario mínimo, mientras un juez puede devengar cinco millones de pesos mensuales— han chocado con el mismo enemigo: los primeros con la intransigencia cerrada de una patronal sobrexplotadora y los segundos con el autoritarismo del gobierno impuesto por esa misma patronal. En ese sentido, más allá de las reivindicaciones económicas reclamadas, los dos conflictos invadieron el terreno de las políticas de Estado. La huelga de los corteros ha puesto en evidencia la verdadera situación de la clase obrera colombiana. Sin estabilidad laboral, sometidos a jornadas de trabajo que superan el límite de sus fuerzas, sin garantías en salud, vivienda o educación, más de dieciocho mil corteros cesaron actividades porque ya no tienen nada que perder. Su pliego de peticiones ha exigido lo mismo que los trabajadores conquistaron hace más de cien años y que perdimos en las dos últimas décadas.
Nadie puede argumentar que su lucha es innoble o que defienden privilegio alguno, pues sólo reclaman el derecho a la supervivencia. Se han detenido al borde del abismo de barbarie al que los ha empujado el capitalismo. Para la patronal y el gobierno lo que está en juego es definitivo: una derrota a las mal llamadas “cooperativas de trabajo asociado”, el restablecimiento de la contratación directa y de incrementos salariales, o el reconocimiento a la organización sindical, son el primer paso en la recuperación del régimen laboral perdido. La mayoría de los asalariados del país pueden volverse avalancha si se abre esta tronera.
El sector judicial, operador de la mal llamada justicia, se encontró en medio de una paradoja: reclamando al gobierno que cumpla la ley. El deterioro de los salarios que ha afectado a todos los empleados del Estado, sometidos en los últimos años a reajustes por debajo de la inflación decretados por sucesivos gobiernos liberales y conservadores, los obligó a reclamar trescientos mil millones de pesos que se les adeuda. Defienden también la estabilidad laboral —en peligro para miles de ellos, que son “provisionales” desde hace más de diez años— frente a concursos amañados convocados por el gobierno.
Siendo la rama del poder público a la que se responsabiliza por la impunidad con que actúa la delincuencia en nuestro país, se enfrentan también al proyecto de reforma del sector patrocinado por Uribe, como retaliación por el acoso a que lo ha sometido la Corte Suprema de Justicia. Por eso el conflicto está cruzado por la pugna interburguesa que se ha desarrollado en las alturas del régimen político. Sus exigencias también han puesto en jaque al Ejecutivo pues, por un lado sería una derrota política a manos de la oposición, y por el otro, puede desencadenar una seguidilla de reclamos del sector estatal, que desbarajusten un presupuesto deficitario, y con tendencia a la baja por la recesión económica mundial.
Más allá de sus resultados, en estos dos conflictos se han condensado las profundas contradicciones que atraviesan la lucha de clases en nuestro país. El 7 de octubre esas contradicciones se expresaron débilmente en las calles, con movilizaciones aisladas, limitadas a los sectores en conflicto. La dirigencia política de la oposición brilló por su ausencia, pues está dedicada a menesteres parlamentarios, disputas palaciegas y maniobras electorales. La brutal respuesta de Uribe en cambio, es un reto dictatorial al conjunto del movimiento sindical y de masas. La declaratoria de Conmoción Interior, propuesta por Luis Carlos Sarmiento Angulo, el principal banquero del país, le permite tratar de quebrar el paro judicial y sitiar a los corteros. Al amparo del decreto puede despedir y nombrar jueces, allanar juzgados y militarizar instalaciones. Su argumento es el de impedir que los delincuentes salgan de las cárceles y hacer efectivas las capturas. Pero todo el pueblo colombiano ha visto como los mayores criminales continúan en sus cargos diplomáticos, se reúnen en Palacio, o vuelven a ocupar sus curules parlamentarias. El verdadero objetivo es dar una lección al movimiento de masas para que no levante la cabeza.
La respuesta del movimiento sindical apunta en la dirección correcta: para el 16 de octubre se han convocado acciones de protesta y paro en diversas dependencias estatales. En el sector privado los bancarios apoyarán con mítines y ceses parciales de actividades. Los corteros empiezan a convocar a la población a la protesta cívica. Se llama a realizar asambleas informativas a nivel general para explicar las consecuencias de la Conmoción Interior y la necesidad de salir a derrotarla en las calles. Para el 23 de octubre, la dirección de la Fecode tenía definido un paro nacional de 24 horas del magisterio, en defensa de su servicio de salud y otras reivindicaciones. La reunión sindical de emergencia realizada el viernes 10 de octubre acordó convertir la jornada de Fecode en un paro general estatal. De la masividad y radicalidad de este paro dependerá en buena medida la suerte de judiciales y corteros y la de los conflictos que se avecinan, como la lucha de los indígenas por el rescate de sus territorios. Debemos volcarnos a fortalecer su preparación desde las bases sindicales, estudiantiles y populares. Sólo esa respuesta unificada y decidida bloqueará la decisión de Uribe de imponer sus planes por la fuerza.
Pero debemos ser conscientes que estas dos acciones son insuficientes para obligar al gobierno a derogar la Conmoción Interior o retroceder en sus planes. Sigue faltando un verdadero plan de acción que permita a los trabajadores y los pobres pasar a una ofensiva generalizada contra el gobierno y su régimen autoritario, hasta derrotarlo. Es necesario exigir ese plan desde las bases sindicales y populares a la Gran Coalición Democrática, a las centrales obreras y a las organizaciones campesinas, indígenas, estudiantiles y populares. Con base en las acciones programadas debemos plantear la necesidad de convocar y preparar un paro nacional estatal indefinido y llamar a los trabajadores del sector privado a sumarse a la lucha. Los objetivos son los mismos que defienden corteros y judiciales: trabajo estable, salarios dignos, garantías en salud, vivienda y educación. A estas reivindicaciones básicas debemos agregar propósitos políticos inaplazables: castigo a los responsables del genocidio perpetrado por los paramilitares, devolución de las tierras a los desplazados, derrotar el imperialista Plan Colombia, rechazar el Tratado de Libre Comercio, impedir la reelección de Uribe y echar abajo por la vía de la movilización a su régimen autoritario de Seguridad Democrática.
El 2º Congreso del Polo Democrático Alternativo estará cruzado también por ese dilema: la necesidad inmediata de unidad en la lucha de los trabajadores y los pobres, frente a la estrategia electoral oportunista de la dirección, que brinda un plazo de dos años a Uribe para que consolide sus planes. Desde la orilla de la lucha hacemos un llamado a las bases del Polo a que rompan con esa política y nos abramos paso a la fuerza por la trocha que han abierto corteros y judiciales.
Bogotá, octubre 11 de 2008
Partido Socialista de los Trabajadores